Crónica

El PP de la caja B lo niega todo

Pedro Águeda

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La versión que han traslado los dirigentes del Partido Popular esta semana en la Audiencia Nacional podría servir de arranque a una bifurcación de la historia en la que el principal partido de la derecha nunca hubiera perdido el Gobierno de España en 2018 y tampoco viviera la tercera década del siglo XXI pendiente del próximo sobresalto por una contabilidad paralela que nunca existió. 

Si todo lo que José María Aznar, Mariano Rajoy y sus secretarios generales han contado en el juicio de la caja B fuera cierto, ellos y sus sucesores tendrían argumentos de peso para denunciar una crisis total del sistema, consecuencia de que policías, fiscales, tribunales y medios de comunicación se habrían confabulado para inventar una financiación irregular con la que estrangular al Partido Popular durante años y pervertir así las reglas del juego democrático. 

Pero lo que ha acontecido esta semana en la Audiencia Nacional no es más que la fase testifical de un juicio donde los dirigentes del PP durante 28 años acudieron como testigos y eludieron incriminarse. No era el momento de confrontar con la verdad. Pero ocurrirá más adelante, en los escritos de conclusión de las acusaciones, que esos testimonios chocarán frontalmente con lo que en su momento descubrieron los medios de comunicación, acreditaron después policías, fiscales y jueces, y el Tribunal Supremo terminó por sentenciar. 

Y esa verdad judicial, la que se empeñaron en negar con más o menos desparpajo en el juicio los máximos dirigentes del PP durante casi treinta años, se resume en que el PP se nutrió en secreto con dinero de empresarios y, en consecuencia, esta vez sí, que el sistema democrático resultó quebrado porque su partido concurrió a las elecciones con más recursos que los adversarios. 

El juicio de la caja B juzga el pago con dinero negro de la reforma de Génova porque ésta se alargó a 2008, al último de los años de contabilidad recogidos en los ‘papeles de Bárcenas’ que no ha prescrito. De los interrogatorios a los dirigentes del PP, más bien de las preguntas que les formularon las acusaciones populares ante el silencio de Fiscalía y Abogacía del Estado, pudiera parecer que Rajoy, Aznar, Cospedal y el resto comparecían como acusados, pero solo eran testigos negando que ese dinero saliera de una caja B que, según ellos, nunca existió. 

Cuatro pilares de defensa

Aunque no se ha podido acreditar que el dinero negro fuera controlado por ellos, la asunción de su existencia hubiera supuesto reconocer que sus cargos en el partido se asentaron sobre una alfombra de corrupción. Así las cosas su argumentario se dividió en cuatro afirmaciones bien definidas: (1) los ‘papeles de Bárcenas’ son falsos o de Bárcenas, pero no del PP; (2) en consecuencia, no hay ninguna prueba de que la caja B existió; (3) por tanto, no cobraron jamás sobresueldos escamoteados a Hacienda; (4) y si se produjo alguna irregularidad, les es ajena por completo ya que los estatutos del PP convierten al tesorero en un ente autónomo que solo reporta de forma genérica al comité ejecutivo del partido para los presupuestos anuales y en los de campaña. 

La semana anterior dejó trazado el sendero de la exculpación Ángel Acebes, el primer secretario general de Mariano Rajoy, entre 2004 y 2008. Argumento uno y dos: “Sigo sin explicarme a qué responden esos apuntes. Lo único que puedo decirle es que no son ciertos y que son rotundamente falsos porque no se corresponden con la realidad ni a nada que yo conozca”. Argumento tres: “Todas las retribuciones a lo largo de mi vida han sido con las debidas retenciones y la declaración correspondiente a la Agencia Tributaria”. Argumento cuatro: “el secretario general desempeña funciones de coordinación y dirección política” y ninguna del área de administración o económica. Según los papeles de Bárcenas, habría empezado a cobrar regularmente un sobresueldo del partido a partir de 2004, cuando accedió a la Secretaría General, y hasta 2008. En total, 107.100 euros. 

