La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso ha aprobado esta mañana la Ley de Convivencia Universitaria, que queda así pendiente de su validación en el Senado para entrar en vigor. Esta nueva ley sustituye a la actual normativa vigente, que databa de la dictadura de Franco (1954) y establece un marco común para las universidades públicas –las privadas quedan fuera– para la resolución de conflictos en los campus y el procedimiento disciplinaria ante faltas como el acoso, las novatadas, el plagio o copiar en un examen.
La norma se presentó en un principio con un gran acuerdo entre todas las partes implicadas con una apuesta por la mediación como elemento central en la resolución de conflictos, pero una serie de enmiendas aprobadas por el PSOE, UP y ERC sacaron de este acuerdo a los principales organizaciones de estudiantes (CREUP y CEUNE) y a los rectores (la CRUE) porque “eliminan el espíritu de convivencia del proyecto y trasladan a las universidades, en el marco de su autonomía, la posible regulación de los mecanismos y procedimientos de resolución de conflictos”, según explicaron en una nota de prensa, lo que “impide el establecimiento de un marco común para todo el Sistema Universitario Español”.
“Crue y las organizaciones representativas del estudiantado consideran que con estos cambios se anula la principal aportación del proyecto de Ley consensuado con el Ministerio, que es el desplazamiento del eje del sistema de convivencia del ámbito puramente disciplinario a la resolución pactada de los conflictos”, concluyen estudiantes y rectores.
El Ministerio de Universidades destaca sin embargo que “con esta nueva ley, todas las universidades están obligadas a tener normas de convivencia, que incorporen mecanismos de mediación como vía preferente para la resolución de los conflictos, así como medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso”.
Escribe Daniel Sánchez Caballero.