La industria de la carne lleva años pagando a científicos y universidades para bloquear políticas climáticas

Raúl Rejón

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La industria cárnica en Estados Unidos lleva décadas invirtiendo millones de dólares para conseguir que universidades e investigadores sean sus aliados a la hora de entorpecer medidas contra el cambio climático que perjudiquen su negocio. Y, de momento, la empresas están satisfechas con el resultado, según una investigación recién culminada de las universidades de Yale y Miami.

Las autoras de este trabajo, Viveca Morris y Jennifer Jacquet, han rastreado cómo decenas de compañías y organizaciones del sector ganadero se han esforzado (a base de dinero) para minusvalorar la responsabilidad de la ganadería en la crisis climática, minimizar la necesidad de regular sus emisiones y promover soluciones diseñadas por la propia industria para mantener la producción. “Están implicados en numerosos programas multimillonarios con universidades para obstruir políticas que les sean desfavorables e influir en el discurso climático”, describen.

Porque el sector de la carne en Estados Unidos no es algo pequeño. El país es el principal productor de vacuno del mundo, con unos 13 millones de toneladas anuales. Y el segundo consumidor de esta carne per cápita, con más con 26 kilos por persona al año. También es el tercer productor porcino, con unos 12 millones de toneladas.

Todo empezó, apuntan, cuando en 2006 se publicó el informe encargado por la FAO La larga sombra de la ganadería que fue la primera investigación internacional que ligaba el ganado y el cambio climático. Este organismo de la ONU señalaba que el 18% de las emisiones de gases invernadero venían del ganado. El sector entendió que se le había abierto un frente. Y que para enfrentarlo no le bastaban solo declaraciones de responsables de la industria, sino que precisaban de la pátina de influencia del mundo académico.

Esa certeza se tradujo en un texto y una relación económica que se extendería por años. Frank Mitloehner, un profesor de la Universidad de California, preparó la respuesta al informe de Naciones Unidas, y lo pagó la industria cárnica.

Están implicados en numerosos programas multimillonarios con universidades para obstruir políticas que les sean desfavorables e influir en el discurso climático

“A esa respuesta le siguieron millones de dólares puestos por este sector para, durante 15 años, apoyar el trabajo y la promoción pública de Mitloehner, promover su figura como la de un experto en clima y ayudarle a lanzar en 2018 el Centro Davis para la Claridad y el Liderazgo en la Investigación y Conciencia Ambiental, el CLEAR de la Universidad de California.

Al comprobar el éxito de su campaña, la industria ha tratado de replicar el modelo con algunos de los pupilos de Mitloehner, como la profesora Stackhouse-Lawson que saltó de la dirección de un grupo cárnico (JBS) a dirigir un centro de investigación sobre sostenibilidad ganadera de la Universidad de Colorado.

“Hacen más labores de relaciones públicas y lobby que investigación”, reflexiona Jennifer Jacquet, una de las coautoras de la investigación. Ambos han recibido cantidades significativas para sus investigaciones por parte de la industria y dirigido centros universitarios que obtienen financiación de esos grupos. Ambos han sido empleados por empresas del sector y ambos han omitido esas fuentes de financiación en foros donde suele informarse de esas relaciones. Los dos han llevado políticos a eventos de la industria.

“Las vacas no tienen la culpa”

Cuando La sombra de la ganadería tomó vuelo mundial, el editor de una publicación agroganadera llamado Steve Cornett advirtió a la plataforma de productores de vacuno estadounidense Beef Checkoff de que les había estallado un problema de relaciones públicas.

Así que en 2009 esa Beef Checkoff decidió pagar 26.000 dólares a un doctorado en Producción Animal por la Universidad de Texas para que hiciera una evaluación del informe. “No está claro por qué se buscó a Mitloehner para redactar una respuesta, a pesar de que no fuera su área de conocimiento”, puntualizan Morris y Jacquet. Ese año, Mitloehner cofirmó el artículo Aclarando el aire: la contribución de la ganadería al cambio climático. Sin negar los datos empíricos, el texto sí cuestionaba la responsabilidad de la ganadería de EEUU y criticaban la metodología. El paper no advertía sobre la financiación recibida de los productores de carne.