La declaración podía haber sido firmada por todos los que vinieron después, en este orden: Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, María Dolores de Cospedal, José María Aznar y Mariano Rajoy. Si bien todos dejaron su impronta. La principal aportación de Acebes, que con mayor o menor precisión fue ratificada también por el resto, es que la idea de reformar la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova, que afectaría en el día a día de todos los que allí trabajaban, desde las recepcionistas al presidente del partido, fue de un tal Cristóbal Páez, en 2005 número dos del gerente, Luis Bárcenas, ambos en el banquillo, y que no necesitó más que la aprobación del tesorero Álvaro Lapuerta fallecido en 2018. 

La negación absoluta de los papeles de Bárcenas dejó alguna defensa especialmente original como cuando Javier Arenas dijo sobre las referencias a él en los manuscritos, que le atribuyen cobros en negro por valor de 230.068 euros: “Evidentemente no soy el único Javier que aparece en esos papeles ni tampoco el único Javier del Partido Popular”. La de María Dolores de Cospedal tuvo que ver con la aversión mutua que se tiene con Bárcenas, pero en el fondo significaba lo mismo: “Los papeles son del tesorero del PP, no del PP”. Según esos manuscritos habría recibido dos pagos opacos de 7.500 euros en la segunda mitad de 2008. En total, 15.000 euros.

Cospedal tuvo que abandonar hace dos años la política por su relación con el comisario Villarejo, precisamente uno de los policías investigado por intentar reventar los casos Gürtel y caja B. También Cospedal tuvo su aportación que se resume: ‘si yo tengo una sentencia firme que condena a Bárcenas por intromisión ilegítima en el derecho al honor al atribuirme el cobro de sobresueldos, ahí tienen la prueba de que miente y que todo es un invento’. Con esta argumentación, María Dolores de Cospedal intentó enfrentar una sentencia civil por derecho al honor con la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que avala la de la Audiencia Nacional que dio por acreditada la caja B. 

Sobre la tesis de que los papeles del tesorero son fabricados ya se pronunciaron los peritos en la instrucción y las sentencias de los tribunales, pero antes que eso lo hicieron los periodistas antes de publicarlos. El director de El País, Javier Moreno, explicó que su periódico tardó cuatro días entre que recibió las fotocopias y publicó la exclusiva porque los profesionales tuvieron que hacer varias comprobaciones. Entre ellas, encargar a peritos grafológicos comprobar que era la letra de Bárcenas y que aquellas anotaciones no constituían una “unidad de acto”, esto es, que no se habían redactado de una sola vez sino que los apuntes eran fruto de apuntes a lo largo de los años.

Con Álvarez-Cascos, al que los documentos de Bárcenas sitúan como principal perceptor de esos fondos, con más de 400.000 euros, se produjo el regreso al pasado más gráfico. El exsecretario general terminó por acusar al PSOE de corrupción y defender que su partido, y principalmente él, habían acabado con los amaños en los contratos con la Administración. El problema, vino a decir, es que nadie quiere investigar antes de 1996, el año en que Aznar llegó al poder. El expresidente del Gobierno tuvo su segunda intervención con máxima espectación en pocos días y ambas con el mismo patrón. Si ante Jordi Évole había insistido en sembrar dudas sobre la autoría del 11-M, frente a la verdad judicial, con la caja B hizo lo mismo, solo que con más rotundidad. Por lo demás, Aznar negó caja B y cobro de sobresueldos. Y como el resto, dejó su impronta, en este caso su desapego con Mariano Rajoy: “”No sé lo que hicieron los demás. No sé lo que hicieron mis sucesores ni me interesa“.

Con la metafísica

Y Rajoy, el único que entendió que en una habitación a solas de tu propio domicilio o despacho profesional no hay recomendación contra la COVID-19 que indique llevar mascarilla, se presentó a cara descubierta para defender lo mismo que ya hiciera en el juicio de Gürtel, esto es, lo mismo que el resto de los dirigentes que negaron la caja B y haber cobrado sobresueldos. Él contrapuso la verdad judicial a la metafísica porque, según dijo, si no hubo caja B y los papeles son falsos resulta “metafísicamente imposible” que hubiera podido destruir unos papeles de la contabilidad b en presencia de Bárcenas, según asegura el extesorero del PP. Según sus anotaciones —en las que aparece citado como “Mariano”, “M. R.”, “Mariano Rajoy” o “M. Rajoy”— habría cobrado más de 300.000 euros entre 1997 y 2008.

