El pacto de Gobierno propuesto por Podemos a PSOE e Izquierda Unida todavía no ha empezado a negociarse. Pablo Iglesias ha mantenido conversaciones iniciales con Pedro Sánchez y Alberto Garzón que se han hecho públicas. Pero al menos hasta que no concluya la segunda ronda de contactos de los líderes políticos parlamentarios con Felipe VI el próximo martes nada irá más allá. Lo que está definido es cómo darían su visto bueno, o rechazarían, los partidos un hipotético acuerdo de investidura.
Pedro Sánchez tiene prefijadas unas líneas rojas para los posibles pactos que le lleven a Moncloa. Las condiciones que impusieron los barones, en un momento de gran tensión en el PSOE tras el peor resultado del partido desde la Transición, impide que en el acuerdo se negocie con quien defiende la consulta en Cataluña. Ese presupuesto incluía a Podemos, que no ha renunciado al referéndum, pero también a ERC y Convergència.
Ferraz asegura que el posible acuerdo que alcance irá “de la mano” de la resolución que aprobó el Comité Federal a finales de diciembre. Los barones no se fiaban y lanzaron el mensaje de que la alianza debería someterse a la ratificación de ese órgano que, según los estatutos, es al que corresponde “determinar la política de alianzas”. Inicialmente, el número dos del PSOE dijo que no veía necesario hacerlo: “¿Se puede? Sí. ¿Se debe? No”, expresó César Luena, pero la dirección horas más tarde de esas palabras aseguró que Sánchez sometería el acuerdo al visto bueno del Comité Federal.
Pero la sorpresa se ha producido este sábado, cuando Sánchez ha anunciado que serán los cerca de 190.000 militantes quienes voten en primer lugar la propuesta de voto. Es un caso excepcional, que no se ha producido anteriormente y una posibilidad que no recogen los estatutos. La Ejecutiva tendrá que plantear los términos y plazos para ese referéndum. Varios barones han pedido a la dirección “transparencia” y que deje claro qué votarán los militantes. El pacto, no obstante, pasará después por el Comité Federal, donde, a priori, quedará ratificado definitivamente.
En Ferraz están convencidos de que las bases están por un pacto de izquierdas con Podemos. Desde el sector más próximo a Sánchez lanzan un mensaje a los barones ante la posibilidad de que se planteen tumbar un acuerdo que pase el filtro de la militancia: “Nadie diría que no en un Comité Federal si los militantes han votado a favor”.
Podemos lo someterá a todos sus inscritos
Podemos está obligado por sus estatutos a someter las decisiones de especial calado a la Asamblea Ciudadana, el máximo órgano de decisión del partido. De ella forman parte todos los inscritos: 391.169 personas en el momento de escribir esta información.
Entre los puntos que las normas internas de Podemos determinan que deben ser obligatoriamente consultados a las bases está “aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o postelectoral con otras fuerzas políticas en todos los niveles de la administración pública (municipal, provincial, insular, autonómico o estatal)”. Aunque el texto añade un matiz: “Siempre que se entienda que dichos pactos pueden afectar a la estrategia general” del partido.
La duda la han resuelto los portavoces de Podemos en distintas intervenciones en la última semana. El propio Pablo Iglesias aseguró que la decisión sería sometida a un referéndum entre todos los inscritos. ¿Y quién puede inscribirse?: “Las personas físicas mayores de 16 años”.
El año pasado Podemos ya sometió a referéndum los acuerdos postelectorales en Islas Baleares, Aragón y Castilla-La Mancha tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015, pese a que dichos pactos eran solo de investidura y no implicaban compartir Gobierno.
No es la única vez. Podemos ha sometido múltiples decisiones a sus inscritos. Desde las primarias que determinaron las candidaturas con las que se presentaron a las europeas de 2014 y siguientes pasando por los documentos organizativos aprobados en la Asamblea fundacional de Vistalegre y los acuerdos de alianzas de cara a las generales del pasado 20 de diciembre y que permitieron las candidaturas de confluencia en Valencia, Cataluña y Galicia.
IU consultará a la organización pero debate el método
La tercera pata del Gobierno que propuso Pablo Iglesias, Izquierda Unida, no tiene cerrado del todo cómo ratificar el hipotético acuerdo. Este jueves, la Presidencia federal aprobó “crear una comisión negociadora” en el caso de su participación en futuras negociaciones con otras fuerzas políticas para la formación de un Gobierno de progreso.
La resolución aprobada añade: “Si hubiera una propuesta para entrar en un posible Gobierno, debería ser consultado al conjunto de la organización”.
Lo que no está claro es cómo se consultaría. IU es una organización asamblearia en la que los militantes debaten y aprueban en asambleas territoriales o sectoriales las decisiones. Estas ascienden a órganos superiores hasta que llegan al principal órgano entre asambleas, el Consejo Político Federal. Ahí es donde reside la soberanía y donde, mediante la delegación de voto, están representados todos los militantes.
En los últimos tiempos, sin embargo, se está imponiendo una tendencia para que la participación sea más directa y abierta. En Andalucía, por ejemplo, IU entró en el Gobierno con el PSOE en 2012 tras la votación en urna de todos los militantes de la región. En las generales del 20 de diciembre también se produjo un proceso abierto de primarias para la confección de las listas electorales.
El número uno de la candidatura, Alberto Garzón, ha abogado en público por someter el posible acuerdo de Gobierno no solo a una consulta de la militancia sino abierta a toda la ciudadanía. Esta decisión no se ha adoptado todavía y depende de los órganos.