El consejero de Madrid duda que derivar a hospitales según discapacidad sea legal

El consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), ha dicho que establecer “unos criterios de exclusiones basados en niveles de dependencia o discapacidad” en las derivaciones de internos de residencias a hospitales no es “ético” y posiblemente tampoco sea “legal”.

De esta forma se ha pronunciado Reyero en su comparecencia en la comisión de Políticas Sociales de la Asamblea de Madrid respecto a los protocolos de derivaciones hospitalarias aplicados por el Gobierno regional durante la crisis sanitaria del coronavirus, en la que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le retiró la competencia sobre las residencias de mayores y la trasladó a la Consejería de Sanidad.

La Comunidad de Madrid eliminó el requisito de la edad a la hora de desaconsejar a los sanitarios el traslado al hospital de aquellos pacientes de más de 80 años con “compromiso respiratorio” para que el criterio sea únicamente si su estado es muy frágil o tienen patologías terminales.

Este cambio llegó tras las críticas por discriminación de la Asociación de Bioética y de la organización Derecho a Vivir. El actual protocolo, en vigor desde el 23 de marzo, incluye a los mayores de 80 con patologías y fragilidad entre los colectivos que se recomienda no llevar al hospital, junto a enfermos con cáncer terminal o personas terminales o con fragilidad muy grave.

“Ya lo hemos dejado claro desde el primer momento cuál era la posición de mi consejería”, ha subrayado Reyero, quien ha afirmado que estaba “radicalmente en contra” de imponer “unos niveles de exclusión” con base en el nivel de dependencia o discapacidad del enfermo, más allá de los “criterios clínicos” que deben imperar en la valoración de cada caso concreto.

Reyero ha indicado que se dirigió por escrito en tres ocasiones (el 22 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril) al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), para manifestarle su desacuerdo “con lo que dicen estos protocolos”, y también para recalcar que “si no era posible la derivación al hospital era imprescindible la medicalización de las residencias”.

Ha opinado que lo ilegal no es “la existencia de esos protocolos”, sino de “unos criterios de exclusiones basados en niveles de dependencia o discapacidad (...) con independencia de que eso haya podido ocurrir porque haya sido intencionado o un error o lo que sea”.