Durante varias jornadas sobrevoló la frase que Rajoy dejó en 2013, a los cuatro días de que El País publicara los papeles de Bárcenas: “Todo es falso salvo alguna cosa”. En realidad son varios apuntes los que cuatro testigos reconocieron que se corresponden con la realidad: el exgerente Paéz, los exdiputados Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre, y Pío García-Escudero. Solo el primero de ellos lo identifica con dinero no declarado a Hacienda. Los otros tres defienden que el dinero salía de las donaciones anónimas y legales hasta 2007. 

La negación absoluta que se ha producido esta semana por los dirigentes del PP de los indicios acreditados durante ocho años de investigación, una sentencia de la Audiencia Nacional y otra del Tribunal Supremo permanecerá, al menos, hasta que la caja B del PP vuelva, quizá, a reclamarles. Una segunda investigación está viva en la Audiencia Nacional e intenta demostrar que algunos ingresos de esa contabilidad paralela no eran simplemente para estar a buenas con el partido referente de la derecha en España sino el pago de mordidas por adjudicaciones de contratos durante el Gobierno de Aznar. Si prospera la instrucción, o incluso si llega a juicio, los máximos dirigentes del PP entre 1990 y 2018 tendrán de nuevo la oportunidad de negarlo todo.

La versión que han traslado los dirigentes del Partido Popular esta semana en la Audiencia Nacional podría servir de arranque a una bifurcación de la historia en la que el principal partido de la derecha nunca hubiera perdido el Gobierno de España en 2018 y tampoco viviera la tercera década del siglo XXI pendiente del próximo sobresalto por una contabilidad paralela que nunca existió. 

Si todo lo que José María Aznar, Mariano Rajoy y sus secretarios generales han contado en el juicio de la caja B fuera cierto, ellos y sus sucesores tendrían argumentos de peso para denunciar una crisis total del sistema, consecuencia de que policías, fiscales, tribunales y medios de comunicación se habrían confabulado para inventar una financiación irregular con la que estrangular al Partido Popular durante años y pervertir así las reglas del juego democrático. 

Pero lo que ha acontecido esta semana en la Audiencia Nacional no es más que la fase testifical de un juicio donde los dirigentes del PP durante 28 años acudieron como testigos y eludieron incriminarse. No era el momento de confrontar con la verdad. Pero ocurrirá más adelante, en los escritos de conclusión de las acusaciones, que esos testimonios chocarán frontalmente con lo que en su momento descubrieron los medios de comunicación, acreditaron después policías, fiscales y jueces, y el Tribunal Supremo terminó por sentenciar. 

Y esa verdad judicial, la que se empeñaron en negar con más o menos desparpajo en el juicio los máximos dirigentes del PP durante casi treinta años, se resume en que el PP se nutrió en secreto con dinero de empresarios y, en consecuencia, esta vez sí, que el sistema democrático resultó quebrado porque su partido concurrió a las elecciones con más recursos que los adversarios. 

El juicio de la caja B juzga el pago con dinero negro de la reforma de Génova porque ésta se alargó a 2008, al último de los años de contabilidad recogidos en los ‘papeles de Bárcenas’ que no ha prescrito. De los interrogatorios a los dirigentes del PP, más bien de las preguntas que les formularon las acusaciones populares ante el silencio de Fiscalía y Abogacía del Estado, pudiera parecer que Rajoy, Aznar, Cospedal y el resto comparecían como acusados, pero solo eran testigos negando que ese dinero saliera de una caja B que, según ellos, nunca existió. 

