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El PP de Feijóo se desentiende de la respuesta a la crisis de Ceuta más de 50 días después

Aitor Riveiro

20 de septiembre de 2026 22:25 h

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“Señor Sánchez, usted es el responsable del polvorín que está viviendo Ceuta. El único responsable. Tiene que solucionarlo y poner los medios”. La frase la pronunció este viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de su partido en Melilla. A esa misma hora, la Policía Nacional conducía a cientos de personas migrantes desde los asentamientos improvisados en playas de la ciudad autónoma al campamento temporal, levantado en el puerto pese al rechazo de Juan José Vivas. El PP no ha ayudado en la gestión de una crisis que este lunes cumple 53 días. Ni tiene la más mínima intención de hacerlo: “Puede ir a peor”.

La orden fue pública y aplica a las once comunidades autónomas que gobierna el PP. La dio el propio Feijóo hace una semana, en una entrevista en El Mundo. “Nosotros no vamos a aceptar el traslado de los menores de Ceuta a la Península”, dijo, en referencia a las 500 niñas que el Gobierno quiere trasladar ante la imposibilidad de garantizarles atención y seguridad en la ciudad autónoma. La frase constituye una renuncia de las regiones gobernadas por el PP a asumir sus responsabilidades legales.

En España, la gestión de los menores es una competencia autonómica, independientemente de su origen y nacionalidad. De hecho, en el último lustro se han repartido cientos de chavales por toda España, sobre todo provenientes de Ceuta y de Canarias, aunque desde la dirección del primer partido del Congreso nieguen la realidad. Que las legislaciones española e internacional no permiten devolver sin más a Marruecos a estas personas no es algo que diga el Gobierno o las ONG. Lo decía expresamente el presidente de Ceuta, Juan José Vivas. Y no hace meses o años: el 29 de julio, un día antes de la “invasión” de su ciudad.

“Con la legislación en la mano, no se puede hacer”, aseguró Vivas en un vídeo difundido por su propio Gobierno. “Quien lo haga, estaría cometiendo un delito”, añadió el presidente ceutí, quien se explayó: “No es solamente que lo prohíban la legislación española o europea, es que lo prohíben las convenciones internacionales. Es imposible, y ya sabemos lo que dijo el Supremo de lo que pasó en esta ciudad”, afirmó, en referencia a la condena por prevaricación contra la exdelegada del Gobierno y la que fuera vicepresidenta de Ceuta por la devolución ilegal de menores a Marruecos tras otra entrada masiva en 2021.

El discurso de Vivas, y el del PP, han girado 180 grados. En las primeras 48 horas tras la entrada masiva de julio, el Gobierno también habló de una devolución completa e inmediata. Pero tras el regreso voluntario de la mayoría y la confirmación de que varios miles de esas personas optaron por quedarse en España, se abandonó. Los de Feijóo han leído las encuestas y son conscientes de que Ceuta puede ser un punto final para el Ejecutivo, y no piensan aflojar la presión. Ni siquiera con los menores.

Este miércoles, desde la dirección del PP fueron taxativos ante las preguntas de los periodistas sobre el acogimiento de menores por parte de las comunidades autónomas. La respuesta es clara: “no”. Y seguirá siendo “no”.  No importan los acuerdos bilaterales que Ceuta tiene firmados con cada una de las Autonomías para agilizar estos traslados. Tampoco el plan del Gobierno para repartir a 500 niñas de forma urgente. Vivas es la persona que legalmente debe autorizar esos traslados. De momento, solo ha autorizado cinco, a Navarra. Y no quiere firmar más.

Si lo hiciera, las comunidades autónomas no tendrían más remedio que asumir la gestión de esos menores. Así lo reconoció el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en una entrevista en la que aseguró que “Andalucía está por encima del 100% de capacidad” de acogimiento y que “el acuerdo [de Gobierno de coalición] con Vox dice que voluntariamente no acogemos”. Y zanjó: “Pero la ley la cumplimos”. Y la ley obliga a asumir el cuidado.

