Teresa Peramato (Salamanca, 1962) será la próxima fiscal general del Estado. Que su propuesta llegue un 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género, es un hecho lleno de simbolismo. La fiscal es una de las grandes expertas en violencias machistas de nuestro país y ha dedicado su carrera judicial a ello. Su designación al frente del Ministerio Público ha sido celebrada por el feminismo con un consenso poco habitual en los últimos años.
Fiscal de carrera con más de tres décadas de experiencia, ejercía desde enero de este año como fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde fue ascendida por su predecesor, Álvaro García Ortiz, con el voto en contra de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF).
El fiscal general saliente fue su padrino en su toma de posesión ante el alto tribunal junto con María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal de ese tribunal y fiscal general interina tras la renuncia de García Ortiz. Como parte de la Junta de Fiscales de Sala, uno de los órganos que conforman la cúpula de la carrera fiscal, apoyó el criterio de García Ortiz de pedir que la aplicación de la amnistía a todos los delitos vinculados al referéndum del 1-O, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó ese posicionamiento.
Peramato, de 63 años, procede de una familia numerosa, de clase trabajadora y sin vínculo con el ámbito jurídico, afirman fuentes de su entorno. Fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación a la que también pertenecieron sus tres predecesores en el cargo. Desde ese puesto reclamó de forma insistente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se le dé la investigación al Ministerio Fiscal, tal y como propone la última reforma del Gobierno que ya está en tramitación parlamentaria.
Entre 2021 y comienzos de este año, Peramato fue fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, donde la situó Dolores Delgado. Fue en ese periodo cuando el Gobierno aprobó la Ley de Libertad Sexual, la llamada ley de 'solo sí es sí', y comenzó el goteo de rebajas de penas por parte de algunos juzgados. Peramato fue una de las voces que defendió con más claridad la norma que, insistía, no suponía una rebaja de condenas de manera generalizada y sí un instrumento que permitía juzgar la violencia sexual de manera más eficaz. Defendía también la nueva formulación del consentimiento en el Código Penal “para garantizar la autonomía y la libertad sexual”.
“Estamos formulando escritos de acusación de acuerdo con la nueva ley, que es una legislación mucho más efectiva para acusar y proteger a las mujeres frente a la violencia sexual. Si me pongo en el sitio de cualquiera de las víctimas me dolería muchísimo que rebajaran, no digo un mes, sino un día, la pena a mi agresor sexual y entiendo su dolor, pero es el efecto transitorio. La ley tiene muchas más ventajas y tenemos parámetros y arcos punitivos que nos permiten incluso llegar a penas que no se podían imponer con la legislación anterior. Las víctimas tienen que saber que ahora tienen una ley que les da muchos más medios, más estructura para protegerlas y la posibilidad de castigar sin necesidad de probar que hubo oposición o resistencia”, decía Peramato en esta entrevista en elDiario.es.
No es el único asunto en el que la ahora propuesta para ocupar la Fiscalía General del Estado ha tenido una posición contundente, a pesar del ruido y la polémica. Los casos de mujeres que, como Juana Rivas o María Sevilla, desaparecían con sus hijos después de haber denunciado violencia de género o abusos sexuales del padre contra los menores, hicieron que Peramato pidiera a los fiscales investigar si, en los casos de sustracción de menores por parte de la madre, las mujeres han actuado en un contexto de violencia machista.
“Conocedores de que la mayor parte de las personas que sustraen a sus hijos e hijas son las madres, que además son las cuidadoras, y que esta conducta puede obedecer a la necesidad de protegerse y de proteger a sus hijos e hijas, lo que procede es extremar las diligencias en la investigación de estos procedimientos”, subrayaba Peramato.
Su dedicación a la violencia machista viene de lejos. Estuvo en los primeros juzgados especializados en la materia que creó la Ley de Violencia de Género de 2004. En 2010 pasó a ser la mano derecha de Soledad Cazorla, que fue la primera fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Fue también miembro del grupo de personas expertas que elaboraron el primer informe del Observatorio Estatal de Violencia de Género. En 2013 publicó el libro Desigualdad por razón de orientación sexual e identidad de género, homofobia y transfobia.
Como fiscal de Sala participó en los comités de crisis convocados por el Ministerio de Igualdad cuando se producía una acumulación de asesinatos en cortos periodos de tiempo. En esos encuentros, Peramato defendió la necesidad de mejorar la coordinación entre los servicios sociales, sanitarios o de asistencia a víctimas con el sistema Viogen para mejorar la predicción del riesgo de cada caso.
Reclamaba también investigaciones más profundas para evitar que los casos de violencia de género fueran juzgados solo por el último episodio violento y dejaran fuera el historial previo. “Cuando se detecta que hay actos de violencia previos, es importante que nada quede sin investigar y que incluso cuando finalizamos el juicio rápido por un hecho puntual, se incoe otro procedimiento para que nada quede impune”, aseguraba.