Un “problema técnico” bloqueó durante meses el acceso a los contratos menores del Senado de 2025

Tres contratos menores en todo 2025. Dos de enero y uno de febrero que suman poco más de 1.700 euros, IVA incluido. Es todo lo que recogía el portal de Transparencia del Senado hasta este viernes, a diez días de finalizar el año. De 2024 hay 544 registrados. La Cámara que preside Pedro Rollán, del PP, ha incumplido así la legislación sobre publicidad institucional de índole económica, lo que impedía la fiscalización de su actividad y sus gastos.

Fuentes del Senado achacan a un “problema técnico” la ausencia de los contratos hasta este viernes. Un error que ha sido resuelto tras las llamadas de elDiario.es. Los servicios de la Cámara Alta han publicado en formato texto el listado de los contratos de los tres primeros trimestres del año. Al cierre de esta información, en la Plataforma de Contratación del Estado que gestiona el Ministerio de Hacienda, y donde se publican en paralelo a la web del Senado, solo aparecían los tres contratos antes mencionados.

El incumplimiento no es de ahora ni se ciñe al final del ejercicio. La ley señala que las instituciones regidas por las normas de contratación pública deben ofrecer este tipo de información cada trimestre. Así lo hacen otros organismos similares, como el Congreso o el Ayuntamiento de Madrid, por poner dos ejemplos. Es decir, el Senado faltó a la norma desde la pasada primavera.

La gestión administrativa del Senado depende de la Secretaría General que comanda la letrada mayor, Sara Sieira. elDiario.es se puso este viernes en contacto con la Cámara Alta para preguntar por el motivo de la ausencia de los contratos, y desde la recién creada Dirección de Comunicación explicaron que se debía a un “problema técnico” que ya estaba en vías de solución después de “semanas” trabajando de forma “intensa”.

Las mismas fuentes aseguraron que el “volcado” de la información estaría reactivado de forma inminente, y que la no publicación en tiempo y forma de los contratos no implica que no se hayan seguido los trámites administrativos internos precisos. Los contratos, señalan, han sido aprobados por la Mesa de la Cámara. Horas después de estas explicaciones, la documentación sobre los contratos estaba colgada en la web.

Publicación trimestral y de oficio

Los contratos menores, según la legislación, son aquellos con un “valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios”. La característica principal de estos contratos es que pueden adjudicarse de forma directa y sin un proceso de licitación como tal. Se pueden pedir diferentes ofertas para cada uno de ellos, y así lo establecen las normas internas de muchos organismos públicos. Pero no es obligatorio. El órgano contratante puede decidir directamente.

Lo que sí exigen las leyes españolas sobre contratación pública y transparencia es que se les dé publicidad posteriormente. La normativa es muy clara al respecto: el artículo 63 de la ley de Contratos del Sector Público exige la publicidad de licitaciones, adjudicaciones y modificados de estos acuerdos. “Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de Internet su perfil de contratante, como elemento que agrupa la información y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos”, afirma en su apartado primero.

Esta información deberá estar disponible “durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años”. La norma establece que el portal deberá incluir “cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación” y, en concreto, “la información particular relativa a los contratos que celebre”.

La misma ley establece que los contratos menores deberán publicarse “al menos trimestralmente” y, expresamente, reclama que se informe de “su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario”.

Pero no solo la ley de contratos exige su publicidad activa. También la de Transparencia, que en su artículo 8 indica que “deberán hacer pública” de forma automática, sin que nadie lo solicite, “todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato”.

Y marca un plazo muy concreto para los acuerdos de menor cuantía y que, por tanto, están sujetos a menor control previo: “La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente”.

Los contratos de 2024

La página web del Senado sí recoge la relación de contratos menores adjudicados durante el año 2024, que ascienden a 544. Durante ese ejercicio, la Cámara Alta destinó un millón de euros a la contratación menor, de acuerdo a la información publicada. Estas adjudicaciones se distribuyen en tres grandes categorías: obras, que incluye la conservación y reparación de los edificios del Palacio del Senado y sus ampliaciones; servicios, que abarca desde las suscripciones a medios a la reparación de los vehículos oficiales; y suministros, que engloba la compra de libros para la biblioteca de la Cámara o la adquisición de ordenadores.

Los importes varían significativamente según la naturaleza del contrato. La relación de adjudicaciones del año pasado muestra que hay gastos muy reducidos, como la reparación de un pinchazo de una motocicleta oficial, que tuvo un coste de 72 euros (IVA incluido) o las suscripciones a medios digitales por un importe de entre 40 y 60 euros.

Entre los contratos de mayor cuantía —que son los que se aproximan al límite legal— figura el suministro de combustible para los vehículos oficiales (14.999 euros) o un servicio de asesoría para un proceso de selección a un puesto de trabajo que fue adjudicado a la ONG Plena Inclusión Madrid por el mismo importe. También una cuantía muy cercana al límite legal tuvo el contrato de adquisición de 89 monitores de ordenador a la empresa Solitium SL.

El Senado también destinó el año pasado partidas específicas a suministros comerciales, como los 10.490 euros que invirtió en comprar 356 corbatas de seda para la tienda del Senado o los 13.490 que gastó en comprar “300 pañuelos en twill de seda 100% natural, con motivos del artesonado del Antiguo Salón de Sesiones del Senado”. La Cámara Alta también gastó 2.000 euros en el montaje y alquiler de un belén navideño, un trabajo adjudicado a la Asociación de Belenistas de Madrid.