El PP sumó sus votos en el Congreso a los de Vox en una proposición no de ley (meramente declarativa) que rechazaba acoger a los menores. La iniciativa decayó porque derechas se quedaron solas. En su defensa del voto, la diputada Ana Alós atacó a la bancada socialista por Marruecos: “¿Qué le deben? ¿Qué temen de Marruecos para semejante sumisión?”.

El bloqueo por parte del PP es total. Hasta el punto de que, tal y como desveló el Gobierno esta misma semana, la negativa de Vivas a asumir la defensa legal de las menores bloqueó durante más de un mes la tramitación de los expedientes individualizados, un requisito imprescindible para intentar su retorno a Marruecos.

“Invasión” como coartada

El PP se aferra a la Ley de Seguridad Nacional, que establece que “la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación”. Esas “autoridades competentes” serían designadas por el propio Gobierno, que tendría que asumir toda la gestión. El problema es que el Ejecutivo no ha decretado esa “situación de interés”, y mantiene abierta una guerra dialéctica con el PP. Mientras Pedro Sánchez habló de “agresión”.

Por eso el PP insiste tanto en decir que aún se mantiene la “invasión” de Ceuta, y se aferra a las palabras de Sánchez a principios de agosto. De ser así, todos los migrantes, mayores y menores, pasarían a ser una competencia del Gobierno central.

La estrategia es clara. La mencionada diputada Ana Alós aseguró en su intervención en el Congreso que un traslado de los menores a la península avalaría que “puedan instrumentalizarse como arma de presión en las fronteras y lo volverán a hacer”. La referencia no es gratuita. El pacto migratorio europeo establece expresamente una cláusula de salvaguarda para que, en caso de “instrumentalización” de las personas migrantes los estados puedan obviar las peticiones de asilo o la presencia de menores. Ese pacto europeo no está todavía vigente en España. Pero es que ni siquiera la UE asume en este momento el marco que quiere imponer el PP. 

La presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, avaló la posición del Gobierno esta misma semana ante el Parlamento. En su discurso sobre el estado de la unión, la dirigente del PP europeo asumió que la crisis de Ceuta se produjo por “la explotación de personas vulnerables por parte de traficantes y redes de contrabando sin escrúpulos y por parte de nuestros adversarios”.

Lo hizo también el comisario de Migraciones, el austriaco Magnus Brunner. También del PP europeo, aseguró que “todos los que entraron ilegalmente, y no tengan el derecho a permanecer, deben regresar inmediatamente”. El problema es el inciso “y no tengan el derecho a permanecer”, que el PP español siempre obvia en sus declaraciones. Su compañera de Comisión, la croata Dubravka Šuica, dijo estar satisfecha con la colaboración marroquí.

“Puede ir a peor”

Šuica también es del PP europeo. Para equilibrar la balanza, este mismo lunes Feijóo viajará a Ceuta con el presidente del partido en el continente, el también alemán Manfred Weber. El plan, en sus palabras, es explicarle a su “amigo bávaro” que “Ceuta es tan europea como Alemania”.

Lo dijo en un acto de su partido en Melilla en el que aseguró que las miles de personas que permanecen en Ceuta no son inmigrantes “porque no buscan trabajo”. “El PSOE se ha esforzado más en defender que Groenlandia le pertenece al Estado danés y, por lo tanto, es un territorio europeo, que en defender a Ceuta y Melilla y, por lo tanto, a España”, dijo Feijóo.

El líder del PP insistió con las referencias a EEUU y a su presidente. “¿Qué necesitaría el señor Sánchez para indignarse? ¿Que el señor [Donald] Trump invadiese Ceuta y Melilla?”, se preguntó. Sánchez apuntó en una reciente entrevista que espera tener resuelta la crisis de Ceuta antes de final de año. En el PP creen que, cada día que pasa, ellos salen ganando porque los problemas “pueden ir a más, y a peor”. Y no harán nada para evitarlo.