Las investigaciones de carácter penal abiertas por la Fiscalía por posibles delitos en residencias de ancianos durante la pandemia de COVID-19 son ya un total 186 según la última actualización de la Fiscalía, que incluye la existencia de 21 procedimientos ya en instrucción en diferentes juzgados penales españoles, la apertura de 11 nuevas diligencias de investigación fiscal y el archivo de dos de las ya iniciadas respecto de la semana anterior.
Madrid sigue encabezando los posibles casos de conducta criminal en estos centros, con un total de 87 expedientes en trámite y seis asuntos que ya se instruyen en los juzgados.
También según la última estadística facilitada por la Fiscalía General de Estado hay cinco comunidades que continúan sin tener ningún asunto abierto por la gestión de sus residencias de ancianos: Asturias, Canarias, Cantabria, Navarra y País Vasco.
En cuanto a la situación en Madrid, el mayor número de expedientes los tramita la Fiscalía Provincial de Madrid, un total de 61, a las que siguen diez investigaciones que lleva el fiscal delárea de Alcalá de Henares, siete por la fiscalía del área de Getafe-Leganés y nueve por la del área de Móstoles-Fuenlabrada. En cuanto a los asuntos ya judicializados son seis, que llevan los juzgados de instrucción números 51, 12, 48, 42 de Madrid, número 1 de Navalcarnero y número 2 Alcobendas.
Catalunya sigue siendo el segundo foco de investigaciones fiscales en residencias con un total de 32 casos, una veintena de ellos se siguen en la Fiscalía de Barcelona por denuncias de particulares, la Agrupación afectados COVID-19 en España, la Agrupación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD) y las comunicaciones realizadas por el Registro Civil de Sant Boi de Llobregat sobre fallecimientos en cuatro residencias concretas.
El resto de investigaciones fiscales en Cataluña las llevan a cabo las Fiscalías de las áreas de Granollers, Vilanova i la Geltrú-Gavá, Manresa-Igualada, Sabadell, Terrassa, Mataró y Tarragona. En cuanto a los procedimientos judiciales, en Cataluña se tramitan casos en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sabadell, y dos abiertos en el número 4 de Cendanyola del Vallés por presuntos delitos de falsedad en documento oficial y omisión del deber de socorro.
En un tercer lugar se encuentran Castilla y León con 22 expedientes en trámite y cuatro investigaciones penales en curso en Juzgados de Albacete, Soria y Ávila; y Castilla-La Mancha con 20 expedientes e investigaciones penales en dos juzgados de Albacete, uno en la capital y otro en La Roda.
Por número de casos le sigue Galicia con un total de 15 expedientes en trámite y un asunto ya en manos del Juzgado de Cangas número 1 en relación con una residencia; Extremadura con cinco expedientes de investigación en trámite y un asunto concreto en virtud de la denuncia de un particular que ya instruye el Juzgado de Valencia de Alcántara (Cáceres) y Murcia, donde la fiscalía no tiene ningún expediente abierto pero tres juzgados investigan ya hechos concretos ocurridos en estos centros por su posible trascendencia penal.
En Andalucía sólo se registra un caso, incoado tras la denuncia interpuesta en abril por una asociación en relación con las personas mayores ingresadas en una residencia en Cádiz, un asunto que lleva el fiscal jefe de área de Jerez. También registran un sólo caso las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, la Rioja y la Comunitat Valenciana.
Informa Europa Press.