“No culpen a las vacas”: con ese titular informó la universidad de California Davis sobre la publicación de Mitloehner. Lo hizo, destacan las autoras de esta investigación, “restando importancia a la relación entre el ganado y el cambio climático”. En el texto, el profesor era más que claro: “Podemos reducir nuestras emisiones de gases, pero no consumiendo menos carne o leche”, decía, para dibujar acto seguido apocalíptocas consecuencias de tomar medidas de control. “Producir menos solo generará más hambre en los países pobres”, aseguraba. Sin embargo, ninguna de estas conclusiones aparecían en paper científico que él mismo firmaba y referenciaba.

Mitloehner consigna que ha recibido casi 5,5 millones de dólares de la industria cárnica para financiar sus investigaciones desde 2002 (casi la mitad del total que ha obtenido para todos sus proyectos), aunque esta investigación de Yale ha hallado más cantidades opacas. “No informa de sus vínculos financieros y profesionales con los grupos cárnicos que van más allá de la actividad investigadora”, destacan Morris y Jacquet.

En 2018, este profesor fue nombrado director del centro CLEAR de la Universidad de California Davis que, una vez más, ha obtenido donaciones millonarias de la industria. Solo el Instituto de Investigación y Educación sobre Alimentación (IFEEDER), que es una prolongación de Asociación de la Industria Alimentaria estadounidense, ha invertido allí 2,8 millones de dólares. Cuatro veces más que el American Petroleum Institute ha donado a toda la universidad.

La alumna sigue al maestro

En 2019, la Universidad de Colorado anunció un proyecto sobre “sostenibilidad ganadera” en colaboración con el Consejo del Vacuno de Colorado, la Asociación de Ganaderos de Colorado, la Oficina de Granjas de Colorado y la Asociación de Ganadería de Colorado. Un año después, esa institución contrató como primera directora del centro –que luego se llamaría AgNext– a Kimberly Stackhouse-Lawson. Doctora en Biología Animal, Stackhouse-Lawson tuvo de director de tesis, precisamente, a Frank Mitloehner.

Antes de recalar en AgNext, esta profesora fue directora ejecutiva de Sostenibilidad en la Asociación Nacional de Ganaderos de Vacuno entre 2011 y 2016. Según ella misma relata, se dedicaba entre otras cosas a “colaborar estrechamente con profesionales de la comunicación para promover la imagen del vacuno y defender la libertad del sector para mejorar la confianza en el vacuno de los consumidores y agentes interesados”. Después de esa experiencia pasó cuatro años (de 2016 a 2020) como directora de Sostenibilidad de la compañía JBS USA, filial de una las mayores procesadoras de carne de Estados Unidos.

Como directora, dice este trabajo, ha supervisado la recaudación de fondos y el crecimiento de uno de los mayores centros universitarios dedicados al cambio climático y la ganadería –obteniendo financiación de múltiples empresas relacionadas con el sector– al tiempo que recibía fondos públicos para ese mismo centro. También se ha implicado en las políticas que regulan la carne, rematan las investigadoras.

“Actualmente, tanto CLEAR como AgNext están entre los centros universitarios más destacados involucrados en conformar el conocimiento público y las políticas relacionadas con los impactos de la industria ganadera”, indica esta investigación. En resumen, las autoras destacan que algunas empresas de la carne han reconocido que sus altos ejecutivos en sostenibilidad “son más valiosos para la industria” si se colocan en instituciones académicas que dentro de las propias empresas, y han defendido dedicar dinero para “apoyar a sus antiguos empleados”.

La situación en España

El caso de Estados Unidos puede parecer lejano, pero no lo es tanto. En 2015, en España, el sector de la carne de cerdo creó toda una campaña mediática –intentando no dejar rastro– para desmentir los informes de la ONU que apuntaban a los perjuicios de consumir productos derivados de esa carne.

Las organizaciones de la carne Interporc, Provacuno, Asici e Interovic contrataron a una empresa externa llamada Sprim para contrarrestar la evaluación de la OMS que relacionaba el cáncer colorrectal con los procesados cárnicos. Se trataba de coordinar las peticiones de información de medios de comunicación mediante “diferentes expertos con los que se acordó su colaboración como especialistas en nutrición y salud”, rezaba la planificación. Nunca se decía que estos expertos eran remitidos por una empresa contratada por la industria cárnica.

Además, se elaboró una estrategia a medio plazo para que las bondades del producto fueran divulgadas por terceros, siempre sin que se viera el vínculo directo con las patronales.