Acuerdo histórico para la reparación de las víctimas de la pederastia clerical. Tal y como puede avanzar elDiario.es, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los presidentes de la Conferencia Episcopal (Luis Argüello) y CONFER (Jesús Díaz Sariego) han consensuado la creación de un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado, con la participación de las víctimas y el arbitraje del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En la práctica, supone que la Iglesia deja de tener el control total sobre las indemnizaciones a quienes no podían acudir a la vía judicial. El pacto será sellado esta mañana con la firma de las partes.
Se cumple así con la principal reivindicación de las asociaciones de víctimas de la Iglesia, que este viernes serán recibidas por Bolaños en la sede del ministerio para ser informadas de los detalles del acuerdo, que, sostienen las fuentes consultadas, facilitará que las reparaciones vayan a buen ritmo.
Fuentes de la negociación han mostrado su satisfacción tras la firma del acuerdo, que supone el cuarto al que el Ministerio liderado por Bolaños llega con los obispos, después de la resignificación del Valle de Cuelgamuros, el pacto para las inmatriculaciones y el acuerdo de modificación del Concordato para que las instituciones religiosas pagaran el ICIO (impuesto de contribuciones especiales y sobre construcciones). Un acuerdo para el que Bolaños ha contado con el respaldo del secretario de Estado, Pietro Parolin, y que podría allanar el camino para el viaje de León XIV, el próximo mes de junio, a España.
Claves del acuerdo
El acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, ofrece varios ámbitos de seguridad para los supervivientes. El primero, que las víctimas no tendrán que volver a pasar, si no lo desean, por el filtro de la comisión episcopal y su polémico plan PRIVA, que en más de un año de funcionamiento apenas ha reparado a medio centenar de supervivientes de la pederastia, con indemnizaciones que han ido de los 3.000 a los 100.000 euros, unos formularios revictimizantes y sin la participación de las víctimas ni de sus representantes en el proceso. En principio, se establece el plazo de un año (prorrogable) para que los casos prescritos puedan presentarse ante las instituciones. También podrán reclamar una revisión de las cantidades abonadas aquellas víctimas que, acogiéndose al plan PRIVA, no hayan quedado satisfechas con la resolución final.
En segundo lugar, la rúbrica, por parte de obispos y religiosos de que, en caso de discrepancia, la decisión final recaerá en el Estado, a través de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, encargado de tomar una decisión definitiva. En tercer lugar, que tanto CEE como CONFER se comprometen a abonar las cantidades acordadas en el caso de que la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable no lo hicieran.
El nuevo sistema, acordado después de más de un año de duras negociaciones (y filtraciones interesadas) entre Gobierno e Iglesia, y cumple con las recomendaciones incluidas en el informe llevado a cabo por el Defensor del Pueblo, que será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación integral de las víctimas. El acuerdo, tal y como reclamaba la institución dirigida por Ángel Gabilondo, se refiere a las víctimas cuyos procesos han prescrito y, por tanto, no pueden acudir a la vía judicial.
¿Cómo se implementará el nuevo mecanismo de reparación? A diferencia de lo ocurrido hasta la fecha, en la que la víctima debía pasar, obligatoriamente, por el filtro de la Iglesia, a partir de ahora el procedimiento arrancará ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Será este organismo público el que realizará una propuesta de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica), en función de lo solicitado por la víctima, que desde el principio podrá plantear sus necesidades.
Una vez elaborada la propuesta, se enviará al plan PRIVA, dependiente de la Iglesia, que hará su propia evaluación. Si hay conformidad entre las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo. Si la víctima o la Iglesia muestran su disconformidad con la misma, se convocará una Comisión Mixta, con la participación de las asociaciones de víctimas (otro gran logro del acuerdo), que deliberará hasta alcanzar un acuerdo unánime. Si persiste el desacuerdo, será el Defensor del Pueblo, a través de la Unidad de Víctimas, adoptar una resolución definitiva, a la que la Iglesia habrá de dar cumplimiento en plazo.
Del “pocos casos, o ninguno” a la aceptación de la realidad
Por parte de la Iglesia, la firma del pacto supone el reconocimiento del fracaso de su gestión respecto al drama de la pederastia. Y es que los obispos han pasado, en los últimos años, de negar la existencia del problema (“hay pocos o ningún caso”, llegó a decir el hoy presidente Argüello) a encargar una auditoría –nunca publicada, pese a haber costado 1,2 millones de euros– a Cremades, mientras impedían sistemáticamente la participación de las víctimas, o que el Estado pudiera intervenir en las indemnizaciones de supervivientes de abusos en la Iglesia. Finalmente, aprobaron por unanimidad el plan PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos) para indemnizar a los supervivientes de la pederastia cuyos casos hubieran prescrito.
Un plan que se puso en marcha sin contar con las víctimas, que no estaban representadas en el mismo ni forman parte del proceso de decisiones, y en el que tampoco participaba el Gobierno, porque los obispos entendían que la suya debía ser una vía “unilateral”, sin atender (como pedía la auditoría de Cremades, el Ejecutivo y las víctimas) a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, quien propuso la creación de un órgano administrativo especial, una suerte de comisión mixta Iglesia-Estado para reconocer y reparar a las víctimas. En definitiva, la propuesta finalmente acordada.
Desde el principio, la Iglesia se negó a colaborar aportando recursos. A comienzos del pasado año, Félix Bolaños advirtió a la CEE que el Ejecutivo no consentiría que los obispos indemnizaran de manera unilateral a las víctimas de abusos. Sin embargo, pasaron los meses y las víctimas seguían sin respuestas. De hecho, las principales asociaciones de víctimas optaron por dejar de considerar a la Iglesia española un interlocutor válido tras una reunión con la Comisión de Tutela Minorum del Vaticano, que aceptó negociar directamente con ellas. Ahora, por fin, logran una comisión mixta en la que estarán representadas desde el principio, y la garantía de que, en caso de discrepancia, será el Defensor del Pueblo quien tome una decisión que la Iglesia estará obligada a cumplir.
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