Crece la demanda de la justicia gratuita mientras Gallardón ultima su recorte
A punto de tramitarse la reforma del acceso a la justicia gratuita, cada vez más ciudadanos necesitan ese servicio público. En los primeros tres meses del año han crecido un 2,3% los asuntos que han entrado en los juzgados, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y con ello la demanda de letrados de oficio. Por ejemplo, en Madrid –una de las regiones con mayor presión en los juzgados– se ha traducido en un 10% más de designaciones (de 57.157 en 2013 a 63.338 en 2014). En toda España, los últimos datos de 2013 se cerraron con 951.000 solicitudes, un 18% más que un año antes.
Este repunte se produce precisamente cuando se está completando el proceso de tramitación de la nueva ley que regulará el acceso a la justicia de las personas sin recursos suficientes. Los abogados ya han reiterado que con la reforma que prepara el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón“no queda garantizada la financiación y se pierde el servicio público”.
De hecho, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) considera que la nueva ley sera “restrictiva” y ha remitido una carta al comisario europeo de Derechos Humanos, Johannes Hahn, para explicar “la indefensión en la que quedarán los ciudadanos españoles”. Según ellos, el modelo diseñado por Justicia, que modifica los baremos económicos para acceder a este servicio y los combina con la situación familiar, supone una traba al acceso. El ministerio calcula que “ampliará” el número de personas con derecho mientras que el CJPG, en su informe del anteproyecto de ley, dudaba de que se ensanchara el umbral para obtener el servicio.
La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, analiza que “ha crecido mucho, por ejemplo, la jurisdicción civil por todos los procesos que han provocado las ejecuciones hipotecarias, las reclamaciones de las cláusulas suelo de los prestamos o las preferentes”. De hecho, el CGPJ reseña que estos procesos civiles acumulan un 17,5% de crecimiento este año. En Madrid se han necesitado 2.153 más abogados en esta rama (un 19,2%). En total, 5.055 letrados madrileños sirvieron a este servicio por los 4.915 de 2013.
Los abogados del turno de oficio de toda España han confirmado que los días 30 de julio y 10 de septiembre no prestarán atención a los imputados, siempre que no estén detenidos, ni realizarán orientación legal previa ni acudirán a los juicios rápidos en protesta por la reforma gubernamental.
Un problema de dinero
Los abogados de oficio son una garantía para que cualquier ciudadano pueda acudir a los tribunales aunque no posea recursos económicos para costearse un letrado. Como tantos otros servicios públicos sustentados con los impuestos está soportando los recortes presupuestarios. En 2013 cayó un 4% el dinero destinado a la justicia gratuita –de 232 a 223 millones–. Desde 2009, cuando se asignaron 266 millones, la reducción del presupuesto se sitúa en el 16%.
Así que, con un servicio que crece y menos fondos para mantenerlo, la reforma de Gallardón incide en ambas facetas. Por un lado cambia los criterios para acceder a este derecho y por el otro modifica la manera de financiarlo: parte se hará con presupuesto, pero otra parte debería llegar de las tasas judiciales que impuso Justicia a muchos trámites para los ciudadanos.
Gumpert asegura que “hasta la fecha no se ha hecho llegar ese dinero a las administraciones autonómicas que deben mantener la justicia gratuita. De hecho, tanto Madrid como Andalucía, han reclamado esas cantidades al ministerio, que lleva recaudados unos 300 millones de euros por este concepto.
Las nuevas tasas judiciales creadas por el Gobierno en 2012 derivaron en un descenso de un 3,8% de la litigiosidad en el primer año de aplicación completa de esta medida, 2013. Este 'copago' es el responsable, según el Observatorio de la Justicia, de buena parte del crecimiento de peticiones de justicia gratuita del año pasado. Pero esa caída de asuntos juzgados, como ha indicado el informe del Poder Judicial, se ha revertido este curso.
Uno de los motivos para hacer pagar a los ciudadanos por presentar recursos judiciales era, según Justicia, evitar alargamientos tramposos de los procesos. Igual argumento se ha utilizado para endurecer los criterios de los abogados de oficio, aunque sólo el 15% de las designaciones de estos letrados se hacen para tratar asuntos que ya han sido juzgados.
