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¿Elecciones a qué...?

El próximo 6 de febrero se celebran elecciones internas en el seno del Ministerio Fiscal. Será algo que no obtenga muchas portadas en los medios de comunicación, ya que esta institución es uno de los grandes desconocidos del organigrama del Estado en general, y de la Administración de Justicia en particular.

¿De qué va esto?

El Consejo Fiscal es un órgano consultivo que asiste al fiscal general del Estado. Es decir, a diferencia del consejo de la llamada “carrera hermana”, éste no tiene verdadero poder decisorio. Pero, a diferencia del órgano de gobierno de los jueces, éste sí tiene un fuerte componente de democracia interna: salvo el propio FGE, el teniente fiscal del Supremo (aka, el 2º de a bordo) y el jefe de la Inspección, los restantes nueve miembros son elegidos cada cuatro años, por votación de todos los integrantes de la carrera.

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Mucho ruido y pocas IP

Independientemente de las consideraciones que merece el derecho al acceso a la Red de Redes como derecho fundamental ( ONU  dixit), lo que revela la famosa sentencia es que la desconexión la padecen los magistrados. De la realidad.

Bueno, tampoco debería ser tan duro con los miembros del tribunal. Al fin y al cabo, lo único que hacen es intentar aplicar un ordenamiento jurídico fragmentado, obsoleto y cuya coherencia interna, en cuestiones relacionadas con las Tecnologías de la Información, parece diseñada por un mono borracho con dos pistolas.

Resúltase que se era un señor, o señora, o ninguna de las dos anteriores, que, bajo el alias de “nito75”, se descargaba a través de redes P2P todo lo que pillaba. No usaba eMule, ni BitTorrent, sino un sistema llamado “Direct Connect” del que, les voy a ser sincero, ni había oído hablar. Tenía en su disco duro unos 5.000 archivos compartidos, a disposición de los demás usuarios. Al parecer, la mayoría eran MP3 sujetos a derechos de autor, cuyos titulares legales presentaron una demanda ante un juzgado mercantil de Barcelona. Curiosamente, los mismos sospechosos habituales que trataron de poner en la picota a Pablo Soto. Con el mismo modus operandi.

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Secretos e intimidades

En estos últimos días, han aparecido en la prensa varios de los correos electrónicos escritos por un alto directivo de una entidad financiera, desde su cuenta corporativa. Estos correos fueron incorporados a una causa judicial abierta por hechos relacionados con el mal gobierno de dicha entidad, aunque luego fue revocada la resolución judicial que lo ordenó. El fiscal superior de Madrid ha presentado un escrito en el que, considerando dicha difusión como reveladora de delitos contra la intimidad y la Administración de Justicia, ordena deducción de testimonio. En roman paladino: que el juzgado correspondiente indague si, al margen de su parecer, en esto hay algún delito, y quiénes son sus responsables.

Esto ha causado el lógico revuelo, pues parece un caso más de "matar al mensajero": en un asunto en el que parece que un banquero la ha liado parda, la investigación se dirige contra quienes airean los mensajes en los que se fraguó la catástrofe financiera. Así, el director de este medio, Ignacio Escolar, ha escrito un artículo en defensa de la labor del periodista, que es informar sobre un caso de extraordinaria relevancia. Sin embargo, no caigamos en el mismo error, ni carguemos demasiado las tintas contra el fiscal, pues si leemos atentamente el contenido de su escrito, veremos que se limita a cumplir lo que le pide  el magistrado instructor de la causa contra el juez Silva. Es decir, no es una ocurrencia espontánea del fiscal, sino que obedece a una petición judicial previa, en una providencia de 23 de diciembre de 2013. Que su interpretación jurídica sea discutible, es harina de otro costal.

Porque, al margen de vicisitudes procesales y de las posturas ideológicas de uno y otro bando, el asunto es suficientemente complejo desde un punto de vista jurídico-penal, como para merecer un detallado análisis. 

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Vamos de rebajas

Les voy a confesar un secretillo, algo que se cuenta en los cafés de media mañana, entre juicio y juicio, o cuando el papel cotidiano da una pequeña tregua: la inmensa mayoría de los fiscales no quieren que salga adelante la ominosa reforma, esa que les daría tan inmenso poder, que tanto asusta a los ciudadanos bienpensantes. En cambio, los jueces de instrucción están encantados con la idea.

¿Por qué? Bueno, vamos poco a poco. Para empezar, la reforma que dará bien ganada sepultura a nuestra provecta Ley de Enjuiciamiento Criminal es como una chaqueta comprada en rebajas: es nueva y reluciente, y no ha costado demasiado, pero cuando la pones junto a lo que tienes en el armario, te das cuenta de que necesitas gastarte mucho más en prendas que vayan a juego, o no te la vas a poder poner con nada; además, cuando la examinas detenidamente, en la tranquilidad de tu hogar, ya no te parece tan bonita como en la tienda.

