Los médicos alertan a la Justicia de que la sentencia sobre la ozonoterapia provoca “inseguridad clínica” a los pacientes

Personal sanitario atiende a un paciente en una UCI

elDiario.es


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El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) se ha pronunciado a través de una carta dirigida al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, sobre el caso de la jueza que ordenó permitir la aplicación de ozonoterapia de “uso compasivo” a un paciente de COVID-19 del Hospital de la Plana de Castellón. “Nos provoca estupefacción a la profesión médica este pronunciamiento judicial, que con interés, probablemente, de ayudar al paciente le coloca en una situación de grave inseguridad clínica, añadida a su difícil situación actual”, recoge el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, firmado por Tomás Cobo, el presidente del CGCOM.

El pasado 11 de agosto el juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Castellón accedía a la solicitud de la esposa del paciente ingresado desde julio por una neumonía grave derivada de la COVID-19 en la UCI del Hospital de la Plana. El afectado, de 49 años, no estaba vacunado, de manera voluntaria. El planteamiento implicaba la aplicación de esta terapia por un profesional ajeno al hospital, “con todas las connotaciones que esta particularidad introduce”, como “una clara disfuncionalidad y un conflicto de seguimiento del paciente y atribución de los resultados”, indica el comunicado de la Organización Médica Colegial, que representa a todos los profesionales colegiados.

Pero el hecho de administrar el tratamiento por trabajadores ajenos a la plantilla del centro no era el único motivo por el que el personal sanitario del centro se negó a aplicar ozonoterapia. Esta no aparece en la cartera de servicios que ofrece el hospital, no cuenta con la aprobación de la Agencia Española del Medicamento, y carece de evidencia científica: “El sistema sanitario tiene la obligación de garantizar que las técnicas o productos que puedan elegirse cumplan las condiciones de eficacia o, al menos, de inocuidad”, recuerda la organización médica.

“Contra todos los criterios científicos”

Por ello, el CGCOM considera al auto, que obliga al centro a aplicar el tratamiento, “contra todos los criterios científicos expresados, atendiendo, seguramente a la desesperación de la familia y en desatención al basamento técnico de los responsables sanitarios que se oponían a ello”. Cobo también califica de “imposición judicial de iniciación de un tratamiento que desoye las recomendaciones del equipo encargado de la atención al paciente”, y que puede “contribuir a que se diluyan las responsabilidad y el paciente sufra las consecuencias”.

El presidente de la Organización Médica Colegial llama la atención sobre “la gravedad del hecho de que un pronunciamiento judicial sobre decisiones clínicas pueda alterar gravemente los procesos de evaluación que desarrollan las sociedades científicas” y también las guías y la evaluación del Sistema Nacional de Salud.

Por su parte, la conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ya se ha pronunciado sobre este tema y estudia denunciar a la familia del paciente por sus declaraciones sobre que el hospital público “obstaculiza” el trabajo del equipo médico que aplica el tratamiento. En este sentido, la consellera Ana Barceló ha defendido la “profesionalidad del personal sanitario” del hospital de La Plana.

Otras asociaciones y grupos relacionados con la medicina se están pronunciando estos días ante la decisión del juzgado de Castellón, como la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME), que ha mostrado su apoyo al equipo sanitario del hospital de la Plana, así como su “rechazo ante la imposición judicial”, “preocupación sobre las consecuencias”, sobre todo por el posible perjuicio que podría tener esta medida para le paciente, “inquietud” por el “precedente peligroso de solicitud de tratamientos no aprobados o de pseudoterapias en otras enfermedades”.

Finalmente, el consejo de médicos se ha ofrecido a mediar para “evitar decisiones poco fundamentadas en la ciencia y práctica médica”. Asimismo, el escrito trasladado al presidente del Consejo General del Poder Judicial apunta que “la judicialización de la Medicina, a espaldas de los fundamentos clínicos de la asistencia, introduce un elemento de distorsión en la práctica clínica y un eventual motivo de confrontación entre todas las partes intervinientes”. 

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