La trama amparada por Cerdán intentó influir en más de una decena de causas judiciales

La Audiencia Nacional investiga si el PSOE amparó y financió un entramado liderado por la exmilitante Leire Díez y por su ex ‘número tres’ Santos Cerdán con un objetivo: perjudicar a jueces, fiscales y guardias civiles que estuvieran investigando a miembros del partido, del Gobierno o al propio Pedro Sánchez y su entorno. El sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que la actividad frenética de Díez entrando y saliendo de casos judiciales, tejiendo alianzas con sus protagonistas y urdiendo planes para influir en investigaciones, viene de mucho más atrás. También evidencia que Leire Díez fracasó en su intento de poner en marcha un efecto dominó judicial con un propósito primordial descrito en sus agendas. “Que el PSOE salga bien de esto”. 

Un informe de la Guardia Civil contenido en el sumario repasa la trayectoria de Leire Díez como conspiradora y ubica el punto de partida en la pandemia de 2020. Para entonces había sido concejala en Vega de Pas (Cantabria), asesora de comunicación del partido entre 2015 y 2017 y en ese momento era jefa de comunicación de Enusa, empresa pública del sector nuclear.

En esos años empiezan sus primeras maniobras en torno al caso judicial de la mina de Aznalcóllar, en el que estaba imputado el entonces presidente de la SEPI Vicente Fernández, con quien mantenía una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público. Vicente Fernández dimitió tras su imputación, aunque el caso por el supuesto amaño de un concurso para adjudicar este yacimiento sevillano terminó en archivo. 

El sumario recoge que ya en esos años Leire Díez se interesó por el desarrollo del caso y en cómo beneficiar a Fernández, sobre todo ante cargos del PSOE y en particular ante la ministra María Jesús Montero. Las conversaciones recopiladas por la UCO no reflejan grandes planes ni conspiraciones para tumbar el caso de Aznalcóllar, pero sí profundiza en otras causas vinculadas al partido en Andalucía como los ERE e Isofotón. 

En esos primeros años ya hay apuntes que llaman la atención de los investigadores. Por ejemplo, dos reuniones con el jefe de la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Sevilla supuestamente para buscar información “que pudiera comprometer” a la magistrada Mercedes Alaya, instructora de los ERE. Leire Díez llegó incluso a grabar varios de estos encuentros. “¿Qué podemos destapar de ella? Necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y los demás los sigo yo con un libro”, decía al policía en uno de estos audios. 

“Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis”, escribió en otro mensaje a Vicente Fernández. El atestado recoge más comentarios sobre estas causas que afectaban al socialismo andaluz: “Tengo la solución mediática para Isofotón”, dijo en relación con esta investigación sobre fraude millonario en ayudas públicas que acabó archivada en firme por el Tribunal Supremo. El caso Aznalcóllar también acabó en absolución y el Tribunal Constitucional dejó en la mínima expresión la sentencia de los ERE de Andalucía contra los principales consejeros condenados, aunque con argumentos alejados de las maniobras de Leire Díez. 

En aquellos primeros años de mensajes y planes, la exconcejala del PSOE en Cantabria tenía varios grupos de WhatsApp con personas implicadas en otras causas judiciales y que se consideraban afectadas por corruptelas de jueces y fiscales. Uno de ellos era Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. 

Con él y con la periodista Patricia López, hoy fallecida, empezó a recopilar información en un chat llamado “Azahar”. Allí elaboraron una carpeta llamada “Operación PSOE” donde empezaron a almacenar documentos relacionados con el caso Villarejo con los que pretendían documentar la existencia de una cloaca judicial, fiscal y policial. Una carpeta que, años después, cobraría un papel protagonista. En la primera mitad de 2022, Pérez Dolset entregó los documentos en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía con escaso éxito. 

Los informes del sumario no atribuyen una actividad especialmente intensa a Leire Díez entre 2022 y principios de 2024 en cuanto a la investigación judicial. Estuvo a sueldo de Correos y, según estudia otro juez de la Audiencia Nacional, integró otra trama distinta junto al citado Vicente Fernández y un empresario cercano a Santos Cerdán para cobrar comisiones por conseguir ayudas del Estado para determinadas empresas. 

Hasta entonces se había inmiscuido en casos que mayoritariamente afectaban al socialismo andaluz: los ERE, Aznalcóllar e Isofotón, con maniobras contra la jueza Mercedes Alaya, con pequeñas incursiones en el caso Villarejo de la mano del principal imputado del caso Zed. Pero todo cambió en la primera mitad de 2024. La trama que había empezado a especializarse en surfear casos judiciales delicados entró de lleno en el número 70 de la calle Ferraz.