Cuatro pilares de defensa

Aunque no se ha podido acreditar que el dinero negro fuera controlado por ellos, la asunción de su existencia hubiera supuesto reconocer que sus cargos en el partido se asentaron sobre una alfombra de corrupción. Así las cosas su argumentario se dividió en cuatro afirmaciones bien definidas: (1) los ‘papeles de Bárcenas’ son falsos o de Bárcenas, pero no del PP; (2) en consecuencia, no hay ninguna prueba de que la caja B existió; (3) por tanto, no cobraron jamás sobresueldos escamoteados a Hacienda; (4) y si se produjo alguna irregularidad, les es ajena por completo ya que los estatutos del PP convierten al tesorero en un ente autónomo que solo reporta de forma genérica al comité ejecutivo del partido para los presupuestos anuales y en los de campaña. 

La semana anterior dejó trazado el sendero de la exculpación Ángel Acebes, el primer secretario general de Mariano Rajoy, entre 2004 y 2008. Argumento uno y dos: “Sigo sin explicarme a qué responden esos apuntes. Lo único que puedo decirle es que no son ciertos y que son rotundamente falsos porque no se corresponden con la realidad ni a nada que yo conozca”. Argumento tres: “Todas las retribuciones a lo largo de mi vida han sido con las debidas retenciones y la declaración correspondiente a la Agencia Tributaria”. Argumento cuatro: “el secretario general desempeña funciones de coordinación y dirección política” y ninguna del área de administración o económica. Según los papeles de Bárcenas, habría empezado a cobrar regularmente un sobresueldo del partido a partir de 2004, cuando accedió a la Secretaría General, y hasta 2008. En total, 107.100 euros. 

La declaración podía haber sido firmada por todos los que vinieron después, en este orden: Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, María Dolores de Cospedal, José María Aznar y Mariano Rajoy. Si bien todos dejaron su impronta. La principal aportación de Acebes, que con mayor o menor precisión fue ratificada también por el resto, es que la idea de reformar la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova, que afectaría en el día a día de todos los que allí trabajaban, desde las recepcionistas al presidente del partido, fue de un tal Cristóbal Páez, en 2005 número dos del gerente, Luis Bárcenas, ambos en el banquillo, y que no necesitó más que la aprobación del tesorero Álvaro Lapuerta fallecido en 2018. 

La negación absoluta de los papeles de Bárcenas dejó alguna defensa especialmente original como cuando Javier Arenas dijo sobre las referencias a él en los manuscritos, que le atribuyen cobros en negro por valor de 230.068 euros: “Evidentemente no soy el único Javier que aparece en esos papeles ni tampoco el único Javier del Partido Popular”. La de María Dolores de Cospedal tuvo que ver con la aversión mutua que se tiene con Bárcenas, pero en el fondo significaba lo mismo: “Los papeles son del tesorero del PP, no del PP”. Según esos manuscritos habría recibido dos pagos opacos de 7.500 euros en la segunda mitad de 2008. En total, 15.000 euros.

Cospedal tuvo que abandonar hace dos años la política por su relación con el comisario Villarejo, precisamente uno de los policías investigado por intentar reventar los casos Gürtel y caja B. También Cospedal tuvo su aportación que se resume: ‘si yo tengo una sentencia firme que condena a Bárcenas por intromisión ilegítima en el derecho al honor al atribuirme el cobro de sobresueldos, ahí tienen la prueba de que miente y que todo es un invento’. Con esta argumentación, María Dolores de Cospedal intentó enfrentar una sentencia civil por derecho al honor con la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que avala la de la Audiencia Nacional que dio por acreditada la caja B. 

Sobre la tesis de que los papeles del tesorero son fabricados ya se pronunciaron los peritos en la instrucción y las sentencias de los tribunales, pero antes que eso lo hicieron los periodistas antes de publicarlos. El director de El País, Javier Moreno, explicó que su periódico tardó cuatro días entre que recibió las fotocopias y publicó la exclusiva porque los profesionales tuvieron que hacer varias comprobaciones. Entre ellas, encargar a peritos grafológicos comprobar que era la letra de Bárcenas y que aquellas anotaciones no constituían una “unidad de acto”, esto es, que no se habían redactado de una sola vez sino que los apuntes eran fruto de apuntes a lo largo de los años.

