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El orden que Catalunya necesita

Estas semanas estamos viviendo episodios de violencia nunca antes vistos en Catalunya. Los límites del proyecto independentista han supuesto la frustración vital de una generación a la que se le prometió resolver todos sus problemas en 18 meses

Jóvenes socializados en el rechazo a España con la frustración transformada en furia y sin la autoridad que se debiera esperar del Govern de la Generalitat

Sigue siendo necesario un proyecto de orden que repare la institucionalidad del autogobierno a partir de una administración pública que garantice los derechos

El Parlament rechaza la sentencia del TS por "autoritaria" y apela al diálogo

EFE

Estos días asistimos muy preocupados a la justificación del desorden social acompañado de un falso debate entre autoridad y autoritarismo. La aspiración al orden ha sido habitualmente atribuida a la derecha al confundirse con autoritarismo. Sin embargo en este inicio de siglo y, por la parte que nos toca en Catalunya, parece que han cambiado las tornas. La búsqueda del orden la podemos traducir hoy en la búsqueda de certidumbres frente a los cambios que ha traído el siglo XXI y también al ejercicio efectivo de los derechos que ya están reconocidos, como el  derecho a la protesta que deben ser compatibles con el trabajo y la educación.  Voten a quien voten, los ciudadanos deben hacer frente a injusticias como la precariedad laboral, la sospecha permanente sobre el sistema de pensiones público, la competencia de países con salarios bajos que causan la deslocalización de nuestras industrias, la competencia de líderes tecnológicos globales que dominan por entero mercados como la publicidad por internet y no pagan los mismos impuestos que las empresas a las que desplazan, la emergencia climática y las migraciones económicas.

Ante estos retos abundan los proyectos políticos que ofrecen la fácil solución de echar la culpa a un elemento exterior. El último en escribir sobre ello ha sido Thomas Piketty, en su libro reciente Capital e ideología incluye unas páginas bajo el significativo título de "La trampa separatista y el síndrome catalán". En ellas, el economista francés muestra cómo el independentismo tiene unos postulados opuestos a la mayor integración europea que él propugna como vía de progreso.

Ahora, después de la sentencia de Tribunal Supremo, los partidos independentistas tienen la opción de mantenerse en la confrontación y asumir las incertidumbres que conlleva para la sociedad catalana o bien de superarla. La falta de coherencia y rivalidad entre JxCAT y ERC ha causado que la Generalitat no tenga presupuesto durante los últimos tres años, renunciando así a disponer de la principal herramienta para mejorar los servicios públicos como la sanidad o la educación y la políticas sociales como la vivienda o la atención a la dependencia. La aquiescencia del conseller de Economía Pere Aragonés con las falsas huelgas que impiden el suministro a SEAT así como con la campaña del consum estratègic causa auténtica preocupación en la gran mayoría de empresas que ven perjudicado su normal funcionamiento y que no consiguen obtener el sello patriótico de la ANC. La mera presencia de la unilateralidad en el debate político causa que la mitad de Catalunya no abandone el sentimiento de exclusión que sintió de forma aguda en el otoño de 2017. La insistencia del vicepresident en que Catalunya sufre un déficit fiscal "sangrante" solo consigue que cualquier analista extranjero vea nuestra política provista de un acusado tono brexiter, que promueve la insolidaridad de las regiones más ricas. Rematamos la descripción de la situación catalana con el saludo fraternal de  Salvini a las marchas independentistas que formaron parte de la agenda oficial de los Consellers y Conselleres del Govern Torra/Aragonès.

Priorizando el objetivo de obtener el poder en vez del interés general, simpatizando con boicots nada encubiertos en vez de trabajar por el regreso de las empresas que se han ido, apoyando explícitamente tsunamis sin fecha de caducidad en vez de comprometerse a respetar las reglas del juego, y reiterando la existencia de un inexistente expolio fiscal cuando la realidad es que aproximadamente Catalunya paga por renta y recibe por población, los partidos independentistas cronifican un estado de incertidumbre perjudicial para todos, voten lo que voten. 

Estas semanas estamos viviendo episodios de violencia nunca antes vistos en Catalunya. Los límites del proyecto independentista han supuesto la frustración vital de una joven generación a la que se le prometió resolver todos sus problemas en 18 meses con helado de postre a partir de un falso mandato ciudadano.  Jóvenes socializados en el rechazo a España con la frustración transformada en furia y sin la autoridad que se debiera esperar del Govern de la Generalitat. El mundo al revés: dirigentes de ERC y el mismo Presidente al grito de "apretad" envían a ocupar infraestructuras y luego piden depuración de responsabilidades entre el Cuerpo de Mossos d'Esquadra.

En Catalunya estamos viviendo como el desorden del siglo XXI ha afectado gravemente a nuestra sociedad: la tensión identitaria y la ruptura de la legalidad ha puesto en cuestión la convivencia entre catalanes. Hoy sigue siendo necesario un proyecto de orden que repare la institucionalidad del autogobierno a partir de una administración pública que proteja y garantice los derechos, promueva la igualdad de oportunidades y contribuya al desarrollo económico. Lejos de los planteamientos que han despreciado la Generalitat de Catalunya por ser una institución autonómica, podemos asegurar que potenciarla es la única manera de poder aplicar un programa que revierta los recortes, acabe con la corrupción del pasado y proponga una agenda de futuro. La desaceleración de la economía y la memoria de la crisis cuyos efectos aún no hemos revertido completamente deberían servir para no jugar con las cosas de comer y, antes que nada, trabajar para facilitar al máximo que la sociedad pueda ejercer su derecho a la tranquilidad.

Una patria sin derechos es sólo una bandera en manos de los agitadores del nacionalismo y la extrema derecha. Un país debe cuidar a los suyos y cooperar con el resto de países. Hoy un proyecto de orden, de equilibrio, que pretenda dar certidumbres hoy solo puede ser un proyecto democrático, social y de derechos. Los valores compartidos de libertad, justicia, igualdad y fraternidad sólo pueden ejercerse en una sociedad en la que los poderes públicos gocen de la confianza ciudadana por estar al servicio del bien común y no de una ideología. Hoy son las clases medias y trabajadoras las más necesitadas de orden, frente a otras clases más favorecidas que pueden permitirse aventuras.

Además se da la circunstancia de que la apuesta de todos por un marco estable con respeto a la ley es el primer paso para conseguir el diálogo y los acuerdos con mayorías reforzadas que necesitamos. Apostar por el orden no significa para nada tener que renunciar a la defensa de un proyecto político o a la crítica de sentencias judiciales. Significa, eso sí, abandonar un activismo de confrontación que deteriora todavía más la convivencia y alimenta actitudes nada pacíficas. En esencia, significa reivindicar lo que se considere oportuno pero garantizando la estabilidad. Ésta es imprescindible para alcanzar acuerdos que impulsen las instituciones catalanas, garanticen la convivencia y recuperen la fraternidad con el resto de España.

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