El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha restado importancia a que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, cuestione a la jueza del caso de Alberto González Amador ya que “no tiene ninguna función ejecutiva en ningún gobierno”. En cambio, según el regidor, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene “funciones ejecutivas” y “por tanto es el titular de uno de los poderes del Estado que está criticando abiertamente a otro poder del Estado” en referencia a las críticas vertidas en una entrevista en TVE a los jueves.
En declaraciones a los periodistas, antes de un desayuno informativo protagonizado por la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, Almeida no va a decir que el proceso judicial a Alberto González Amador sea “una persecución política” pero “todo lo que ha acontecido alrededor es una persecución política, hasta el punto que el fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo procesado por un delito de revelación de secretos”. “Esa operación política y de Estado seguirá contra la presidenta de la Comunidad de Madrid”, ha asegurado el regidor de la capital.
Almeida ha defendido que la pareja de Ayuso “no se aprovechó de ningún despacho en la Puerta del Sol, no contó con ningún asistente pagado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni hizo ningún negocio relacionado con las actividades de la presidenta de la Comunidad de Madrid” que, según el alcalde, son “diferencias más que sustanciales” con respecto al caso de Begoña Gómez. “Lo que me lleva a decir que no me pronuncio sobre un particular como no me he pronunciado sobre ningún particular que haya tenido un pleito fiscal en este país”, ha sostenido.
Sobre el caso de Begoña Gómez, Almeida ha dicho que el Gobierno de Sánchez debe “respetar las decisiones de los jueces”. “Lo que no puede ser es que ahora pretendan llamarlo jurado popular con un tono, digamos, calificativo que están haciendo y que al mismo tiempo digan que esto es una maniobra del juez. No, señores, introdujeron ustedes el jurado hace 30 años en el gobierno de Felipe González. Lo dijeron que era un gran avance de la democracia y del Estado de derecho. 30 años después no lo llamen jurado popular. A ver si de esa manera lo van a descalificar y, en segundo lugar, fueron ustedes los que dijeron que la malversación de caudales públicos tenía que regirse por un jurado.