El acuerdo habla de “blindar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”: el PSOE y Sumar quieren garantizar el acceso al derecho al aborto en los servicios públicos de salud “en condiciones de igualdad y proximidad” mediante la Alta Inspección. La ley de Libertad Sexual aprobada por el Gobierno de coalición establece que las Comunidades Autónomas deben garantizar que las interrupciones de embarazos se puedan realizar en el sistema público de salud, aunque de momento la mayor parte de ellas se practica en centros privados aunque se paguen con fondos públicos.
Por Ana Requena.