Tambores de colaboración en la primera sesión del juicio de Gürtel
La primera intervención en el juicio del caso Gürtel desató las sospechas entre las defensas de los acusados. Había tardado casi dos horas la secretaria judicial en leer los delitos y las penas para cada uno de los 37 acusados de todas las acusaciones cuando tomó la palabra la fiscal Anticorrupción, Concepción Nicolás.
Durante su intervención, la representante del Ministerio Público solicitó cambiar el orden de declaración de algunos de los acusados y la luz de alarma se encendió entre varios abogados defensores. Si la fiscal quería colar a tres de los acusados y hacerlos declarar en primer lugar podría ser porque han llegado a un acuerdo con Anticorrupción que pase por colaborar y recibir a cambio una rebaja en la solicitud de condena, apuntaron.
Pero no fue hasta la última intervención del día que una de las defensas exigió aclaraciones dentro de la sala sobre un posible pacto. Fue el abogado Joaquín Ruiz Infante, del despacho que defiende a Luis Bárcenas. Ruiz Infante pidió al tribunal que obligara a la Fiscalía a aclarar cualquier pacto alcanzado “para conocer cómo se puede alterar su declaración”.
Se refería a los empresarios Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, yerno de Aznar, y Alfonso García-Pozuelo Asins, así como al exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández. Anticorrupción había pedido que declararan en primer lugar, antes de Correa, quien debía abrir el turno por ser el acusado para el que se pide una condena más alta, 125 años.
Para reforzar las sospechas de las otras defensas, la de Jacobo Gordon renunció durante su turno a plantear cuestiones previas, al tiempo que desistió de la declaración que había solicitado previamente de varios testigos. Esa renuncia a las cuestiones previas fue una práctica reproducida por Correa y la exmujer de éste, Carmen Rodríguez Quijano. La defensa del primero niega un acuerdo con Anticorrupción y ha realizado en los últimos días gestos de buena voluntad con el fin de que la Fiscalía reduzca al final del juicio su petición de condena. En este giro se enmarca el ofrecimiento de que 2,2 millones de los que tiene inmovilizados en Suiza sean destinados a reparar el daño.
Estos últimos movimientos pueden convertir en clave las jornadas de los próximos jueves y lunes. Está previsto que este miércoles terminen de proponer sus cuestiones previas el resto de las defensas, la mitad aproximadamente, y que el jueves comiencen las declaraciones de los acusados.
En cualquier caso, el empresario García-Pozuelo ya entregó al juzgado un escrito en el que reconocía la donación irregular realizada para la campaña de Jesús Sepúlveda, del PP, a la Alcaldía de Pozuelo en 2003. La Fiscalía pide para él 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de cohecho continuado.
El resto de los que declararán al principio, si el tribunal atiende la petición de la Fiscalía, no tienen una solicitud de penas altas. La Fiscalía pide para el exconcejal Fernández 2 años y 3 meses de prisión por fraude continuado a las Administraciones Públicas. En el caso de Jacobo Gordon, la petición es de dos años por blanqueo de capitales. Con una mínima reducción, y si finalmente fueran condenados, no pisarían la cárcel ninguno de ellos al no contar con antecedentes.
Acusación de Bárcenas a Ruz y las fiscales
El abogado de Bárcenas dejó otros titulares durante su intervención. Ruiz Infante acusó a las fiscales del caso y al juez Pablo Ruz de haber facilitado “información equivocada” a Suiza para obtener datos de las cuentas del extesorero del PP en bancos del país helvético. La cuestión no es menor, ya que el conocimiento de que Bárcenas tenía más de 20 millones de euros en Suiza, cantidad que luego se elevó a casi 50, dio un vuelco al caso Gürtel.
Suiza solo suministra información a terceros países si una comisión rogatoria procedente de estos detalla que investiga delitos distintos al fraude fiscal, que no existe en su Código Penal. Para que Suiza colabore en un fraude a Hacienda, el país del investigado debe apuntar indicios de manipulación de documentos destinada a cometer ese fraude.
Según Ruiz Infante, las comisiones rogatorias de Ruz jugaron a la confusión del concepto de fraude y su traducción para obtener una información que nunca debió haber sido suministrada y cuya autorización para el juicio, añadió, está pendiente de una resolución firme de la justicia helvética. Para la defensa del extesorero, el juicio debería suspenderse hasta que esta se produzca.