El PSOE como financiador 

Cuando en abril de 2024 Pedro Sánchez amagó con dimitir ante “la campaña de acoso” contra su esposa, Cerdán puso a Leire Díez al frente de un operativo para “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE, según la investigación judicial. “Me voy de urgencia a Madrid (... ). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”, escribió la exmilitante a Vicente Fernández. Ambos se reunieron en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, con Pérez Dolset, el dirigente socialista y hoy secretario de Estado, Antonio Hernando y el entonces director de comunicación, Ion Antolín.

Antes de ese encargo, la exmilitante llevaba tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. Este apunte concuerda con las citadas actuaciones previas del grupo, centradas en casos ligados al socialismo andaluz o las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

Tras esa primera reunión durante los días de reflexión de Sánchez, la investigación documenta otros 39 encuentros. Al menos 22 de ellos se habrían realizado en la sede de Ferraz, lo que a juicio del juez evidencia que el partido sufragó la “logística” que soportó estas maniobras. El partido pagó también cuatro viajes a Leire Díez y uno a Pérez Dolset relacionados con estos movimientos contra quienes investigaban a sus dirigentes. 

Dos meses antes de esa primera reunión había estallado el ‘caso Koldo’ que, tiempo después, acabó llevándose por delante al propio Cerdán y a quien antes que él había dirigido la Secretaría de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Además, el juez Juan Carlos Peinado había abierto una causa contra la mujer del presidente y su hermano sería imputado unos meses después por el caso que ha acabado sentándolo en el banquillo. 

Uno de los objetivos de la trama fue precisamente “destruir” este proceso judicial. Para ello, Leire Díez contactó con Luis Sáenz de Tejada, un magistrado condenado y expulsado de la carrera por amenazar a su pareja y con el que acordó iniciar una estrategia de hostigamiento contra la instructora del caso, Beatriz Biedma. Sáenz de Tejada llegó a presentar una denuncia contra la jueza en la Fiscalía General del Estado que quedó en nada. También intentó sin éxito personarse en la causa como acusación popular y apartar del caso a la magistrada. El hermano del presidente, acusado de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, declara este jueves en el juicio que se celebra contra él en Badajoz. 

También buscaron información sobre Juan Carlos Peinado, el instructor del caso contra Begoña Gómez. Recurrieron, para ello, a Nervis Villalobos, un ex alto cargo venezolano había sido encarcelado por el polémico magistrado en una causa de blanqueo de capitales y que había llevado las irregularidades del caso hasta el Tribunal Constitucional. 

Otro de los objetivos de la trama fue el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, responsable de la investigación contra Ábalos, el ex fiscal general o el hermano de Pedro Sánchez. “Si está muerto, mejor”, llegó a decir Leire Díez sobre él en una reunión en la que reclamaba información comprometedora de este mando a Alejandro Hamlyn, un empresario imputado en un caso macrofraude de más de 150 millones en los hidrocarburos. A cambio, le ofrecía supuestos pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que pudieran beneficiar su situación. El empresario no ha alcanzado por ahora pacto alguno con la Fiscalía y las acusaciones contra él se mantienen.

En busca de información sobre Balas, la exmilitante también se reunió con otros guardias civiles investigados en diferentes causas. Es el caso del comandante Rubén Villalba, al que ofreció pagarle la defensa en el caso Koldo y recuperar su carrera en el cuerpo. O de Juan Sánchez Yepes, imputado en otro caso de hidrocarburos por supuestamente facilitar información reservada a otros investigados a cambio de prebendas. A raíz de ese episodio con Yepes tuvo lugar la citada reunión con Hamlyn que propició la apertura de la primera investigación a Leire Díez en un juzgado de Madrid hace un año. 

El objetivo de la trama de desvelar las cloacas del Estado a través de documentación del caso Tándem -la que habían almacenado en esa carpeta llamada “Operación PSOE”- seguía más vivo todavía y Leire Díez maniobró, incluso, con el comisario jubilado José Manuel Villarejo para buscar un pacto con la Fiscalía a cambio de su información. El pacto nunca se produjo y el fiscal encargado del caso rechazó varias veces hablar con su abogado. Díez se adentró incluso en las profundidades del caso Kitchen y habló con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy que es juzgado estos días por esa trama policial corrupta. 

