Isabel, del desahucio al destierro (solidario)
Trece noches. Fueron trece noches las que Isabel y su familia durmieron en la calle, a escasos metros de la puerta de la que era su casa, en el madrileño barrio de Villaverde. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, empresa pública propietaria de su vivienda de alquiler social, les dejó sin techo el 25 de septiembre. Pasaron los días en el patio de vecinos, durmiendo en colchones tendidos en el suelo, con la esperanza de que llegara una solución. Los medios se ocuparon del caso y las cadenas de televisión convirtieron la historia en objeto de informaciones, tertulias y especiales.
Pero no fue hasta el 14 de octubre, veinte días después del desahucio, cuando alguien les tendió verdaderamente una mano: una pareja de jubilados y activistas de la PAH. “Nos han cedido una casa en un pueblo de Toledo por un año”, relata sin apenas contener la emoción Isabel, que dice que “su derecho a un techo” se le ha hecho “realidad”. Una garantía social que no le ha proporcionado el Ayuntamiento de Madrid, sino la solidaridad de las personas. “Nos han brindado protección ante el acoso y el maltrato de la EMVS”, entidad que “se cerró a la negociación” con la familia tras varias solicitudes de reducción de la cuantía del alquiler social.
Isabel y Benigno, su marido, ya no viven a la intemperie; tampoco su hija de ocho años. Pero el desamparo les sigue pasando factura. “No esperaba que el desenlace fuera así. En los primeros momentos, yo me vi muy fuerte, muy valiente, pero esas dos semanas en la calle han hecho mella. Desde el momento del desahucio, mi vida se paralizó”. Su marido quedó también debilitado. Lo que parecía un catarro, la vida en la calle lo convirtió en una neumonía que le obligó a pasar por urgencias antes de marcharse a Toledo.
“Es un desarraigo muy fuerte”
Pero Isabel ha encontrado un oasis en el activismo antidesahucios. Dice que la lucha es lo “único” que la hace “sentirse útil”. Por eso ha abierto camino junto a algunos vecinos del pequeño municipio de El Casar de Escalona (Toledo) para ayudar a las personas con riesgo de perder su vivienda. El pueblo se ha volcado con la causa y el alcalde les ha prometido un alquiler social si, por el motivo que sea, tienen que dejar esa vivienda. “Los vecinos son muy solidarios. A nosotros nos han acogido con cariño, pero todavía nos cuesta adaptarnos. Miro al horizonte, y sigo viendo mi casa. Es un desarraigo muy fuerte”.
La familia tampoco se siente con fuerzas para ver las imágenes del día del desahucio. La mañana del 25 de septiembre vieron cómo el barrio quedaba acordonado por 30 furgones de la policía. Eran las 7.00, la hora límite establecida por la EMVS para que abandonaran su vivienda. Resistieron, apoyados por un tejido solidario de vecinos y activistas de la PAH y el 15M, pero el músculo institucional terminó venciendo. Antes de las 11.00, todos estaban fuera. “Actuaron con mucha violencia. Mi madre tuvo que ser trasladada a urgencias por el SAMUR. El estado de nervios que vivimos esa mañana no se puede explicar”, recuerda Isabel.
La pareja echa un pulso al día a día gracias a las pensiones que reciben ambos por discapacidad. Son 720 euros mensuales a los que se suman lo que “puede aportar” el padre de Isabel, que también convive con ellos. Desde que llegaron al pueblo, intentan emprender nuevos proyectos que les ayuden a salir poco a poco de la pesadilla de los últimos meses. Una coyuntura desesperante que, además de privarles del que fue su hogar durante 20 años, ha disgregado a su familia. “Mi hermano y mi madre me culpan del desahucio. Hemos perdido relación desde aquello”, explica Isabel.
La PAH lleva meses denunciando que las empresas municipal y autonómica de viviendas de Madrid han puesto en marcha un proceso de privatización de la vivienda social. Junto a la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha interpuesto un recurso contra la Comunidad de Madrid para evitar lo que consideran un “desmantelamiento y expolio de la vivienda pública” tras la venta de casi 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a empresas y fondos de inversión.
