IU propone una ley contra la pobreza que incluye un salario mínimo de 1.050 euros mensuales

Izquierda Unida (IU) pasa al ataque. La formación de Alberto Garzón va a presentar hoy una Proposición de Ley integral contra la pobreza y la exclusión social con actuaciones en múltiples frentes, porque “en España, a día de hoy es perfectamente posible poner fin a la pobreza”.

La propuesta de la organización, destinada a todos los residentes en suelo español, contiene medidas laborales (garantizar el trabajo mediante la creación de un millón de empleos públicos), económicas (un salario mínimo de 1.050 euros mensuales), sociales (atención a la dependencia, ayudas por hijo o garantizar los suministros en el hogar), sanitarias (asegurar la sanidad universal), de vivienda y educativas, entre otros, con especial atención al medio rural, según el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Porque, recuerda la formación, en España hay cerca de 12,5 millones de personas en riesgo de exclusión social y pobreza. El partido de Garzón, parte del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, hace suya la definición de pobreza que aplica la UE a partir de tres supuestos: cuando los ingresos no alcanzan el 60% del ingreso nacional medio (en el caso español esto significa ganar menos de 983 euros al mes); cuando en un hogar sus miembros no pueden permitirse al menos cuatro de estos conceptos de consumo básico: los gastos de vivienda principal en el último año (alquiler, hipoteca, recibos del gas o de la comunidad), la calefacción, la incapacidad para afrontar gastos imprevistos de hasta 650 euros, la falta de carne, pollo o pescado en la dieta al menos cada dos días por motivos económicos, la carencia de automóvil, lavadora, teléfono o televisor en color, la imposibilidad de gozar de vacaciones al menos una semana al año; cuando los mayores de 18 años en un hogar y no estudiantes han trabajado menos del 20% de su potencial de ocupación en el último año.

En IU son conscientes de que la aplicación de todas estas medidas tiene un coste que debe ser financiado. La formación roja cree que la solución está en una reforma fiscal, y argumenta para ello que España recauda nueve puntos porcentuales del PIB menos que la media europea por impuestos (37% frente al 46%). Por ello, propone “una reforma tributaria que, además de intensificar la lucha contra el fraude fiscal, mejore la suficiencia del sistema y potencie su equidad y progresividad”, lo que se logará “con actuaciones en las principales figuras tributarias”.

El Estado, garante del empleo

Una de las medidas estrella de la propuesta de IU es la creación de un millón de puestos de “trabajo digno” en actividades “principalmente ecológicas: servicios de reutilización y reparación de materiales y productos o actividades de optimización del rendimiento energético de edificios”.

Según la propuesta, el Estado garantizará un empleo “a cualquier persona que no haya podido encontrar trabajo en el sector privado o en el sector público tradicional”. El sueldo mínimo inicial de estos empleos será de 1.050 euros al mes. La idea de IU es que este salario hará las veces de salario mínimo porque ninguna persona trabajará en el sector privado por menos de esta cantidad sabiendo que el Estado la garantiza, lo que obligará al sector privado a ofrecer, al menos, las mismas condiciones económicas a sus empleados.

Esta propuesta se complementa con la creación de una Renta Mínima Garantizada (RMG) a la que tendrán derecho todos los mayores de 18 años cuyos ingresos no alcancen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual sin contar las pagas extras. En este momento, el SMI es de 735 euros al mes, lo que significa que quienes ganen menos de 6.615 euros anuales podrán solicitar la RMG. La cuantía de esta ayuda será igual al IPREM (indicador público de rentas de efectos múltiples), que en este momento está fijado en 537,84 euros.

Sanidad, educación y vivienda

Las medidas generales concluyen con propuestas en materia de Sanidad, Educación y Vivienda. En el plano sanitario, IU propone universalizar el derecho a la asistencia sanitaria pública. Mediante una modificación de la ley general de Sanidad, la formación propone que “las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la condición con que se acceda a los mismos”.