De la familia de Sánchez a la operación Catalunya

Con el paso de los meses en ese judicialmente convulso 2024 Leire Díez y su grupo entraron en contacto con causas judiciales a priori alejadas del PSOE. Desde el 3% catalán hasta la amnistía pasando por la Operación Catalunya y la Banca Privada de Andorra. En noviembre de ese año Díez entró a formar parte de un grupo de WhatsApp llamado “Mas Martí - Girona” con varias personas, entre ellas, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell. 

Rosell había sido absuelto en 2019 de las acusaciones de blanqueo y comisiones ilegales por sus negocios en Brasil, pero también se sentía víctima de una Justicia corrupta y una Fiscalía dirigida. Sobre todo por los 645 días que pasó en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional en un caso por el que acabó absuelto. 

En ese grupo se juntaron dos personas movidas por el afán de ajustar cuentas con el fiscal anticorrupción José Grinda: Rosell y Pérez Dolset. Los mensajes de Leire Díez en esas fechas con Rosell son elocuentes: “A mí la fontanería se me da muy bien (...) hay que empezar por Grinda y la Fiscalía”. Ambos empresarios consideraban que el fiscal Grinda les había perjudicado en sus respectivas causas judiciales.

Leire Díez tenía un objetivo añadido: que Grinda proporcionara información comprometida sobre Alejandro Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción, quien era el máximo responsable de investigaciones delicadas para el Gobierno como el caso Koldo. Luzón era considerado un enemigo a batir por el grupo de Leire Díez, ya entonces con el apoyo del PSOE.

Finalmente, fue el propio Grinda el que dejó por escrito cómo habían discurrido esas negociaciones y qué le habían ofrecido y reclamado. Fue en febrero de 2025 cuando, según su relato, tuvo un encuentro con el periodista Pere Rusiñol y este le hizo llegar, en una hoja, la oferta. Para él, un destino en el extranjero y la retirada de la demanda de una joven que afirmaba haber recibido un vídeo sexual suyo cuando ella era menor. Para el grupo, caza mayor: “Cualquier secreto o información confidencial relativo a su jefe que pudiera dar lugar a su destitución”. También le pidieron promover el archivo del caso Pujol, el 3%, el caso Zed que afectaba a Pérez Dolset, el caso BPA y el caso Duro Felguera, que será juzgado este año con Nervis Villalobos en el banquillo. Y que explicara el verdadero origen de la causa que encarceló a Sandro Rosell. 

El sumario revela que Leire Díez también maniobró para acercarse a esta joven. El propio Santos Cerdán llegó a reunirse con ella en la sede del PSOE y, supuestamente, le facilitaron un trabajo en una empresa municipal de Jaén. Las querellas y demandas de la joven, tanto penales como civiles, se archivaron. El proyecto del grupo era darle 300.000 euros por su silencio, el triple de lo que pedía en su demanda. No se llegó a consumar.

La trama intentó repetir la jugada con otro fiscal de perfil polémico: Ignacio Stampa. El fiscal que llegó a dirigir las pesquisas del caso Villarejo y que desde entonces denuncia que fue apartado de Anticorrupción de forma ilegal por parte de sus superiores. También se reunieron con él e intentaron, sin éxito, que les facilitara información comprometedora de Luzón. En esa reunión Leire Díez espetó otra de las frases determinantes del caso: “Soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto (...)”. También contestó “sí” cuando Stampa preguntó si era la “mano derecha” de Santos Cerdán. 

Ninguna de las dos maniobras para obtener trapos sucios de Luzón dio resultado. Los dos fiscales acudieron a sus respectivos superiores y la maniobra de la trama terminó judicializada ante un juzgado de Madrid. De forma reciente, Luzón ha pedido 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García.  

El sumario del caso Leire consta de cientos de documentos, interrogatorios, mensajes, grabaciones y, al menos por el momento, el juez ha hecho propias las conclusiones de la UCO. Unas consideraciones que muestran cómo a lo largo de los años Leire Díez se especializó en conocer a fondo las causas judiciales que afectaban a su entorno, pero también a un PSOE que, a partir de 2024, y por orden de su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, supuestamente financió y sustentó su operación. 

Muy pocas de sus promesas fueron llevadas a efecto y ninguna causa judicial se cerró gracias a sus gestiones. Tampoco consiguió la información comprometedora que buscaba. Y ahora será la Audiencia Nacional la que decida si no fue solo una investigación para salvar a los socialistas de los casos emergentes, sino una forma de influir en las causas judiciales que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno del presidente.