Tripulantes que ya no pueden más: así salen a la luz las barbaridades contaminantes de los barcos en alta mar
Las fechorías cometidas por barcos de todo el mundo en alta mar parecen tienen a los denunciantes internos su peor enemigo. Al menos, así lo desvela un reciente estudio realizado por el National Whistleblower Center estadounidense, que ha analizado un centenar de las últimas acusaciones realizadas contra buques por contaminación de las aguas norteamericanas.
En concreto, de esos cien casos en los que se ha recurrido a la Ley para Evitar la Contaminación de los Barcos de Estados Unidos (APPS, por sus siglas en inglés), un 76 % de las sanciones se llegaron a efectuar gracias a las denuncias de filtradores que, en su mayoría, eran realmente parte de la tripulación del navío que incumplía la legislación.
Según este análisis, el gobierno estadounidense obtuvo 270 millones de dólares (más de 230 millones de euros) en concepto de las sanciones derivadas de ese centenar de casos de contaminación marítima, pero no todo fue a parar a las arcas públicas. De hecho, mientras que unos 63 millones de dólares (cerca de 55 millones de euros) fueron destinados, por orden judicial, a distintas organizaciones que trabajan en la lucha contra la contaminación de los mares, otra importante cantidad se reservó para recompensar a los filtradores gracias a los cuales se ha podido aplicar la APPS.
Exactamente, los 206 denunciantes a los que la administración norteamericana debe el éxito en ese centenar de casos recibieron un total de 33 millones de dólares (más de 29 millones de euros) procedentes, precisamente, de las multas impuestas a las empresas responsables de los navíos contaminantes.
El propio informe liga el éxito de la legislación norteamericana contra los vertidos al hecho de que recoge la posibilidad de recompensar a los denunciantes con parte de las sanciones recaudadas. Tal es su capacidad de convencer a los potenciales filtradores que la procedencia de los que destaparon estos 100 casos es muy diversa: estadounidenses, griegos, hondureños, indios, venezolanos, australianos y filipinos miembros de tripulaciones de buques responsables de vertidos en aguas americanas han acudido a la Administración estadounidense para denunciar. “Sin la información proporcionada por los denunciantes, estas actividades no habrían sido descubiertas”, reconoce una de las sentencias judiciales recogidas en el informe.
De igual forma, el incumplimiento de la legislación en materia de vertidos parece no entender de nacionalidad, ya que las banderas de los cien buques multados en cumplimiento de la APPS son de lo más dispares: Antigua y Barbuda, Gibraltar, Malta, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos, Italia…
Recompensas sin importar el color
Más allá de la cantidad de tiempo (24 años de vertidos sancionados, de 1993 a 2017), lo más destacable es la alternancia política transcurrida a lo largo de esas más de dos décadas. Clinton, Bush hijo, Obama y Trump (solo un año del cuarto de siglo analizado) han ocupado la Casa Blanca sin que el hecho de ser demócratas o republicanos haya afectado apenas a las sanciones y recompensas relacionadas con la APPS.
Tal y como concreta el propio informe, durante los mandatos de presidentes republicanos se concedieron 30 recompensas (un 39 % del total de las analizadas), mientras que durante los Gobiernos de Clinton y Obama el total de recompensas a denunciantes de vertidos fueron 46 (un 61 % de todas las dadas). El dato no solo se asemeja bastante, sino que entre republicanos y demócratas hay una diferencia sustancial a lo largo de esos 24 años: tan solo hay 9 años de presidencia de los primeros, mientras que los de los segundos son un total de 16 años. En cifras absolutas, los años de presidencia demócrata dieron como resultado más de 14 millones de dólares (algo más de 12 millones de euros) de recompensa a denunciantes, mientras que se entregaron más de 19 millones de dólares (más de 16 millones de euros) a denunciantes con presidentes republicanos.
¿Y en España?
En nuestro país, mientras tanto (y al igual que sucede para el resto de ámbitos), la legislación en materia de vertidos marítimos no recoge la posibilidad de recompensar a los posibles denunciantes. De hecho, durante los años siguientes a la catástrofe del vertido del Prestige, la administración apenas sancionó a otros buques: después de anunciar “tolerancia cero”, el Ministerio de Fomento tan solo multó por vertidos a dos buques en los tres años posteriores al desastre gallego. En ese mismo intervalo de tiempo, Francia había detectado cientos de vertidos gracias al uso de cinco aviones con los que llegó a sancionar a cerca de una treintena de navíos.
No obstante, en estos últimos 15 años las multas se han ido sucediendo. Si bien la Dirección General de la Marina Mercante había recaudado poco más de un millón de euros entre el 2003 y el 2007 como consecuencia de 43 sanciones, con el tiempo las cuantías se han ido aumentando, como muestran los 720.000 euros que tuvieron que pagar cuatro mercantes por vertidos en Castellón o el millón doscientos mil euros con el que fue sancionado un buque en Valencia.
Mientras tanto, y sin posibilidad de recompensas a supuestos denunciantes, los vertidos que afectan a las aguas españolas representan un gran problema. De hecho, según los expertos, controlar todos aquellos que pasan cerca de las Islas Canarias es, directamente, imposible.
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