Espías con licencia para espiar, gobiernos con licencia para no contar casi nada

Los diputados que asistieron a la comparecencia de Pedro Sánchez sobre el escándalo del espionaje con Pegasus tuvieron la oportunidad de escuchar una valoración de Santiago Abascal sobre su vida sexual, pero no mucho sobre lo que hizo el CNI y con qué instrumentos tecnológicos. No siempre estos acontecimientos parlamentarios están a la altura de las expectativas. A veces, estas son muy bajas, como era el caso del debate del jueves, y ni aun así se cumplen. Pedro Sánchez se comprometió a una reforma de la ley de secretos oficiales que fue redactada en 1968. Parece que no había tenido incentivos suficientes hasta ahora para afrontar esa tarea pendiente.

Hay un proyecto presentado hace unos meses por el PNV que ha quedado congelado en los laberintos burocráticos del Congreso, y no es el primer intento que no prospera por el desinterés del PSOE y el PP. Es obligado ser escéptico a cuenta de las posibilidades de que la reforma salga adelante en esta legislatura.

Una forma de calibrar el interés que tenía Sánchez en hablar del tema es que tardó casi veinte minutos en empezar a meterse en faena. Los dedicó a criticar al PP por distintos casos de corrupción. Hasta recordó la reciente oferta de empleo público aprobada por el Gobierno. Parecía que iba a hablar hasta de los agujeros negros antes que de los espías. Habría tenido más sentido que se hubiera centrado en la operación Kitchen montada en el Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy para intentar que el PP no se viera salpicado por el caso Bárcenas. “Se usaron setenta policías para obstaculizar la investigación del escándalo”, dijo. No es mal ejemplo del uso de recursos policiales con fines políticos. Como el informe PISA, que también citó, el resultado de una operación policial corrupta para inventarse pruebas que apuntaran a Podemos y filtrarlas a los medios de comunicación.

Sin embargo, Sánchez estaba en el hemiciclo para rendir cuentas del escándalo ocurrido cuando él era presidente, el espionaje a no menos de 18 políticos y activistas independentistas a manos del servicio secreto. Ahí alegó ignorancia. “El Gobierno no conoce sobre necesidades operativas de los servicios de inteligencia”, afirmó. Con Aitor Esteban, del PNV, fue más concreto: “Yo no puedo decidir a quiénes se espían los teléfonos”. Evidentemente, eso es cierto, pero Sánchez obvió el hecho no menos obvio de que el CNI hace su trabajo en nombre del Gobierno, porque este es su único cliente.

Son muchos los gobiernos en Europa que dejan hacer a los servicios de inteligencia y prefieren no hacer preguntas de las que no están muy interesados en conocer la respuesta. Sólo les interesan los resultados. Incluso así, nadie acepta que no sean responsables políticos de esas actuaciones. Si se produce un escándalo, un Gobierno está obligado a dar respuestas concretas.

En el caso de que no lo haga, es vulnerable a todo tipo de acusaciones. “No ha reconocido que lo sabía (por el espionaje) y claro que lo sabía, porque es el presidente del Gobierno”, dijo Cuca Gamarra. La portavoz del PP no tenía pruebas concretas de esa afirmación. Sólo era una deducción, pero nadie puede decir que esté equivocada, ya que no hay pruebas de lo contrario. En realidad, no hay más pruebas que la admisión de que el espionaje existió.

El presidente presumió de que las investigaciones de los espías que vulneran derechos fundamentales son autorizadas por un juez, que es por cierto el mismo desde hace trece años. Aitor Esteban pudo examinar los autos judiciales en la comisión de secretos oficiales y no tiene tan claro que eso haya sido un factor relevante. “El juez no sabía lo que estaba autorizando y no me haga decir más. Si quiere, luego se lo cuento”, dijo, refiriéndose al hecho de que la ley le impide hablar en público de lo que ha visto.

Gabriel Rufián, de ERC, sí tenía claro cuál es el elemento que une a los espiados y que no se le escapa a nadie: “Es curioso, porque cuando lees los 18 nombres, te das cuenta de que sólo comparten una cosa, que es su ideología, que es que son independentistas”. Eso es algo que justifica que se les espíe hasta el fin de los tiempos, a juicio de la oposición de derechas. De hecho, es probable que PP, Vox y Cs piensen que en este país se espía poco.

A diferencia de otras explicaciones parlamentarias en la más breve sesión de control, Sánchez apuntó una justificación de la invasión de la privacidad de los investigados. Se refirió a los actos violentos en la movilizaciones contra las condenas en el Tribunal Supremo a los integrantes del Govern de Carles Puigdemont. “Era un evidente problema de seguridad nacional”, dijo y por ello recordó el bloqueo del aeropuerto de El Prat y los “sabotajes diarios en los trenes de cercanías”. No se atrevió a explicar por qué Pere Aragonès, actual presidente de la Generalitat, estaba entre los espiados.

Los portavoces de los partidos independentistas y de Unidas Podemos sacaron a relucir el concepto de “Estado profundo” para describir el poder de una serie de instituciones del Estado controladas por una camarilla de personajes ocultos. Suena a veces demasiado conspiranoico, un poco como los agujeros negros de la izquierda, porque Podemos nunca habría llegado al Gobierno ni los presos del procés habrían salido de prisión si ese Estado profundo existiera con todo ese poder tan ilimitado. Lo que es indudable es que hay poderes del Estado, como la justicia, llenos de personas de derechas que fingen que su ideología no les influye en absoluto. Pero eso no es ningún secreto.

Rufián introdujo un elemento novedoso en la ecuación al plantear a Sánchez la intención de esos poderes: “¿Es consciente de que hay una operación de un búnker del Estado profundo que busca excitarnos a nosotros para desestabilizarlos a ustedes?”. Si la clave es el nivel de cabreo de Esquerra, hay que llegar a la conclusión de que el tema no está cerrado ni muchísimo menos y que persistirá de una manera u otra hasta el final de la legislatura.

Sánchez insistió en que “con este Gobierno no hay espacio para la actuación ilegal de los organismos del Estado”. Sin embargo, para creerle se necesita un acto de fe, algo que no abunda mucho en política. El examen de las pruebas está reservado a un grupo selectivo de ojos. También presumió de que España cuenta con un sistema de inteligencia “más garantista” que otros países europeos, lo que dista mucho de ser real.

Como en el desenlace de algunas películas de espías, el caso Pegasus ha dejado en sus primeros trayectos parlamentarios más preguntas que respuestas y algunas de las segundas dependen demasiado del crédito personal que merezca Sánchez. Lo que sí sabemos ya es que Abascal se ha picado por las referencias de Sánchez a su testosterona, su masculinidad frágil que parece que siempre hay que desmentir para demostrar que se es muy macho. “Ha criminalizado dos veces la testosterona”, le dijo el líder de Vox. “Yo con la testosterona he tenido experiencias bastante placenteras. Yo no sé qué tipo de trauma tiene usted”. Era más información de la que necesitábamos. En ciertos asuntos, sí debería existir el secreto más absoluto.