De Cayetana Álvarez de Toledo al CEU pasando por HazteOír: cómo la derecha y ultraderecha pelean por la educación
Desde Vox hasta la Universidad San Pablo CEU; de Cayetana Álvarez de Toledo a HazteOir, pasando por la Fundación Educatio Servanda, dueña de varios colegios católicos, derecha y ultraderecha están dando la batalla cultural en la educación con todo lo que tienen. “Hay toda una red de partidos, fundaciones, asociaciones, grupos religiosos, medios y plataformas digitales que están interviniendo en esta disputa y que pretenden controlarla y orientarla hacia los fines que ellos entienden”, sostiene Enrique Díez, catedrático en la Facultad de Educación en la Universidad de León, autor principal de una investigación que pretende “identificar a los principales actores que la integran y caracterizar los postulados y discursos que promueven”.
Díez lleva años observando con preocupación el avance de la ultraderecha en las aulas y, casi con más preocupación, cómo se minimiza el problema. “Ahora ser el malote de una clase ya no es ir con cresta, vestido de punk, o ser heavy, sino que es ser de Vox. Los jóvenes consideran que ser de Vox es ser antisistema. Parece que para mucha gente es una moda pasajera, es algo que sin más va a desaparecer, como un sarampión. Pero han venido para quedarse y están transformando no sólo el mapa político, sino la concepción de la propia política”, expone. Y para combatirla, continúa este experto, autor de varias publicaciones sobre el fenómeno, hay que conocerla.
“Yo a veces digo de forma provocativa que admiro a la ultraderecha porque ellos nos toman en serio, nos analizan, nos estudian y trabajan nuestros textos”, explica, un ejercicio que la izquierda no está haciendo. Su Ecosistema neofascista en Educación: el "mapa educativo" de la extrema derecha en España, escrito junto a Marcos-Alfonso Payá-Gómez, de la Universidad de La Rioja, Andrés Villena-Oliver, de la Complutense de Madrid, Julián Macías-Tovar, de la plataforma de análisis de redes y desinformación Pandemia Digital y Manuel Fernández Navas, de la Universidad de Málaga y publicado en la revista Comunicar, trata de arrojar luz sobre este fenómeno.
El estudio toma la campaña contra la Lomloe, la ley educativa que aprobó el Gobierno en 2020, como caso de estudio del funcionamiento de estas redes, que agrupan bajo el “paraguas” del término “neofascistas” aunque, aclaran, es un marco conceptual más que una etiqueta para cada uno de sus miembros. Unas redes en una disputa “permanente” anclada en el nacionalismo español excluyente, el conservadurismo religioso y la oposición a lo que denominan “cultura woke” o “marxismo cultural” en la que no se trata tanto de “ganar en el parlamento” —la Lomloe se acabó aprobando— como de “ganar las almas”, según lo define Díez, de “modelar la percepción de la gente”.
98 nodos
Los investigadores han identificado 98 nodos que participaron en aquella campaña contra la Lomloe: 43 personas, 42 organizaciones, cinco partidos políticos, cuatro medios, dos hashtags en X (entonces Twitter) y dos eventos. Entre esta miriada de actores aparecen el PP, Vox, asociaciones de familias, organizaciones educativas privadas y think tanks confesionales, como Pedro José Caballero, (CONCAPA), Vicente Morro (Mesa por la Educación en Libertad), José Iribas (exconsejero de Navarra), Fernando Lostao (Fundación Ángel Herrera Oria), Alejandro González-Varas (Universidad de Zaragoza), Joan Curcó (Fomento de Centros de Enseñanza) o Juan Carlos Corverá (Fundación Educatio Servanda), cita el estudio, “mostrando la transversalidad del entramado analizado”. También aparecen Enrique Ossorio (entonces consejero de Educación de la Comunidad de Madrid), Jaime Mayor Oreja (miembro de One of Us2, PNf V3 y NEOS), el economista Daniel Lacalle, fundaciones como Villacisneros, la Asociación Católica de Propagandistas o la Fundación Edelvives, todos ellos haciendo palanca, cada uno desde su sitio y con menores incluidos, contra lo que entonces era un proyecto de ley.
Esta red diversa conforma “todo un tejido” que se reparte las tareas (no literalmente, no tienen por qué funcionar de manera estructurada necesariamente). “Hay think tanks que elaboran la propuesta ideológica, hay organizaciones que hacen la labor de difusión, luego las plataformas y los medios y las redes lo amplifican y finalmente hay actores que lo trasladan a la calle, por decirlo así, con las recogidas de firmas o, en este caso, las movilizaciones”, ilustra Díez.
El estudio destaca también la presencia de dos redes “claramente interconectadas” que actúan cada una en su ámbito para conseguir el mayor alcance posible. Una de ellas está formada por Martínez Almeida, Lacalle, Díaz Ayuso, Sirio, Castrillo, Delibes, Vidal-Quadras, Priego y Álvarez de Toledo, vinculados principalmente a un eje PP-VOX, “especialmente al entorno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid”, señala el texto. Un segundo núcleo incluye a Nasarre, Durán, Rupérez, Iribas, Ossorio, Peral y González Varas, “menos vinculados a partidos y aparentemente más especializados en redes educativas y religiosas”.
Pero por encima de las organizaciones o las personas hay un evento que centralizó la acción, el Foro Educativo por la Libertad de Enseñanza, organizado por la Fundación NEOS, de Mayor Oreja. “Desempeñó un papel clave como espacio relacional, en el sentido de que contribuyó a reforzar la organización y cohesión de la red educativa al situarse en una posición estratégica entre actores y grupos diversos que de otro modo podrían no haberse coordinado”, sostiene el texto. En ese foro confluyeron los movimientos conservadores tradicionales con la derecha radical, unidos por un mismo enemigo.
La batalla cultural educativa se articula en torno a tres ejes: los contenidos curriculares (igualdad de género, memoria histórica), los modelos de gestión escolar (autonomía de los centros, conciertos educativos, lógicas de mercado) y el significado del derecho a la educación, que se discute en términos de elección de centro y gratuidad
Estos grupos articulan la batalla cultural educativa en torno a tres ejes: los contenidos curriculares (igualdad de género, memoria histórica, interculturalidad, educación afectivo-sexual), los modelos de gestión escolar (autonomía de los centros, conciertos educativos, lógicas de mercado) y el propio significado del derecho a la educación, que se discute en términos de elección de centro, distrito escolar y gratuidad, explica el texto.
Los autores concluyen proponiendo tres líneas de actuación para mitigar estas campañas. En política educativa, recomiendan “reforzar la transparencia en relación con las organizaciones que participan en la gobernanza educativa, desarrollando procedimientos de monitorización y seguimiento de estas relaciones; en formación docente, ”incorporar la alfabetización mediática crítica y el análisis de discursos autoritarios; por último, en el ámbito legislativo, “avanzar hacia la regulación algorítmica en plataformas digitales que limiten la amplificación de contenidos que erosionan los valores democráticos en educación”.
Díez cierra advirtiendo del peligro que, considera, supone la inacción del profesorado. “La academia en general y la izquierda en particular no acaban de ser conscientes del caballo de Troya que nos están metiendo con la neutralidad académica”, expone. “La mayoría del profesorado está fundamentalmente dedicado a su currículum, a sus investigaciones, y que no quiere complicarse la vida”. La esperanza, cree, está en “un sector del profesorado y de estudiantes en la universidad, pero sobre todo en el profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria, que están empezando a tomar las riendas y defendiendo la educación pública, como hemos visto en las huelgas” que hay por todo el país.