Cifuentes quiere que la policía controle las movilizaciones en los campus universitarios
Cristina Cifuentes quiere que haya presencia policial en cualquier concentración que se celebre dentro de los campus universitarios, una prerrogativa que de momento pertenece a la Universidad. Para vigilar de cerca a los estudiantes, la delegada del Gobierno en Madrid propone un acuerdo por el que los rectores se comprometan a notificar “cuando tengan conocimiento de la convocatoria de una concentración o manifestación [...] que no haya sido comunicada”.
Pero la delegada del Gobierno se ha topado con los rectores, al menos algunos, que no quieren perder ese 'fuero' por el que la presencia policial en los campus y edificios universitarios sólo es posible con su permiso. La Complutense y la Rey Juan Carlos han afirmado este martes que no la aceptarán. Ante la polémica en las aulas, la de Alcalá de Henares optó por retirar la consulta que iba a realizar sobre el texto, la misma decisión que ha tomado la Autónoma. La Universidad Carlos III ha preferido no comentar su posición sobre este tema a eldiario.es.
En una operación casi por debajo de la mesa, de la que muy pocos sabían —incluido alguno que la tenía que votar ayer mismo—, la Delegación del Gobierno en Madrid ha presentado a varias universidades un Protocolo sobre la Intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Campus de las Universidades, según reza el documento.
En la versión del texto para la Universidad de Alcalá de Henares de apenas cuatro páginas y siete cláusulas, a la que tuvo acceso este periódico y que según CCOO es extensible al resto, se establece entre otras cosas que la policía podrá acceder a los campus sin permiso del equipo de Gobierno de la Universidad (no así a los edificios). Ahora necesitan permiso para ambas.
Presencia policial en todas las manifestaciones
Además, el texto prevé la presencia de la policía en cualquier reivindicación en la Universidad: “Toda manifestación o concentración que se celebre en el interior del campus de la Universidad de Alcalá de Henares, debidamente comunicada a la Delegación del Gobierno, irá acompañada de las FCSE”, reza.
Ocurrirá lo mismo en caso contrario. El texto también establece que “cuando las autoridades universitarias tengan conocimiento de la concentración o manifestación en el interior del campus universitario, que no haya sido comunicada o que no cumpla las condiciones y requisitos de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, lo pondrá en conocimiento de la Delegación del Gobierno (…) y se indicará de manera clara la conveniencia de la presencia de las FCSE”.
Pero las universidades se han negado. Según las fuentes consultadas en cuatro de ellas, ni están dispuestos a ceder su poder de decisión sobre la presencia policial en los campus y edificios ni lo creen necesario. “No entendemos que exista una problemática en las universidades, más allá de cosas puntuales”, valora Santiago Cuesta, secretario de Universidades de CCOO. Más aún, “cuando es necesario, la policía ya entra en los campus”, recuerdan varios miembros de Consejos de Gobierno consultados. Pasó hace poco en la Complutense, para indignación de los estudiantes, durante la huelga general educativa, por ejemplo.
La Delegación del Gobierno no ha ofrecido explicaciones a eldiario.es sobre el protocolo ni las motivaciones que existen para cambiar esta manera de funcionar.
“La Universidad Complutense no va a aplicar este protocolo”, afirma un portavoz del centro. “Si hay algún tipo de delito, se comunicará”, añadió ahondando en el argumento de lo innecesario del acuerdo. “La Policía no va a entrar en este campus, con o sin protocolo. No sé si se firmará un acuerdo o no, pero sé a ciencia cierta que el rector se reservará la competencia absoluta para autorizarlo”, explica el director de Comunicación de la Rey Juan Carlos, Javier Pérez.
En la Universidad de Alcalá, que tenía que someterlo a votación en el Consejo de Gobierno de este martes, se acabó retirando la propuesta (que había sido incluida dentro de un punto general y de la que muchos de los que tenían que votarla no tenían conocimiento) “por la falta de consenso”. En la Autónoma ocurrió algo parecido.
“Los grandes perjudicados de esta maniobra son los estudiantes”, explica Santiago Cuesta, de CCOO. “Incluso la instalación de una mesa con tres personas para pedir firmas es una concentración. Algo tan común como una asamblea informativa de alumnos ante una subida de tasas no podría hacerse”, afirma, para rematar: “Nadie está diciendo que no pueda entrar [la Policía] en los campus, sino que se respete un statu quo que lleva 35 años”.
Las universidades ahora no tienen obligación de comunicar aquellas concentraciones que ocurren dentro del campus, mientras no afecten a zonas públicas. Pero hay instalaciones que están situadas en núcleos urbanos. Por ejemplo, el Rectorado de la Complutense está en una calle céntrica, aunque se considera campus. En ese tipo de situaciones sí se hace una petición. Pero si la propuesta de la delegación prosperara, sería necesario también notificar un pasacalles que se realizara por la acera del campus, aunque no fuera a cortar el tráfico.
“¿Qué tipo de reforma universitaria están preparando para que se planteen estas medidas?”, se pregunta Cuesta sobre los motivos de la propuesta. En el fondo planean los cuatro decretos que prepara el Gobierno para cambiar ciertos aspectos de la universidad (algunos tan importantes como la estructura de los grados) y que tienen el rechazo de los rectores. “¿Prevén una explosión de la conflictividad en la universidad? Las reivindicaciones en el ámbito universitario siempre han sido cívicas, sin violencia”, reflexiona.
