Una inmigrante con una enfermedad infecciosa grave estuvo sin control sanitario más de año y medio

La sanidad pública madrileña negó unas pruebas médicas a una inmigrante por exigirle el pago de facturas pendientes tras ser ingresada de urgencia. La mujer, que padece hepatitis b, ha estado más de un año sin control sanitario ni tarjeta a pesar de que sufrir una enfermedad infecciosa grave le garantiza el acceso a la asistencia en la Comunidad de Madrid. Además, por su precaria situación económica, la mujer tenía derecho a la tarjeta sanitaria por límite de ingresos.

Adela (nombre ficticio) ha vivido un año y medio con la ansiedad de quien sufre una patología crónica grave y no tiene cobertura médica de ningún tipo. En agosto de 2012 caducó su tarjeta sanitaria y en un centro de salud madrileño le dijeron que ya no tenía derecho a la sanidad pública en virtud del Real Decreto de 2012 que excluye a inmigrantes sin cotización, entre otras personas. Acudió a una aseguradora, que le negó un seguro debido a sus problemas de salud. Quedó así inerme con el virus de la hepatitis actuando en su organismo.

En diciembre de aquel año acudió a urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, de la red pública, “porque no aguantaba más”. Llevaba varios días con fiebre alta y fuertes dolores fruto de la enfermedad. “Allí me atendieron bien. Me tuvieron que ingresar 24 horas y me dieron cita para que me viera el especialista porque necesitaba algunos análisis”, relata.

Pero cuando le dieron el alta hospitalaria, tuvo que personarse en administración. “Dijeron que me pasarían una factura y que llamase a facturación en los próximos días”, relata. Ella, como no tenía seguro y temía no poder pagar la factura, no llamó. Acudió a los pocos días al Centro de Especialidades de Avenida de Portugal –dependiente del Hospital Clínico– para las pruebas que le habían pedido. En el mostrador la rechazaron al informarle de que “no podían atenderme porque tenía una deuda pendiente con el hospital”. Adela imaginaba que la cantidad ascendería a “unos 300 euros o así”, pero la factura que llegó a su casa fue de 2.246 euros, una cantidad que no ha pagado y que ahora teme que le afecte en una ayuda social a la que aspira, por tener un hijo a cargo sin ningún ingreso.

Adela llegó a Madrid en 2010 desde Rumanía para montar un negocio, con un permiso de residencia que sigue en vigor. Pero las cosas no salieron como pensaba. El proyecto fracasó y, al final, encontró un trabajo sin contrato como relaciones públicas, seis horas al día en la calle. Así que cuando le advirtieron en la ventanilla del ambulatorio de que “necesitaba contrato de trabajo para la renovación de la tarjeta” se lo creyó.

La mujer, con apenas ingresos, tenía derecho a la tarjeta por la opción de límite de renta, pero ella afirma que nadie se lo dijo. Además, padece una enfermedad infecciosa y crónica –la hepatitis B– circunstancia por la que la Comunidad de Madrid también reconoce el derecho a la atención por un supuesto de salud pública.

La historia de Adela es cúmulo de desinformación y malas prácticas que denuncian las organizaciones sociales desde que el Real Decreto 16/2012 excluyó de la sanidad pública normalizada a cientos de miles de personas. El 1 de septiembre de 2012, más de 700.000 personas perdieron su tarjeta sanitaria y, aunque la cifra ha cambiado a lo largo de estos dos años, el Ministerio de Sanidad no ofrece el número de afectados en la actualidad.

El hospital responsabiliza a la afectada

En el Hospital Clínico San Carlos justifican que la factura no es tal: “Se trata de una factura meramente informativa que se manda a todos los que no traen la tarjeta sanitaria. La paciente debería haber comunicado su situación al departamento de facturación y se le hubiese anulado la factura”. Pero luego esa factura “meramente informativa” sirvió para no practicarle las pruebas indicadas por los médicos del hospital. En su opinión, “se trata de una falta de información de la paciente”. En el centro sanitario aseguran que anularán la factura si la afectada acude a explicar sus circunstancias.

“¡Si me hubiesen dicho que era solo una factura informativa, habría ido y así me podrían haber hecho los análisis!”–responde con enfado al conocer las explicaciones oficiales– “No me lo dijeron”, asegura. Desde el hospital afirman que en el mostrador no conocen cada caso y que tendrían constancia de que “esa factura estaba en el aire”.

En la Consejería madrileña de Sanidad se refieren al mismo error de la paciente. “Si hubiese notificado su situación, de que era inmigrante regular sin recursos y con una enfermedad crónica se le habría atendido en Avenida de Portugal”, cuentan. Un portavoz de la Consejería admite que “en la Comunidad de Madrid se atiende a las personas con enfermedades infecciosas y con enfermedades crónicas diagnosticadas antes del decreto de 2012”.

Según esta versión, Adela debería haber exigido su derecho. Sin embargo, los profesionales médicos del centro de salud y del hospital, que tuvieron acceso al historial médico de la mujer en el que figura que padece hepatitis B, nunca le dijeron que debido a la enfermedad que padece tiene acceso al seguimiento médico. Tampoco alertaron de que se encontraba sin atención una persona que, por su capacidad de contagiar la enfermedad, supone un riesgo para las personas que la rodean. Dejaron que se fuera, sin tratar.

Las irregularidades continúan

El caso de Adela, como el de una embarazada que no fue atendida en Valencia en las urgencias de un hospital por negarse a firmar un compromiso de pago, y el de Óscar, que llegó a pagar una factura en otro centro público madrileño, son “casos puntuales” para la Administración. Las plataformas sociales que luchan contra la exclusión sanitaria, como Yo Sí, Sanidad Universal, denuncian que el decreto ha traído consigo una gran confusión y que las irregularidades continúan. “Depende de los centros sanitarios, pero sigue habiendo problemas de emisión de facturas, por ejemplo”, cuenta una miembro del colectivo.

El colectivo Yo Sí ha creado un registro para que quede constancia de estas ocasiones en las que se vulneran los derechos de las personas sin acceso a la sanidad. Entre diciembre de 2013 y junio de 2014 anotaron 319 casos. El Ministerio de Sanidad no ha respondido a este medio sobre si las personas con enfermedades infecciosas tienen garantizada la atención en todo el país, aunque no tengan tarjeta sanitaria.