La Politécnica de Madrid pretende deshacerse de 138 trabajadores a los que debe readmitir

La Universidad Politécnica de Madrid se niega a readmitir a los trabajadores que despidió ilegalmente. Está proponiéndoles aceptar despidos improcedentes para sacárselos de encima sin cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que dictó su readmisión en junio. Se trata de 138 trabajadores –de los 156– que se vieron en la calle de golpe en 2013. La UPM amortizó los puestos de trabajo, es decir, los hizo desaparecer de sus presupuestos.

En una carta enviada el 25 de septiembre a los trabajadores, la gerente, Carmen García de Elías, les informa de que “su puesto de trabajo sigue sin existir, al haber sido amortizado”. La dirección de la universidad no les quiere en sus dependencias a pesar de que el fallo del Supremo estableció que debían “reincorporarse”, como reconoce la propia García de Elías.

La readmisión debió producirse el 1 de agosto. Entonces, la gerencia determinó que los empleados se tomaran las vacaciones no disfrutadas desde que los despidió. 42 días a casa. Se les convocaba el 15 de septiembre. Una vez pasado ese periodo, la misma gerencia repite que los puestos de trabajo siguen esfumados. “Es una situación verdaderamente complicada desde el punto de vista jurídico y económico. La UPM acordó en Consejo de Gobierno esa amortización después de dos procesos de negociación con los representantes de los trabajadores, que finalizaron sin acuerdo entre ambas partes”, ha contestado a eldiario.es un portavoz del Rectorado.

“La universidad despidió hace un año y medio a técnicos de laboratorio, ordenanzas, informáticos, personal de mantenimiento, personal de biblioteca.... cuyas funciones se tienen que seguir desempeñando”, cuentan a eldiario.es fuentes del comité de empresa. El Consejo de Gobierno de la UPM acordó los despidos el 9 de marzo de 2013. El 12 y el 13 de ese mes comunicó la extinción del contrato a los interesados, que el día 31 estaban fuera. Adujeron causas económicas u organizativas para este despido colectivo que fue, finamente, declarado nulo.

El comité tuvo una reunión con la gerencia el martes 30 de septiembre. La UPM aduce que los Presupuestos Generales del Estado les impiden acatar la sentencia del Supremo. “Existe la imposibilidad legal de convocar esos puestos –reiteran– como consecuencia de la congelación de la oferta de empleo público impuesta por las leyes desde 2011”. En el encuentro, según los que asistieron, la universidad proponía que los trabajadores aceptasen esta situación y admitieran ser despedidos o, de lo contrario, seguir adelante con su reclamación. En este caso no tendrán ocupación alguna a cambio del sueldo, situación que, indican, no podrá “mantenerse” por mucho tiempo.

Daños a la actividad universitaria

“Sigue habiendo laboratorios y departamentos bajo mínimos”, cuenta uno de los trabajadores afectados por la sentencia que no quiere dar su nombre ante posibles represalias por parte de la gerencia. “Eliminaron nuestros puestos de trabajo de manera ilegal, según reconoció el Tribunal Supremo, y ahora no quieren admitir ese error”, explica. El bufete de abogados que lleva las negociaciones, Sagardoy, “nos ofrece desvincularnos de la UPM mediante despidos improcedentes, todo con la amenaza de un posible ERE a la vista”, cuenta.