Turquía levanta hoy el estado de emergencia aunque planea reemplazarlo por una nueva ley

Turquía levanta hoy el estado de emergencia declarado en el país tras el fallido golpe militar del 15 de julio de 2016, si bien el Gobierno planea mantener varias de sus medidas represivas con una nueva ley antiterrorista.

En vigor desde el 20 de julio de 2016, el estado de excepción que concluye oficialmente la próxima medianoche ha sido prorrogado siete veces desde entonces, gracias a la mayoría parlamentaria del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde 2002.

El Gobierno turco ha justificado esta situación con la lucha contra el terrorismo, y en especial contra los supuestos simpatizantes de Fethullah Gülen, líder de una cofradía islámica con miles de seguidores en Turquía a quien Ankara atribuye la asonada.

Al amparo del estado de emergencia, que ha permitido a las autoridades emitir decretos con fuerza de ley, suspender libertades y derechos fundamentales e imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos, Turquía ha suspendido la vigencia en su territorio de la Convención Europea de Derechos Humanos.

En estos dos últimos años las autoridades turcas han llevado a cabo una purga sin precedentes en las estructuras estatales y privadas, con la destitución por decreto de unos 130.000 funcionarios -entre ellos jueces, policías y militares-, sin que los afectados hayan podido recurrir esas decisiones ante la Justicia.

Además, se han cerrado numerosos medios de comunicación cercanos a Gülen y a la izquierda kurda y, según Amnistía Internacional, 1.300 ONG han sido clausuradas en Turquía mediante decretos.

Decenas de miles de personas se encuentran detenidas por sus supuestos vínculos con la asonada.

Ahora, la oposición critica que el levantamiento del estado de emergencia, exigido desde hace tiempo también por los defensores de los derechos humanos desde dentro y fuera del país, no parece que vaya a poner fin a esta política represiva.

Por un lado, con el nuevo sistema presidencial que entró en vigor tras las elecciones del 24 de junio y que confiere al presidente amplios poderes ejecutivos, Erdogan podrá seguir gobernando mediante decretos.

Por otra parte, el Parlamento debate a partir de mañana un proyecto de una nueva ley antiterrorista, que prevé mantener numerosas restricciones de derechos y prerrogativas del Gobierno que han regido desde 2016.

Se espera que la ley que prevé prolongar el periodo que permite a la policía mantener detenido sin cargos a un sospechoso, sea aprobada en las próximas semanas con el voto de los diputados del AKP y del partido nacionalista MHP.

Entre otros, otorgará a los ministros la potestad de despedir funcionarios considerados sospechosos de vínculos terroristas, mientras que los gobernadores regionales podrán prohibir la entrada a determinadas zonas cuando lo consideren justificado.

En el hecho de que algunos de los 25 artículos de la nueva ley tendrán vigencia por tres años la oposición ve de facto una prolongación del estado de excepción por el mismo periodo de tiempo.