En cuanto al fondo de armario, el proyecto requerirá del cambio de un montón de normas fundamentales de nuestro Ordenamiento Jurídico. Por poner un pequeño ejemplo, si la Policía Judicial va a depender directamente de Fiscalía en la investigación de los delitos, habrá que modificar las leyes que rigen el funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que las órdenes de la escala jerárquica de Interior no interfieran con las instrucciones del fiscal al cargo de un caso. Como sucede ahora, dicho sea de paso.

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Propósitos de año nuevo

Las promesas de Año Nuevo son ya un lugar común, un cliché que representa lo poco que aguantan las buenas intenciones el contacto con la realidad. Aun así, en ocasiones viene bien el cambio de calendario para centrarse y marcar bien el rumbo. Porque si no, puede que te estrelles.

En su día, hace año y medio largo, cuando le propuse a Nacho Escolar la posibilidad de colaborar con su proyecto, y aportar al granero común mi pequeño granito de experiencia judicial, mi intención era divulgar. Hacer accesible al público en general un área de la cosa pública de excepcional importancia en las vidas de todos: la Justicia y su funcionamiento interno. Doctores tiene la jurisprudencia que pueden escribir artículos muchísimo más eruditos y profundos que los que yo pueda parir, pero siempre me ha parecido que son invisibles para el gran público. Las alturas de la literatura jurídica son mareantes, y su lenguaje, críptico. Es material que tiene un nicho de mercado muy concreto: los que ya saben de leyes. Pero, ¿qué pasa con el resto de la ciudadanía, que no tiene por qué haber enterrado cuatro o cinco años de su vida entre tochos de Penal, Procesal, Administrativo y demás?

Pues tenemos la prensa generalista. Pero en mi opinión, que comparto con la de muchísimos compañeros, las noticias de tribunales no siempre se cuentan bien. En muchas ocasiones, prevalecen detalles superfluos sobre la información realmente relevante, lo que favorece los sesgos ideológicos en función de la línea editorial del medio del que se trate. Y ahí quería yo marcar la diferencia.

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La informática es peligrosa (para los juristas)

En mis primeros tiempos de ejercicio profesional, mi curiosidad por esto de Internet me llevaba a situaciones incómodas cuando acudía como alumno a conferencias y cursos de formación. Está uno en clase, escuchando cómo desgranan el régimen jurídico de las intervenciones telefónicas, y empieza a sentir la sensación de que hay un elefante digital en mitad de la sala, al que todos pretenden no ver. Ya saben, hablar del teléfono, esta tecnología que patentó un fulano llamado Graham Bell, allá por 1876, no es lo que uno entiende por "estar a la última".

Sin embargo, nuestro legislador echó más de un siglo, hasta 1988, para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y recoger la posibilidad de que la Justicia pudiera escuchar las conversaciones telefónicas de un ciudadano del que se tienen fundados indicios de que ha cometido un delito. Incluso entonces, sus señorías se quedaron calvos de tanto pensarlo: medio artículo, los apartados 2º y 3º del artículo 579. Dos puñeteros párrafos.

El caso es que, tras comentar diversas sentencias, uno levanta la mano y pregunta por el régimen de intervención de las comunicaciones a través de Internet, ya saben, correos electrónicos, mensajería instantánea tipo Messenger, telefonía VoIP como Skype, etc. Era verdadera curiosidad, porque lo de la intervención y apertura de correspondencia ordinaria tiene mucha miga, sobre todo en envíos de droga a través de paquetería, pero la delincuencia también se está pasando a las tecnologías de la información. Sistemas como Skype, que carecía por aquella época de infraestructuras permanentes, centralitas y este tipo de cosas, que descentralizaba el tráfico a través de redes P2P formadas por los propios usuarios (fue antes de la adquisición por Microsoft, que parece haber vuelto a un esquema relativamente centralizado), y que cifra las llamadas con algoritmos bastante robustos, son una herramienta idónea para cierto tipo de criminales.

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OCP España, ¿dígame?

El remake de Robocop recupera el tema de la privatización de la seguridad, en versión ciencia ficción.

A veces me resultan chocantes las razones de la sorpresa, o indignación, que muestra la gente ante noticias que hacen referencia a las leyes o a su ejercicio ante los tribunales. Porque muchas veces el tratamiento informativo no hace más que arañar la superficie, recrearse en la anécdota y se dejan lo verdaderamente importante. Si se le explicara a la gente el verdadero alcance de algunas de las cuestiones de actualidad relacionadas con el Derecho, quizás el grado de indignación subiría varios enteros. Sirva como ejemplo el proyecto de Ley de Seguridad Privada que tanto revuelo ha causado esta semana.

