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Cuando la ex primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, decidió en enero de 2023 abandonar el cargo nueve meses antes de las elecciones generales, sorprendió a propios y extraños. Sus ministros, de hecho, conocieron la noticia pocas horas antes de que saltara a la prensa. “Soy humana, los políticos somos humanos. Lo damos todo, todo el tiempo que podemos. Y entonces llega la hora. Para mí, ya ha llegado”, afirmó antes de romper a llorar al término de un discurso en el que reconoció que su vida familiar había pesado en la decisión.
Como Pedro Sánchez, Ardern también fue una líder desgastada por el populismo global de la ultraderecha y cuya imagen internacional estaba muy por encima de su valoración local. Sin embargo, el presidente del Gobierno de España, a pesar de sus cinco días de reflexión en abril de 2024, no cree que aún haya llegado su hora. Esta semana ha vuelto a repetirlo en Nueva York: será candidato en 2027. Eso dijo. La lógica política dice que, aunque un líder no tenga intención de presentarse, no conviene tampoco anunciarlo hasta que llega el momento oportuno para no abrir un cisma en su partido y para no dejar el camino expedito al adversario.
No parece, en todo caso, que Sánchez haya dicho una cosa y esté pensado en lo contrario porque la conversación sobre su candidatura a la reelección la libró hace tiempo con sus más estrechos colaboradores. Todos, y él el primero, estuvieron de acuerdo en que la fórmula Zapatero de abandonar y pasar el relevo a Alfredo Pérez Rubalcaba fue una forma de condenarlo a una derrota segura porque fue él quien cargó con el desgaste de 8 de años de gobierno, y no su principal responsable.
Partiendo de esa premisa, en el cuartel general del PSOE creen que, pese a los casos judiciales que afectan a exmiembros del Gobierno y al entorno del presidente, hay partido porque ninguna encuesta registra una caída en picado del socialismo y mucho menos un ascenso imparable del PP, que lejos de despegar sigue perdiendo votos hacia la ultraderecha de Vox. Los buenos datos económicos pero, sobre todo, la escena internacional son además un acicate para Sánchez, que ha conseguido fijar el marco del debate en Gaza y arrastrar a Feijóo a una posición imposible, dentro y fuera de España, de la que no sabe cómo salir.
Si Sánchez no logró cambiar el marco de la conversación pública con el reconocimiento del Estado Palestino en mayo de 2024, sí lo ha hecho ahora con las protestas que provocaron la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista, con el embargo total de armas a Israel y, sobre todo, con el llamado efecto cascada de países como Francia, Canadá, Reino Unido o Australia, que en el contexto de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas han seguido sus pasos.
En el entorno del presidente admiten que el Gobierno hurgará en la herida del genocidio hasta que “el PP caiga en un agujero negro de contradicciones y aislamiento”, asegura un ministro. Otro se vanagloria de que Sánchez “se ha convertido en líder de la resistencia global contra Netanyahu y el mismísimo Donald Trump” en una semana en la que la ONU ha logrado situar en el primer plano de la política internacional —pero también nacional— la masacre en Gaza.
Por contra, Feijóo ha quedado atrapado entre el apoyo cerrado de Vox, Aznar y Ayuso a Israel y el reconocimiento ya explícito de algunos de sus barones que, como Moreno Bonilla, Rueda o Azcón, han pronunciado la palabra genocidio, un término hasta ahora tabú en las filas populares. La división a este respecto hace inviable que un partido que aspira a ser alternativa tenga un mensaje unívoco en una cuestión de especial relevancia social, en la que la equidistancia hace tiempo que dejó de ser una opción, como ha demostrado esta semana Felipe VI con su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin hablar de genocidio, pero con palabras muy duras contra el Gobierno de Israel, el jefe de Estado ha dejado a Feijóo poco margen para no endurecer su posición. Y, aunque, en principio en las filas populares creyeron que era la excusa para transitar hacia el sentir de la mayoría social, no hay señal alguna de que vaya a ocurrir. Más bien apuestan que Feijóo se mantendrá en el equilibrismo, pero que en ningún caso se plantará ante Ayuso o Aznar, principales valedores de Netanyahu y sus atrocidades. Algo que no deja de ser la enésima muestra de un liderazgo débil.
Consciente de que el debate sobre Gaza y la brutalidad del gobierno de Netanyahu debilitan a Feijóo, los socialistas han registrado en el Senado —donde el PP cuenta con mayoría absoluta— una moción para que se vote el próximo miércoles y en la que los populares tengan que retratarse una vez más. En La Moncloa auguran que están abocados a una nueva semana complicada porque el debate internacional volverá a girar sobre el mismo asunto en el Consejo Europeo del miércoles y el jueves. Y todo mientras Ayuso mantiene, por un lado, su prohibición de que se exhiban banderas palestinas y cualquier simbología de apoyo a Gaza en los centros educativos públicos y concertados de toda la región y, por otro, su obsesión por erigirse en antagonista de Pedro Sánchez para reforzar su liderazgo dentro del partido, una estrategia con la que ya hasta sus propios compañeros admiten que trata de desviar la atención de su gestión en Madrid y del juicio oral al que se enfrenta su pareja por un doble fraude fiscal, falsedad documental y organización criminal.
Un caso judicial, el de Alberto González Amador, que el PP ignora de manera deliberada mientras se recrea y circunvala con los que afectan al hermano y a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a quien el juez Peinado citó este sábado en el juzgado para informarle de que será juzgada ante un jurado popular por un delito de malversación.
El auto por el que el controvertido magistrado tomaba la decisión causó perplejidad en La Moncloa y en el PSOE y pilló al presidente de viaje en Nueva York, donde declaró tajante que su hermano y su esposa eran inocentes. El PP ha decidido, con ayuda de su habitual batería mediática, limitar su estrategia política a una implacable ofensiva sobre el futuro procesal de la familia del presidente consciente de que son su principal Talón de Aquiles y también su mayor sostén emocional. Pero, a diferencia de la dimisión de Ardern que se recuerda al comienzo de estas líneas, Sánchez no está aún en aquel “no tengo fuerzas para seguir” que reconoció la ex primera ministra de Nueva Zelanda.
Será quizá porque en la sociedad empieza a consolidarse la idea de que, en efecto, como dijo el propio presidente del Gobierno en una entrevista en RTVE, hay jueces que están haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia, pese a que la mayoría de los jueces en España actúe de manera imparcial, sin dejarse influir por sus preferencias políticas personales. Así se refleja en un reciente trabajo de Ipsos para La Vanguardia, en el que el 68% de los preguntados está de acuerdo con la primera afirmación mientras que un 34% está en desacuerdo con la segunda.