Bruselas lleva a España al Tribunal Europeo por permitir el deterioro de Doñana
La Comisión Europea acusa a España de no proteger adecuadamente Doñana. Bruselas ha decidido este jueves llevar ante el Tribunal Europeo la desprotección del humedal, corazón de este parque nacional gestionado por la Junta de Andalucía, ante la sobrexplotación de su acuífero para satisfacer las demandas del regadío y el turismo.
El Ejecutivo comunitario considera que no se están tomando medidas para proteger las masas de agua subterránea que alimentan Doñana, espacio declarado Patrimonio de la Humanidad. “El desvío de grandes cantidades de agua tanto para la agricultura como para las necesidades de los turistas locales está deprimiendo la capa freática”, ha descrito el Ejecutivo comunitario. El mal estado del acuífero está documentado por los propios informes del Gobierno. La disputa entre protección ambiental y la creciente industria del regadío –a base de fincas dedicadas al cultivo de fresas y frutos rojo– de gran rentabilidad ha terminado en la Corte europea.
“La abrupta disminución del nivel de las aguas subterráneas ha agudizado la vulnerabilidad de los espacios de la red Natura 2000 frente a las temporadas secas de la zona y propiciado su mayor deterioro”, remata la Comisión en su escrito.
La Comisión también analiza que “tampoco está adoptando las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en este humedal, lo que supone una infracción de la legislación de la UE en materia de protección de la naturaleza.
Según la respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde en enero, La Guardia Civil ha detectado 562 pozos ilegales en la zona más otras 146 balsas de riego ilegales. Son 708 puntos por donde se escapa el acuífero del que vive el humedal. Centenares de microtrasvases que van del subsuelo a las explotaciones agrícolas de regadío intensivo a base de fresas y frutos rojos que rodean el entorno natural.
Las captaciones irregulares de agua en Doñana suponen una de sus mayores amenazas. La organización WWF cartografió en 2016 hasta 1.700 balsas que acumulaban agua “de las que el 80% son ilegales”, explicaban. Todo ese volumen hídrico acumulado no fluye por el parque nacional.
También reconoce la situación de tensión el último informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre el Estado de los Acuíferos, al que tuvo acceso eldiario.es en julio, y que reconoce la situación crítica: la masa de agua subterránea que subyace Doñana y se extiende a lo largo y ancho de casi 2.500 kilómetros cuadrados está dividida en 16 sectores y todos ellos se encuentran en diferentes categorías de riesgo. Cinco en prealerta, seis en alerta y cinco en alarma.
Retraso en la gestión de inundaciones
En el paquete sancionador europeo, España también ha visto cómo es remitida al Tribunal por aplicar medidas de protección contra las inundaciones en las cuencas de las Islas Canarias. La normativa europea marcó marzo de 2016 como fecha tope para tener planes específicos de gestión de avenidas. Un plazo que no cumplió el Gobierno canario y por el que Bruselas apercibió a España en marzo pasado.
La Comisión repitió la advertencia en julio pasado con los dos meses reglamentarios de plazo para subsanar el problema. El Gobierno de las islas publicó el 14 de agosto de 2018 un Plan Especial por Riesgo de Inundaciones pero, ahora, la Comisión ha decidido remitir el expediente a los jueces.