Así, ha causado alarma social el dato de que los vigilantes de seguridad podrán llevar a cabo detenciones. Déjenme que les lleve de paseo por nuestra viejuna legislación procesal: el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al regular los supuestos en los que se puede proceder a la detención de una persona, comienza hablando de las detenciones que puede practicar cualquier ciudadano particular. El catálogo es amplio y abarca desde evitar la comisión de un delito a atrapar a un reo que se encuentre fugado.

Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pequeños matices. Se añaden pequeños detalles por aquí, se eliminan algunas trabas por allá, y se hace encajar el conjunto con otras normas, aprobadas o en proyecto.

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La física de la corrupción

Mucha gente se pregunta sobre el porqué de la dificultad de persecución de los llamados delitos “de cuello blanco”. Se refieren a aquellos que se cometen por personas que no cuadran con el estereotipo de ladrón de los tebeos de Escobar, ya saben: el “Manitas de Uranio” con su jersey a rayas, su gorra y su antifaz, entrando por una ventana con la palanqueta en una mano y la linterna en la otra.

Hablamos, por el contrario, de tipos trajeados, a veces incluso con buen gusto, con una camisa de cuello impoluto y una corbata de seda, prendas que tratan de lanzar un mensaje a los cuatro vientos: “Eh, yo soy un tipo respetable”. Aunque luego sus dueños la caguen con un abrigo con solapas de piel, al más puro estilo del Al Capone interpretado por Robert de Niro en Los intocables de Elliot Ness.

La cuestión es que el Derecho Penal ha evolucionado bastante poco desde aquellos tiempos remotos de los que les hablaba hace no mucho: es una rama del ordenamiento jurídico dolorosamente materialista, se basa en lo físico, en lo tangible. Se puede comprobar cuando choca de frente con realidades modernas como los delitos cometidos a través de bits y bytes, que son intangibles por naturaleza: el artículo 197, por ejemplo, habla de “apoderarse” de mensajes de correo electrónico, como si uno pudiera atraparlos al vuelo y metérselos en un bolsillo, o de “permanecer dentro de un sistema informático contra la voluntad” de sus titulares, como si los intrusos se colasen dentro de los ordenadores ajenos de una forma literal, con la palanqueta y la linterna antes mencionadas. El legislador pilla muy mal las metáforas y está más preparado para tratar con los "Manitas de Uranio" de la vida real.

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WiFi robada

Esta semana se ha conocido la detención de un sujeto en Vallecas. Lo noticiable del caso es que esta persona estaba conectándose de forma no consentida a las redes WiFi de sus vecinos. Y ya tenemos el titular llamativo: Detenido por piratear la WiFi.

Vamos a ir por partes, como diría Jack el Destripador, diseccionando la noticia, para que tengan ustedes algo parecido a lo que de verdad pudo pasar.

Si leen la noticia detenidamente, verán que la policía, en realidad, estaba buscando a alguien que se dedicaba a acosar a menores a través de Internet, lo que se ha dado en llamar “child grooming”. El autor de este tipo de conducta contacta con adolescentes, o preadolescentes, y mediante engaños o presiones consigue que estos le faciliten fotos o vídeos de sí mismos en poses eróticas, cuando no abiertamente pornográficas. En muchas ocasiones, lo que exige el sujeto es que el menor conecte la webcam de su ordenador y le haga un show privado para su propio disfrute.

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¿Dónde está el libro de reclamaciones?

En la mitología griega existe un personaje que me llama poderosamente la atención. Se trata de Casandra, la hija del rey de Troya, quien fue maldita por los dioses con la facultad de predecir el futuro... y que nadie le hiciese ni puñetero caso.

No seré yo quien pretenda atribuirme facultades adivinatorias, pero lo cierto es que hace algún tiempo les hablé de cierta mínima modificación en la reforma del Código Penal que se estaba gestando en el Ministerio de Justicia, que no estaba obteniendo grandes titulares como la prisión permanente revisable. Tampoco, y perdonen el manido tópico, estaba "incendiando las redes sociales", como los delitos contra la propiedad intelectual, reescritos para castigar conductas hasta ahora consideradas atípicas por los jueces: la creación y gestión de páginas de enlaces de descarga directa.

Me refiero, por supuesto, a las faltas, ese "delito de chichinabo" que ocupaba el Libro III de nuestra norma sancionadora por excelencia. Me preocupaba entonces, y me preocupa hoy día todavía más, esa desmembración del concepto, pasando las faltas contra el patrimonio y otras similares a la categoría de "delitos leves". Pero también dejé constancia de la alarma que me producía que ciertas conductas pasaran a ser punibles exclusivamente en vía administrativa.

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