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El Consejo de Europa critica la opacidad del salvamento de inmigrantes del Mediterráneo
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió hoy un “cambio radical” en la forma de rescatar y salvar a los inmigrantes en el Mediterráneo, tras las últimas tragedias registradas que han puesto de manifiesto una “ausencia de responsabilidad, transparencia y coordinación”.
La recomendación, que se enviará al Comité de Ministros, el órgano ejecutivo que reúne a los representantes de los 47 Estados miembros, constató que esa irresponsabilidad “ha creado graves problemas” y pidió a los países que “se abstengan de practicar devoluciones” de inmigrantes.
La Asamblea también aprobó una resolución por 124 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, basada en el informe “El barco ataúd: acciones y reacciones”, que pide “tolerancia cero” con los casos de pérdidas de vidas humanas en el mar.
El 26 de marzo de 2011, murieron 72 personas que intentaban llegar a Europa en un bote, mientras en octubre de 2013 perecieron en similares circunstancias más de 400 inmigrantes y el pasado mes de mayo fueron decenas los que murieron.
En la resolución, la Asamblea pidió que se indemnice a capitanes y pescadores por “las ocasionales pérdidas financieras ocasionadas por las operaciones de salvamento” y que ellos cumplan sus obligaciones de comunicar y auxiliar a las embarcaciones de inmigrantes en peligro.
Animó, también, a los Estados a que aumenten sus cuotas para personas necesitadas de protección internacional.
La ponente del informe, la legisladora socialista holandesa Tineke Strik, culpó a los países del Consejo de Europa y a la OTAN de falta de cooperación y añadió que el Reglamento de Dublín “no es la solución, sino el problema”.
Por su parte, la parlamentaria española Delia Blanco afirmó que lo que necesitan los países de la frontera meridional europea son “recursos y más recursos, y más ayuda, colaboración y coordinación con la UE”.
La Asamblea aprobó otra resolución sobre el informe “La llegada masiva de flujos migratorios mixtos a las costas italianas”, que para algunos parlamentarios es contradictorio respecto al anterior.
Así, por ejemplo, la segunda resolución propone respetar los principios del Reglamento de Dublín, reducir el período máximo de 18 meses para que los inmigrantes “sin papeles” puedan ser detenidos y realizar test de ADN para identificar a inmigrantes y demandantes de asilo.
Sólo en 2013, llegaron a Italia desde el Mediterráneo 42.925 inmigrantes irregulares, entre ellos 27.800 demandantes de asilo. Hasta el pasado 12 de mayo, las llegadas registradas eran de 36.327.
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