La cruzada de Ayuso para 'borrar' que la sede de su Gobierno fue el mayor centro de tortura policial del franquismo
La pugna entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid por la memoria histórica de la Puerta del Sol tiene un nuevo capítulo en los tribunales. La Audiencia Nacional ha suspendido este lunes cautelarmente la declaración como Lugar de Memoria Democrática de la sede de la presidencia madrileña, que fue el centro de torturas policiales más importante de la dictadura. Los jueces han estimado así el recurso de Isabel Díaz Ayuso, que se ha opuesto de forma reiterada a colocar una placa en el edificio que recuerde la represión franquista aduciendo que podría ser perjudicial, un argumento que acaba de hacer suyo la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia.
El auto –que cuenta con un voto particular–, paraliza la declaración que el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado octubre hasta resolver el fondo del asunto. El Ejecutivo argumentó entonces que la Real Casa de Correos, sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), “asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión” de quienes el franquismo consideraba enemigos de España. Las víctimas que pasaron por sus calabozos han relatado la “extrema brutalidad” de la violencia que sufrieron a manos de la Brigada Político Social franquista y llevan años reclamando la señalización del edificio e incluso que puedan ser visitables los calabozos.
Sin embargo, el razonamiento de los magistrados apunta a que “no es posible negar de forma categórica” que declarar la sede de la presidencia como Lugar de Memoria pueda incidir negativamente “en la imagen institucional de la Comunidad de Madrid”. Es decir, dicen los jueces, “no puede afirmarse” sin lugar a dudas que la institución sufrirá un “menoscabo irreversible”, pero, a su juicio, tampoco se puede rechazar esta posibilidad.
La decisión de la Audiencia Nacional ha indignado a los colectivos de víctimas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que reclama que el tribunal pida “una disculpa pública” a las “víctimas torturadas durante el franquismo” y advierte de que los jueces están “negando que se cuente que en el edificio ocurrieron torturas cometidas por dirigentes y policías franquistas, es decir, proponen que se sigan ocultando”. “Las funciones de la Audiencia Nacional no son velar por la imagen de marca de la presidencia de la Comunidad de Madrid”, añade la asociación.
“Es una barbaridad. Lo que realmente denigra la institución es negarse a una placa que refleje lo que fue ese lugar de terror para miles de personas”, opina Rosa García Alcón, que era una estudiante de Medicina y militante del FRAP cuando en 1978 fue detenida y torturada en sus calabozos. Para las víctimas es una “anomalía” que un edificio como este no recuerde nada de lo que allí ocurrió. “La gente lo recuerda por las campanadas, pero fue mucho más que eso en nuestra historia. Las personas que lucharon por la democracia merecen un recordatorio y eso, en ningún caso, empeora la imagen de una institución, sino que la hace más grande”, añaden desde la Plataforma en defensa del memorial.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha asegurado que recurrirá la decisión y se reafirma en su objetivo. “Seguimos defendiendo que declararla Lugar de Memoria no afecta a los usos de ese edifico. Que la fachada recuerde lo que fue ese inmueble no interfiere en la actividad administrativa ni en la imagen institucional”, ha señalado el ministro Ángel Víctor Torres en línea con el voto particular del magistrado Luis Helmut Moya Meyer. “Se trata de hacer justicia con las víctimas que sufrieron muerte y tortura en ese lugar. Toda persona que se considere demócrata debería defenderlo”, ha valorado.
Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha celebrado el auto de la Audiencia Nacional acusando al Gobierno de impulsar un “empeño sectario” y de “hacer revisionismo de la historia”. La líder popular ha vuelto a hablar de “contienda entre hermanos” para referirse a la Guerra Civil y ha asegurado que Pedro Sánchez pretende “borrar a la mitad de las víctimas” de la contienda.
Epicentro de la represión
Desde 1848 la Real Casa de Correos fue utilizada como sede del Ministerio de la Gobernación, hasta que en 1939 comenzó a funcionar por orden de Franco como sede de la DGS. El historiador Pablo Alcántara, que ha investigado y reconstruido a fondo la historia del edificio, destaca el papel que desempeñó durante la dictadura. “Durante más de 40 años no fue un edificio cualquiera de la administración franquista, fue el epicentro de la represión. La DGS coordinaba los servicios policiales de todo el Estado, no solo de Madrid. Y en sus calabozos se practicaron todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Es algo que merece su reconocimiento en cualquier Estado democrático”.
Una larga lista de militantes antifranquistas sufrieron duros interrogatorios y maltrato en sus celdas, coronadas por unas alargadas ventanas que daban directamente a ras de la plaza y que aún pueden verse hoy. Marcos Ana, Julián Grimau, Enrique Ruano, Juana Doña o Concha Tristán son algunos de los destacados nombres que pasaron por los calabazos. A partir de los años 60, todos los represaliados que eran detenidos en otras ciudades pero iban a ser juzgados por el Tribunal de Orden Público también eran allí encerrados.
Sin embargo, no es este motivo suficiente para el Gobierno de Ayuso para instalar ninguna señalización que lo recuerde. El Ejecutivo autonómico ya prometió desde el inicio del trámite “usar todos los resortes legales” a su alcance para blindar el edificio y ha desplegado su habitual argumentario contra la memoria histórica. La presidencia de la comunidad ha acusado al Gobierno de intentar “manchar el buen nombre” de Madrid y asegura que vincular el edificio con el franquismo es “una auténtica barbaridad” porque “en la memoria de los madrileños y españoles” la Puerta del Sol “se vincula” con las uvas o el Kilómetro 0.
Ayuso ha echado mano incluso de sus predecesores en el cargo para oponerse frontalmente y con el argumento de “conmemorar” el 40 aniversario de la Real Casa de Correos, reunió a Esperanza Aguirre, Joaquín Leguina, Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz Gallardón en un vídeo en el que cargaban contra la idea de colocar una inscripción que recuerde su pasado franquista. Las diferentes voces apelan a la “reconciliación” de la Transición o a la “violencia republicana” del Frente Popular para justificar por qué no debe señalizarse un edificio que ya cuenta con tres placas más: una la que conmemora el levantamiento del 2 de mayo de 1808, otra en homenaje a las víctimas del 11M y una última a los muertos por la pandemia de Covid.