El juez del Tribunal Supremo que investiga al exministro José Luis Ábalos por supuestamente favorecer contratos públicos a cambio de prebendas ha tomado declaración como testigo este jueves a dos empresarios a los que el comisionista Víctor Aldama acusa de pagar mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Se trata de los empresarios Manuel Salles, director general de Instalibero District; y José Ruz, gerente y accionista de la desaparecida constructora Levantina de Ingeniería y Construcción. Los dos han negado el abono de esas comisiones, así como ser adjudicatarios del Ministerio de Transportes en la época de Ábalos, informan fuentes jurídicas.
Ruz, por su parte, ha declarado que contrató a Aldama para recuperar una deuda de cinco millones de euros por un negocio en Panamá que no había cobrado. Según su versión, el comisionista habría aceptado el encargo a cambio de llevarse un 20%.
Informa Elena Herrera.