El PP pide anular la instrucción que permitió la nacionalización de descendientes de españoles exiliados
El Partido Popular ha solicitado la anulación de la instrucción que ha permitido conceder la nacionalidad española a descendientes de españoles exiliados, una medida conocida como ley de nietos. Alma Ezcurra, eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Social del PP, ha insistido esta mañana en rueda de prensa en que existen dudas sobre “las garantías del proceso de nacionalidades” y exige al gobierno de Pedro Sánchez que suspenda las inscripciones para conseguir este derecho hasta que “se aclaren estos criterios homogéneos que se han pedido”.
Ezcurra sostiene que el PP duda sobre estas garantías, tanto sobre el procedimiento para conseguir la nacionalidad como del “voto exterior” al que asocian esta medida. Por su parte, ha explicado que el Partido Popular intentará “incluir mayores garantías” en su tramitación. Además, el PP reclama “la nulidad de oficio de una instrucción, que es nula de pleno derecho” y esperan que “el Gobierno haga transparentes todos los datos de las nacionalidades que han sido concedidas.
Aunque la 'ley de nietos' incluida en la ley de Memoria Democrática lleva en vigor desde hace cuatro años y cuando se aprobó en el Congreso y en el Senado las distintas direcciones de los populares no mostraron un ápice de crítica a este aspecto, ahora Génova 13 quiere cercenar otro derecho: el que recoge la ley para dar la nacionalidad a los descendientes de los represaliados por el franquismo que tuvieron que marcharse al exilio. Sin ninguna prueba, a principios de este mes el PP empezó a hablar de un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales a través de esta 'ley de nietos' y Feijóo llegó a acusar al Ejecutivo de “fabricar votantes”.
En su disposición adicional octava la ley de memoria permitió que, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, se pueda solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento.
Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava y detallar la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo solicitaran la nacionalidad y los criterios para su concesión. Y precisamente ha sido esta instrucción en la que el PP ha centrado sus críticas, ya que los populares aseguran que ha servido para ampliar el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, se exiliaran sus antepasados por la represión franquista o no.
La realidad es que la instrucción que critican los populares sí hace una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica y no de carácter político. Según recoge ese texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza expresamente en el camino abierto en la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha norma ya permitía optar a la nacionalidad a “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” —sin mencionar el exilio— y “a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.
Más de tres años después de su aprobación
La instrucción considera que, si se entiende que la ley de 2022 tiene “por objeto ampliar los supuestos de opción” a optar a la nacionalidad española, “parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley” a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007, es decir, a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles” no exiliados “como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella” podrán optar a la nacionalidad, estableció el texto.
Esa es la interpretación que no comparte el PP, que no ha sido consciente de la profundidad de la llamada 'ley de nietos' hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para pedir la nacionalización expiró hace meses.
La ultraderechista Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentó un recurso contencioso-administrativo contra la instrucción pidiendo su suspensión cautelar en diciembre de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó la solicitud. Después se presentó una querella por prevaricación contra la autora de la instrucción, Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Pero fue archivada.