El PNV salva al PP de quedarse solo con su reforma de la Administración Local
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La reforma de la Administración Local propuesta por el Gobierno ha conseguido la oposición casi unánime del arco parlamentario. Solo una negociación a contrarreloj ha conseguido que en el último minuto el PNV diera marcha atrás y pasara a apoyarla a cambio del respeto a la foralidad. Cristóbal Montoro se ha mostrado agradecido por un gesto que evitaba por los pelos que el PP volviera a quedarse solo.
El ministro ha definido el proyecto como una gran reforma estructural que hará más eficientes a los ayuntamientos y los servicios que prestan a sus vecinos. El resto de partidos, que han sumado nueve enmiendas a la totalidad, la ve una ley inútil e innecesaria que empequeñece el poder local y pone en riesgo la atención a los ciudadanos.
PSOE e IU ya han anunciado que la derogarán y que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional en cuanto entre en vigor. La propia Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha cargado contra el proyecto, que califica de “atropello”. Su portavoz, José Antonio de Santiago, ha defendido que lucharán “hasta el último minuto” por cambiarlo.
El mayor esfuerzo en reducir déficit
Después de meses de hablar de gasto desaforado y acumulación de deuda en los ayuntamientos, el ministro de Hacienda ha elogiado la gran reducción del déficit de la Administración Local y la ha puesto de ejemplo. Ese argumento ha servido a los demás para echarle en cara que castigue a la Administración que menos debe en comparación con el resto de estructuras del Estado con la excusa de poner orden para eliminar duplicidades y reordenar las competencias.
Sentados en la tribuna estaban alcaldes de todo tipo. Los del PP se había reunido antes para suscribir una declaración de apoyo. Los demás posaron junto a la verja del Congreso en señal de protesta. Entre los primeros estaban los de Valencia y Madrid, pero el protagonista de las alusiones fue el actual ministro de Justicia. Varios portavoces indicaron a Montoro que si quiere reducir deuda empiece por la capital. “Arregle la que Alberto Ruiz Gallardón ha dejado en Madrid, que es un tercio del total y deje tranquilo a los otros 7.998 ayuntamientos”, le ha aconsejado Ana Oramas (Coalición Canaria).
El poder de las diputaciones ha sido reforzado en el debate en el que varias formaciones piden su supresión. “Esos dinosaurios anacrónicos que sirven de nidos de caciques en muchos casos”, en palabras del valenciano Joan Baldoví (Compromís-Equo). Rosa Díez también ha insistido en ello, además de lamentar que Montoro se haya convertido “en el ministro de todo” por falta de un proyecto político coherente desde el Gobierno.
Ni el aludido ni el portavoz del PP, Juan José Matarí, han convencido a la oposición de que los servicios sociales que dejen de prestar los ayuntamientos serán mejores y más baratos. Aunque se ha suprimido el llamado “coste estándar” que iba a fijar el precio máximo de las prestaciones, ninguno de los portavoces ha confiado en que eso impedirá que los servicios públicos caigan en manos de empresas privadas.
La posición de los socialistas ha corrido a cargo de Gaspar Zarrías, que ha acusado a Montoro de querer ser “el alcalde mayor del reino” y le ha reprochado una campaña contra los sueldos de alcaldes y concejales cuando el 85% de ellos no lo tienen. El socialista le ha recordado que son los responsables de los pequeños municipios los que conocen realmente las necesidades de sus vecinos por ser la administración más cercana al ciudadano.
