La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha decidido solicitar autorización judicial para establecer de forma obligatoria la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) en los centros residenciales para todos los trabajadores que se nieguen a someterse a los test.
El motivo se produce para paliar “todos aquellos casos de rechazo” a la realización de la PDIA de los cribados establecidos para los trabajadores de residencias de mayores, según apuntan fuentes de Salud.