Además de ahondar en diferentes medidas que garanticen esta asistencia universal y gratuita, IU quiere modificar el acceso y suministro de medicamentos y productos sanitarios. Propone la formación que los ciudadanos paguen los productos recetados en función de su renta bajo la siguiente fórmula: el 60% del precio para los usuarios que ganen 100.000 euros al año o más, el 50% para quién esté entre 18.000 y 100.000 euros anuales, el 40% para los que ostentan la condición de asegurados activos y que no estén en los anteriores supuestos y quedarán exentos los pensionistas y grupos como los desempleados sin subsidio o víctimas de accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

La política de vivienda es una de las grandes apuestas de IU en su propuesta de ley integral. El partido de Garzón alude al “sinhogarismo” como uno de los principales problemas de España. En palabras de Leilana Farha, de Naciones Unidas, el sinhogarismo es “la señal de alarma que indica que los Estados han fracasado en la protección de derechos humanos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad”. IU le pone cifras: en España, unas 40.000 personas viven en la calle. Y soluciones: cree que se puede erradicar en diez años mediante un plan estatal que proporcione una vivienda permanente a las personas sin hogar con la única condición de mantener unas correctas relaciones con sus vecinos y aceptar la ayuda profesional.

El objetivo del partido de Garzón es que el Estado garantice “la disponibilidad de una vivienda o alojamiento digno en caso de pérdida de la vivida habitual por razones de insuficiencia de recursos o desahucios”. Para ello, dice IU, “se establecería una moratoria universal e indefinida de los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales siempre que se trate de deudores en situación de insolvencia sobrevenida y no exista la disponibilidad de otra vivienda”.

La paralización de lanzamiento se establecerá en todos los hogares donde hubiera menores de edad, familias y mayores de 65 años y no se proporcione vivienda alternativa, continúa la formación. Ayudas al alquiler o lucha contra la discriminación en el acceso a la vivienda completan las propuestas.

Las medidas relacionadas con la vivienda se complementan en esta proposición de ley con la garantía estatal de suministros básicos como agua potable, electricidad y gas a las personas vulnerables y un plan contra la pobreza energética.

Por último, a nivel educativo, el partido de Garzón quiere garantizar la especial atención al alumnado con necesidades de apoyo o los inmigrantes. También asegurará la oferta de plazas públicas para el tramo de 0 a 3 años y fijará la gratuidad de este primer ciclo para las familias en el umbral 1.

En materia de becas, IU quiere alcanzar el 0,4% del PIB, reforzar la oferta especialmente en niveles no obligatorios ni gratuitos y garantizar el acceso gratuito al transporte y al material escolar en las etapas obligatorias (hasta los 16 años). Por último, la proposición de ley contempla garantizar la gratuidad del servicio de comedor, incluyendo los periodos no lectivos para las familias más vulnerables.

Hijos y pensiones

El articulado de la propuesta también incluye ayudas por hijos, a la dependencia o unos pequeños retoques en el sistema de pensiones.

IU propone incluir una prestación económica por cada hijo menor de 18 años con una discapacidad del 65% o más, otra para nacimientos o adopciones en familias numerosas, monoparentales o monomarentales, otra por parto o adopción múltiple.

El documento también fija la cuantía de las ayudas a percibir. Serían de 2.400 euros anuales cuando el hijo menor de 18 años tenga una discapacidad igual o superior al 33%; de 4.418 cuando sea mayor de 18 y tenga una discapacidad igual o superior al 65% y de 6.622 cuando sea mayor de 18 años, tenga una discapacidad mayor del 75% y necesite la ayuda de otra persona para realizar los actos vitales más básicos como vestirse o comer.

En cuanto a las pensiones, IU quiere garantizar que tanto las contributivas como las no contributivas se revaloricen al comienzo de cada año en función de la previsión de evolución del índice de precios al consumo (IPC). Si la previsión se quedara corta, las pensiones se revisarían para adecuarlas en un pago único.