Una trabajadora municipal denuncia por acoso laboral al alcalde de Buenavista

Antonio González Fortes, alcalde de Buenavista del Norte.

Tenerife Ahora

Santa cruz de Tenerife —

Una trabajadora del Ayuntamiento de Buenavista del Norte ha presentado una denuncia por un presunto delito de acoso laboral contra el alcalde, Antonio González Fortes, la concejala encargada de personal, Vanesa Martín, y tres trabajadores del Consistorio.

Ante estos hechos, el comité local de Sí se puede -el partido gobernante en el municipio tinerfeño- ha asegurado que hará todo lo posible para aclarar lo sucedido.

Según indica en una nota “Sí se puede lamenta terriblemente que se haya llegado a esta situación y asegura que nunca ha sido intención de su grupo de gobierno causar algún daño o perjuicio a ningún trabajador municipal”.

Por contra, considera que “se ha trabajado para mejorar y equiparar los derechos de los trabajadores, promoviendo la celebración de elecciones sindicales por primera vez en la historia del ayuntamiento e iniciando la negociación del convenio colectivo, inexistente hasta el momento”.

El grupo ecosocialista espera que el proceso laboral que se sigue por los mismos hechos que se denuncian ahora en vía penal, cuyo juicio está fijado para el 13 de marzo de 2015, se resuelva antes de la cita electoral de mayo para que quede disipada toda duda sobre este asunto.

“Entendemos que en un proceso como éste, donde hay implicados varios trabajadores municipales, debemos ser prudentes y esperar a que el juez resuelva la disputa”, aclaran desde Sí se puede en Buenavista.

El comité de Sí se puede aclara que aún no han tenido comunicación oficial sobre la posible imputación por un presunto delito de acoso de los responsables políticos y que, en caso de confirmarse, tendrán que decidir a nivel interno si permiten que ambos compañeros concurran a las próximas elecciones.

En ese sentido, “el pasado mes de enero presentamos una moción en la que se pedía que no se presentaran a las elecciones personas imputadas por delitos como malversación de caudales públicos o prevaricación y, aunque éste no es el caso, aún no tenemos claro cómo procederíamos en caso de que la justicia dé la razón a la persona denunciante”.

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