Las patronales de la concertada afirman que sí cumplen con el derecho a la educación

Madrid, 24 abr (EFE).- Las principales patronales de la concertada han valorado que el informe más extenso publicado hasta la fecha sobre las cuotas que cobran estos centros recoja su “crónica infrafinanciación” y muestra su preocupación porque sugiera que no cumplen con la garantía constitucional del derecho a la educación.

En un comunicado enviado este miércoles, la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Escuelas Católicas y la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, que agrupan a miles de colegios, responden así al informe 'El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas', publicado por el Centro de Políticas Económicas de Esade.

Las patronales consideran que esta investigación supone “un avance interesante en la comprensión del panorama educativo” y reconocen la importancia de su “exhaustividad”, especialmente al destacar la diversidad de los centros en la red concertada.

Valoran que el informe recoja “la insuficiente financiación de la educación en España, así como la crónica infrafinanciación de la escuela concertada. Es urgente cumplir con el mandato legal (LOE y LOMLOE) de calcular el coste real de la plaza escolar y garantizar su sostenimiento pleno, sin que los titulares de los centros o las familias de los alumnos deban contribuir económicamente para su supervivencia”.

Sin embargo, les preocupa que “el informe sugiera que la enseñanza concertada no cumple con la garantía constitucional del derecho a la educación, basándose en la percepción de que los alumnos no pueden acceder gratuitamente a estos centros. Cualquier familia puede solicitar plaza” sin obligación de pago por la enseñanza financiada por el concierto.

“Es incorrecto e injusto sugerir que los centros concertados incentivan el cobro de cuotas ilegales. Todas las contribuciones de las familias son voluntarias y destinadas a actividades o servicios adicionales, como se establece claramente en los documentos de concierto. La regulación actual ya establece amplios sistemas de control de las cantidades que los centros concertados perciben”.

Además, lamenta que el informe no aborde “adecuadamente el impacto segregador de las políticas públicas que limitan el acceso a becas de comedor, transporte y apoyo a necesidades para familias de la escuela concertada, ni considera la falta de oferta concertada en muchas zonas rurales o de menor población”.

En el comunicado conjunto, las tres patronales tachan de “muy grave que el informe diga que la enseñanza concertada no cumple el objetivo constitucional de garantizar el derecho a la educación”.

“La realidad demuestra que cualquier familia o alumno puede solicitar plaza y ser admitido en un centro concertado donde recibirá la enseñanza objeto de concierto sin obligación de abonar ninguna cantidad por tal prestación. Otra cuestión distinta es que los servicios complementarios y extraescolares tengan un coste no sufragado por las administraciones, pero que siempre tienen carácter voluntario y no lucrativo”.

También censuran la afirmación del estudio acerca de que el sistema de conciertos contribuye a incentivar el “cobro de cuotas ilegales en teoría pero habituales en la práctica”.

“No podemos aceptar semejante afirmación ya que todas las cantidades percibidas por los centros son abonadas voluntariamente por las familias, bien como donaciones o bien como cuotas por actividades o servicios prestados fuera de la impartición de las enseñanzas objeto de concierto”.