Con Álvarez-Cascos, al que los documentos de Bárcenas sitúan como principal perceptor de esos fondos, con más de 400.000 euros, se produjo el regreso al pasado más gráfico. El exsecretario general terminó por acusar al PSOE de corrupción y defender que su partido, y principalmente él, habían acabado con los amaños en los contratos con la Administración. El problema, vino a decir, es que nadie quiere investigar antes de 1996, el año en que Aznar llegó al poder. El expresidente del Gobierno tuvo su segunda intervención con máxima espectación en pocos días y ambas con el mismo patrón. Si ante Jordi Évole había insistido en sembrar dudas sobre la autoría del 11-M, frente a la verdad judicial, con la caja B hizo lo mismo, solo que con más rotundidad. Por lo demás, Aznar negó caja B y cobro de sobresueldos. Y como el resto, dejó su impronta, en este caso su desapego con Mariano Rajoy: “”No sé lo que hicieron los demás. No sé lo que hicieron mis sucesores ni me interesa“.

Con la metafísica

Y Rajoy, el único que entendió que en una habitación a solas de tu propio domicilio o despacho profesional no hay recomendación contra la COVID-19 que indique llevar mascarilla, se presentó a cara descubierta para defender lo mismo que ya hiciera en el juicio de Gürtel, esto es, lo mismo que el resto de los dirigentes que negaron la caja B y haber cobrado sobresueldos. Él contrapuso la verdad judicial a la metafísica porque, según dijo, si no hubo caja B y los papeles son falsos resulta “metafísicamente imposible” que hubiera podido destruir unos papeles de la contabilidad b en presencia de Bárcenas, según asegura el extesorero del PP. Según sus anotaciones —en las que aparece citado como “Mariano”, “M. R.”, “Mariano Rajoy” o “M. Rajoy”— habría cobrado más de 300.000 euros entre 1997 y 2008.

Durante varias jornadas sobrevoló la frase que Rajoy dejó en 2013, a los cuatro días de que El País publicara los papeles de Bárcenas: “Todo es falso salvo alguna cosa”. En realidad son varios apuntes los que cuatro testigos reconocieron que se corresponden con la realidad: el exgerente Paéz, los exdiputados Jaime Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre, y Pío García-Escudero. Solo el primero de ellos lo identifica con dinero no declarado a Hacienda. Los otros tres defienden que el dinero salía de las donaciones anónimas y legales hasta 2007. 

La negación absoluta que se ha producido esta semana por los dirigentes del PP de los indicios acreditados durante ocho años de investigación, una sentencia de la Audiencia Nacional y otra del Tribunal Supremo permanecerá, al menos, hasta que la caja B del PP vuelva, quizá, a reclamarles. Una segunda investigación está viva en la Audiencia Nacional e intenta demostrar que algunos ingresos de esa contabilidad paralela no eran simplemente para estar a buenas con el partido referente de la derecha en España sino el pago de mordidas por adjudicaciones de contratos durante el Gobierno de Aznar. Si prospera la instrucción, o incluso si llega a juicio, los máximos dirigentes del PP entre 1990 y 2018 tendrán de nuevo la oportunidad de negarlo todo.

La versión que han traslado los dirigentes del Partido Popular esta semana en la Audiencia Nacional podría servir de arranque a una bifurcación de la historia en la que el principal partido de la derecha nunca hubiera perdido el Gobierno de España en 2018 y tampoco viviera la tercera década del siglo XXI pendiente del próximo sobresalto por una contabilidad paralela que nunca existió. 

Si todo lo que José María Aznar, Mariano Rajoy y sus secretarios generales han contado en el juicio de la caja B fuera cierto, ellos y sus sucesores tendrían argumentos de peso para denunciar una crisis total del sistema, consecuencia de que policías, fiscales, tribunales y medios de comunicación se habrían confabulado para inventar una financiación irregular con la que estrangular al Partido Popular durante años y pervertir así las reglas del juego democrático.