“Condenados sin escucharnos”: delegados sindicales, vetados por su propio ayuntamiento en un pueblo de Sevilla

“¿Qué podemos hacer si no nos dejan entrar en el epicentro de los problemas de los trabajadores”. Ricardo Pérez y Rocío Caro son representantes de los empleados municipales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), donde trabajan desde hace 11 y 15 años, respectivamente. Él, delegado sindical de CCOO y ella, miembro del comité de empresa por el mismo sindicato, mayoritario en el consistorio desde las últimas elecciones sindicales de hace un par de años. Desde hace un tiempo (él desde octubre y ella desde marzo), tienen prohibida la entrada a cualquier departamento de la Delegación de Hacienda y Recursos Humanos, lo que a su juicio supone una “clara vulneración a la libertad sindical”. Con anterioridad, aseguran, han sufrido “hostigamiento” y “acoso” por su actividad en defensa de los derechos de los trabajadores durante los últimos meses por parte del actual delegado, Manuel Macías, a quien han llevado a los tribunales por abuso de autoridad, coacciones contra la libertad sindical y acoso laboral y, en general, por su “actitud antisindical”. De baja por ansiedad y depresión, y con sendas denuncias interpuestas en los juzgados, ambos relatan a este periódico su situación, sin que el Ayuntamiento haya querido pronunciarse al respecto, pese a la insistencia de este medio.

Con la entrada del nuevo delegado de Hacienda y RRHH en julio de 2021, se desencadenó la situación que dicen vivir los sindicalistas. A escasas semanas de las elecciones municipales, el contexto en Sanlúcar la Mayor bien es cierto que es bastante particular. El Grupo Independiente Sanluqueño (GIS) ganó los comicios de 2019 y los que fueran sus representantes democráticamente elegidos gobiernan en coalición con un concejal del PP y otro de Sanlúcar Activa, precisamente Manuel Macías. El alcalde, Juan Salado, y tres de sus concejales fueron expulsados del GIS y declarados no adscritos hace algo más de un año, según quedó ratificado en el pleno municipal del 8 de febrero del pasado año.

El caso es que tres de los cinco representantes de CCOO en el Ayuntamiento están de baja laboral por ansiedad o depresión. Pérez desde el 17 de noviembre del pasado año (aunque pronto se tiene que reincorporar), poco después de prohibirle la entrada al área de Hacienda y RRHH del ayuntamiento por “actitud presuntamente abusiva”. Caro, desde el pasado 24 de marzo, tras recibir una carta muy similar que argumentaba que había tenido una “falta de respeto” con otra trabajadora municipal.

Bolsa municipal de ayuda a domicilio

El caso de Caro es particular, con unos hechos más recientes. Acudió el 9 de marzo al ayuntamiento, dos días después de que en el pleno municipal el alcalde dijera que se iba a externalizar el servicio de ayuda a domicilio y dependencia porque no había personas en la bolsa de trabajo temporal municipal. Como miembro del comité de empresa y para facilitarlas su contratación, acompañó a tres mujeres que ya habían trabajado para el ayuntamiento, que tenían la titulación exigida y que estaban apuntadas en dicha bolsa.

La sindicalista presentó una queja por escrito por el trato aquel día en esas dependencias por parte de una trabajadora municipal y, a raíz de ello, se le abrió un expediente para esclarecer lo sucedido, junto a la mencionada prohibición de entrada a las instalaciones dirigidas por el delegado Macías. “A mí esto me apasionaba, pero no me pueden cortar las manos de esta manera porque a ellos no les guste las cosas que reivindicamos”, lamenta muy afectada Caro, en tratamiento psicológico.

“Sufrimos un acoso invertido: Macías alecciona a las trabajadoras para que se den de baja por nuestra culpa. Ahora mismo hay 73 funcionarios de baja de los 250 empleados en el ayuntamiento”, explica Pérez, que denuncia: “No podemos hacer nada”. “Estamos condenados sin escucharnos”, asegura Pérez, secretario de la sección sindical y que no es la primera vez que litiga contra el ayuntamiento, en otro caso a razón de la categoría profesional que ostentaba en la Delegación de Deportes, aunque ahora es por razones de “acoso” a su actividad sindical, según mantiene.

“Somos los representantes legales de los trabajadores”

“Son muchas cosas las que te van minando poco a poco”, cuenta Rocío Caro quien, como Pérez, son trabajadores indefinidos no fijos a la espera del proceso de estabilización, acerca del cual también han pedido información por escrito al ayuntamiento: “No nos informan de nada” y “Se nos niega información desde hace mucho tiempo”. Ambos tienen abierto un expediente informativo, que instruirá la Diputación de Sevilla a instancias del propio ayuntamiento. “Somos muy de denunciar, claro, porque con ellos por la vía del diálogo no se puede”, comenta Pérez, a quien han “desvalijado” su puesto de trabajo, “aprovechando” su baja. “Tenemos que llevar a la Inspección de Trabajo las cosas porque no nos dejan otra opción”, añade Caro.

Mari Paz Vargas, secretaria general del sindicato de Servicios a la Ciudadanía de Sevilla de CCOO, ha enviado a mediados de este mes de abril una carta al alcalde de la localidad, Juan Salado, en la que le pide “una reunión con carácter urgente”, ya que ha tenido conocimiento de “actuaciones realizadas” por la Corporación “hacia los delegados sindicales de CCOO entre las cuales se encuentra la prohibición de acceder, sin autorización previa, a los Departamentos de Hacienda y Recursos Humanos, obstaculizando así el correcto ejercicio de la representación laboral y la acción sindical que ejercen, hecho que resulta perjudicial para la totalidad de los trabajadores del Ayuntamiento”.

“Somos los representantes legales de los trabajadores y él no lo acepta”, reclama Caro en alusión al delegado, quien “no nos convoca en tiempo y forma” a las mesas generales de negociación, que comparten con representantes de UGT y CSIF. “Ellos ven claramente la discriminación que sufrimos, pero no se implican”, lamentan, si bien aluden a una mayor sintonía con sus compañeros del CSIF.