La ONG Amnistía Internacional (AI) ha pedido este lunes al Gobierno de Kenia que retire la normativa mediante la que se prohibirá a los ciudadanos no vacunados contra la COVID-19 que puedan pedir en persona servicios de la Administración. Esta decisión se llevará a cabo a partir del próximo 21 de diciembre y se suma a otras restricciones como el acceso a restaurantes y hoteles.
“Si bien existen razones legítimas de salud pública para que se vacune al mayor número posible de personas, estas no deben privarles de su derecho al trabajo; servicios esenciales como la educación, la salud y la seguridad; y su libertad de movimiento”, ha indicado en un comunicado el director para Kenia de AI, Irungu Houghton.
Tal y como ha señalado la organización, según datos oficiales, el Gobierno keniano solamente tiene por el momento suministros de vacunas contra la COVID-19 para inmunizar al 15% de la población, y hasta la fecha, menos del 10% de los habitantes del país están vacunados. “¿Qué hará el Gobierno con aquellas personas que no puedan acceder a las vacunas y queden excluidas de los servicios esenciales, incluidos los sanitarios?”, ha preguntado Houghton.
A partir del 21 de diciembre, los kenianos que no estén vacunados contra el coronavirus no podrán acudir a las oficinas públicas ni a los hospitales, entre otros edificios estatales, ni tampoco podrán conducir taxis o moto-taxis, según ha anunciado este domingo el ministro keniano de Sanidad, Mutahi Kagwe.
A través de EFE.