El PP se enmienda a sí mismo (varias veces) en su reforma del Poder Judicial

La negociación entre el Gobierno y el Partido Popular sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue aflorando cambios de criterio en las propuestas de los conservadores sobre el órgano de gobierno de los jueces, cuya renovación bloquea el PP desde hace casi cuatro años. El último ejemplo es la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de cambiar el sistema de mayorías en las votaciones internas del CGPJ y que desde Génova aseguran que Moncloa ha aceptado en la negociación retomada esta misma semana. El Ejecutivo no lo confirma, aunque tampoco lo desmiente. Una idea que ya formaba parte de la ley, pero que desapareció durante el Gobierno del referente político de Feijóo, Mariano Rajoy. Es solo un ejemplo, el último, porque no es la única vez que el PP se ha enmendado a sí mismo con sus propuestas para el CGPJ, que llegan a ser antagónicas dependiendo de si está en el Gobierno o en la oposición. 

Sistema de mayorías. Los conservadores proponen restablecer la mayoría de tres quintos (13 de los 21 vocales) para todas las decisiones del órgano, un modelo que el PP suprimió en 2013 cuando gobernaba con mayoría absoluta. Entonces, la derecha utilizó su rodillo parlamentario para cambiar el sistema e imponer que las resoluciones del órgano, salvo que la ley orgánica exigiera de forma expresa otra cosa, se adoptaran por mayoría simple (más síes que noes).

La exposición de motivos de esa reforma que pilotó Alberto Ruiz-Gallardón como ministro y Rajoy como presidente se refería al modelo de tres quintos como “uno de los mayores problemas” que había venido padeciendo la institución por el “bloqueo” a la toma de decisiones. Un bloqueo por parte de la minoría. Justo lo que pretende restaurar ahora el PP, consciente de que su peso parlamentario le otorga una posición menor en el reparto de vocales.

Un lustro después, en 2018, ya con el PSOE en el Gobierno, la ley volvió a modificarse. Se regresó entonces al sistema de tres quintos para los nombramientos más relevantes: presidentes de sala y magistrados del Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de los tribunales superiores de justicia. Y para el resto de decisiones –resto de nombramientos de la cúpula judicial, informes de anteproyectos de leyes…– se estableció la mayoría absoluta (11 de los 21 vocales). 

Era diciembre y el PP de Pablo Casado ya votó a favor. Ahora, los conservadores defienden que todas las decisiones del CGPJ se tomen por esa mayoría, lo que daría capacidad de bloqueo a ocho magistrados. La propuesta ya figuraba en la propuesta judicial que hizo el partido el pasado verano. 

Comisión de calificación. El PP también propone ahora recuperar la Comisión de Calificación que eliminó en su reforma de 2013. Se trata de un órgano relevante dentro del CGPJ porque hace las entrevistas públicas a los candidatos a los puestos discrecionales en la cúpula judicial. Con esas entrevistas se hace un primer corte y se propone una terna al pleno, formado por los veinte vocales, que toma la decisión final. 

Desde 2013, esa tarea la viene realizando la todopoderosa comisión permanente, una especie de núcleo duro, formada por siete miembros elegidos directamente por el presidente y que son los únicos con dedicación exclusiva. Los conservadores defienden que se establezca “nuevamente” esta comisión con la finalidad de recabar información de los candidatos a puestos discrecionales y “motivar justificadamente los nombramientos”.

La elección de vocales. El PP también ha cambiado su criterio sobre la que, en la actualidad, es su principal exigencia para renovar el CGPJ: que los 12 vocales judiciales sean elegidos de forma directa por los jueces. Fue la principal de las excusas de Pablo Casado para justificar su rechazo a renovar el órgano. El planteamiento era que los jueces en exclusiva eligieran a sus partes para el Consejo. Feijóo ahora lo ha rebajado a “garantizar una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección”. Eso sí, reclama un compromiso “por escrito” que el Gobierno rechaza.

Todo ello a pesar de que la fórmula actual de elección parlamentaria fue ratificada en un pacto suscrito en 2001 entre el PP, que gobernaba con mayoría absoluta, y el PSOE. Ambos partidos confirmaron entonces su respaldo a este modelo en el que una mayoría de tres quintos de diputados y senadores designa a los 12 vocales jueces. La elección se realiza, en todo caso, entre una lista cerrada determinada por los propios magistrados. Para entrar en ese listado es necesario tener el aval de 25 jueces o de una asociación judicial y cada juez y cada asociación puede respaldar a 12 jueces.

El PP se baja ahora de aquello que firmó. Es cierto que la posición que ahora defienden (rebajada por Feijóo) ha figurado en algunos de sus programas electorales. Por ejemplo, en 2011. Rajoy ganó con mayoría absoluta y la promesa de cambiar el modelo y que los jueces fueran elegidos directamente por los jueces quedó en un cajón. 

Ahora, Feijóo ha reiterado el compromiso. Este mismo jueves, tras asistir a un acto del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dijo: “Si tengo la ocasión de formar gobierno, voy a reformar la Ley para darle peso a jueces y magistrados en la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial. Es un compromiso electoral y político”.

Puertas giratorias. Otra de las propuestas en la que hacen más hincapié desde el PP es la de eliminar lo que han dado en llamar “puertas giratorias” entre la política y la judicatura o puestos relacionados con la administración de justicia, como puede ser el fiscal general del Estado.

En el documento remitido al Gobierno el pasado mes de junio, ya con Feijóo como líder, el partido se plantea el veto como vocal del CGPJ a “quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores”. Una medida que se aplicaría también para el reingreso a la carrera judicial y a quien fuera designado al frente de la Fiscalía.

El planteamiento choca no solo con anteriores periodos en el PP en los que no se mencionó nada parecido, sino también con la práctica de la derecha española, que tienen su epítome en los casos de Enrique López, Fernando de Rosa o Margarita Mariscal de Gante. 

López, actual consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fue juez de la Audiencia Nacional, magistrado del Tribunal Constitucional y vocal del CGPJ, para luego pasar a la política partidista activa. O a Fernando de Rosa, juez y consejero de Francisco Camps que ha terminado como senador del PP. O la que fuera ministra de Justicia con José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, quien previamente ocupó un asiento en el órgano de gobierno de los jueces.