Vivienda, Junts y Sumar toman posiciones para reimpulsar la negociación de los alquileres con la prórroga en el aire
Dos semanas y media después de que PP, Vox y Junts tumbaran la prórroga de los alquileres, la puesta en marcha de otro decreto sigue lejos. No obstante, tanto el Ministerio de Vivienda como Sumar y Junts han empezado a perfilar su posición para intentar pactar un nuevo paquete de medidas de vivienda, aunque la posición de la que parten los tres actores es sensiblemente diferente: Sumar deja claro que no va a renunciar a poner en marcha la prórroga, pero el ala socialista del Gobierno no la ve prioritaria y apuesta por centrar el nuevo decreto en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. Junts, por su parte, insiste en que su condición previa para sentarse a hablar es que se acepten sus exigencias en materia fiscal, desde las deducciones fiscales a quienes paguen alquiler o hipoteca al IVA franquiciado para los autónomos.
Sumar lleva semanas presionando públicamente al PSOE para que acepte poner en marcha un nuevo decreto argumentando que, en esta ocasión, hay opciones de que Junts termine apoyándolo si también se incluyen en el texto algunas de sus exigencias. Pese a que los independentistas fueron uno de los partidos que derribó el decreto de prórroga de los contratos de alquiler al mismo precio, en las últimas semanas han mostrado una postura ambivalente y han abierto la puerta, al menos, a hablar. Y, para escenificar este acercamiento, Sumar anunció el lunes de la semana pasada que planeaba “elaborar” una nueva propuesta que incluyera algunas de las exigencias de los de Carles Puigdemont para intentar atraerlos a apoyar la extensión de los arrendamientos.
No obstante, dos semanas después no ha vuelto a haber noticias de esa promesa ni los contactos han dado frutos y fuentes tanto de Sumar como de Junts admiten que sus conversaciones no han registrado avances. “Seguimos con ello”, pero “de momento no hay mucha novedad”, explica un dirigente del espacio que lidera Yolanda Díaz, mientras otro del partido independentista coincide en que no se ha dado “ningún” paso adelante en los últimos días.
El miércoles, eso sí, Junts insistió en que está abierto a negociar sobre vivienda si se respeta su exigencia sobre desgravaciones fiscales. Pero aunque no ha rechazado expresamente hablar de la prórroga de los alquileres o de la regulación de los arrendamientos temporales, los antecedentes no son halagüeños. En el debate de hace dos semanas y media, Junts tachó de “estética” la primera medida. Y durante la tramitación de la ley para regular los alquileres de temporada —que se encuentra varada en el Congreso—, ha intentado descafeinar la norma proponiendo una regulación mucho más laxa que la que planteaba la izquierda.
Sea como fuere, y aunque haya sido Sumar quien más ha presionado públicamente para retomar las conversaciones con Junts, es el PSOE la formación que tiene la sartén por el mango para desbloquear la situación. Como la mayor parte de las reivindicaciones de los independentistas son en materia fiscal, el protagonismo recae particularmente en el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene la última palabra en estos asuntos. No obstante, el Ministerio de Vivienda reclama su papel en las negociaciones, y la ministra Isabel Rodríguez ha insistido en los últimos días en que ya ha empezado a mantener contactos con los diferentes partidos y en que existe una “oportunidad” para llegar a un acuerdo con Junts si la formación acepta negociar algunas de las propuestas del Gobierno a cambio de sus reivindicaciones.
El problema es que el Ejecutivo no tiene una posición unívoca sobre cómo debe abordar esa negociación con Junts. Vivienda insiste en que no descarta incluir ninguna medida en el decreto que se negocie, tampoco la prórroga de los alquileres, pero fuentes del departamento deslizan que “lo que se lleve tiene que poderse aprobar”, lo que evidencia su escasa confianza en que los independentistas acepten la prórroga que tumbaron hace tres semanas. Bajo esa argumentación, el ala socialista del Gobierno es partidaria de centrarse en regular por decreto el alquiler temporal y por habitaciones, que el PSOE considera que es el verdadero agujero negro que provoca que el mercado del alquiler se encuentre disparado.
Sin embargo, renunciar a la prórroga de los alquileres es una línea roja para Sumar, que ha defendido esta extensión de los contratos como su medida estrella desde finales del año pasado. Fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz explican que eso no significa que estén en contra de regular el alquiler de temporada y por habitaciones, pero aseguran que ambas medidas, prórroga de los contratos y regulación de los arrendamientos temporales, son igualmente “urgentes e imprescindibles”. De hecho, la propia Sumar presentó el año pasado una ley en esta dirección en el Congreso junto a socios de izquierdas como ERC, EH Bildu o Podemos, y la legislatura pasada Unidas Podemos peleó hasta el final para incluir esta regulación en la ley de vivienda, un extremo que rechazó el PSOE.
Una diferencia ideológica, no solo estratégica
Lo cierto es que, además de una discrepancia estratégica sobre cómo debe abordarse la negociación, entre las dos alas del Gobierno existe una importante diferencia ideológica en relación al mercado de la vivienda. Al menos una parte del PSOE nunca ha visto con buenos ojos una medida como la prórroga de los alquileres, que consideran que no gusta —e incluso perjudica— a una parte de su electorado. Y buena muestra de ello fue el episodio de tensión que se produjo en el Consejo de Ministros en el que se aprobó el decreto que contenía la extensión de los contratos de arrendamiento, cuyo inicio se retrasó porque los ministros de Sumar se negaron a entrar al mismo si el presidente Pedro Sánchez no accedía a aprobar esa reclamación.
Ese ha sido, tan solo, el ejemplo más extremo de las discrepancias entre las dos partes del Ejecutivo en relación a la vivienda, pero no el único. Estas diferencias se han evidenciado a lo largo de la legislatura con asuntos como los incentivos fiscales a caseros —promovidos por el PSOE y rechazados por Sumar, que, sin embargo, ahora los acepta si es a cambio de que Junts apoye la prórroga de los alquileres— o la propuesta de los de Yolanda Díaz de condicionar la entrega de fondos a las comunidades a que estas apliquen los topes de precios al alquiler. De hecho, Sumar llegó a pedir el pasado octubre la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aunque se arrepintió en apenas unas horas tras el enfado que expresó públicamente el PSOE.
En 2024, último año del que hay datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los nuevos contratos de alquiler subieron un 8,8%. Nunca desde 2021 (año desde el que se contabiliza esta variable) los nuevos contratos habían subido tanto. Si en 2021 lo hicieron un 3,5%, en 2022 subieron un 5,3% y en 2023 se moderaron al 4,1%. El acumulado lleva a una subida del 12,9% en cuatro años en los contratos nuevos, por el 10,4% del alquiler en general. La prórroga de los alquileres, precisamente, atenuaría estas subidas porque permitiría a los inquilinos cuyo contrato venza en 2026 o 2027 extender al mismo precio su contrato por dos años.