¿Por qué los partidos conservadores son tan poco conservacionistas?
Resulta sorprendente que formaciones políticas con posturas tan antagonistas en otros ámbitos no hayan dudado en olvidarse de sus agrias contiendas para sacar adelante una modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que permitiría la introducción y expansión de las especies exóticas invasoras en nuestro país.
Se trata de un acuerdo entre conservadores contra la conservación de la naturaleza. Una iniciativa política que puede provocar un deterioro irreversible de nuestro patrimonio natural gracias a una coalición contra natura.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el aumento de especies invasoras en ecosistemas ajenos a su área de distribución natural se ha convertido, junto a la destrucción de hábitats, en una de las peores amenazas para la biodiversidad del planeta. Pero no solo eso.
Su incremento constituye también una seria amenaza para la agricultura, la pesca, la explotación sostenible de nuestros bosques o incluso el turismo de naturaleza, convirtiéndose así en un importante problema socioeconómico.
El propio PNUMA alertaba recientemente sobre el grave impacto negativo que está teniendo la proliferación de las especies invasoras sobre la economía, superior al 5% del PIB mundial y por lo tanto equiparable al daño causado por el cambio climático.
Por todo ello la lucha contra las especies invasoras debe ser tan prioritaria como la lucha contra el cambio climático. Una acción que debe ser llevada a cabo de manera conjunta por todos los gobiernos y que debe dar lugar a normativas de gestión y control tan rígidas como eficaces, y a todas las escalas de la administración: internacional, europea, estatal, autonómica y local.
Sin embargo, cuando teníamos ya una ley aprobada que protegía convenientemente nuestras especies autóctonas (la 42/2007, del 13 de diciembre de 2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) va y nos la cargamos con unas modificaciones que la desdibujan y la convierten en una reglamentación de caza y pesca.
Porque con esta modificación, impulsada por el Partido Popular durante sus últimos días de gobierno, resulta que especies tan dañinas como el cangrejo rojo, que ha arrasado buena parte de nuestros humedales desplazando al cangrejo ibérico hasta las puertas de la extinción, pasan a ser indultadas. Pero no por el bien común, no por el interés general, no para proteger un patrimonio que es de todos como el natural, sino para satisfacer los intereses particulares de cazadores y pescadores deportivos.
Poco parece importar a sus señorías conservadoras el grave impacto que están causando las especies invasoras al transmitir y propagar enfermedades a las autóctonas y okupar sus hábitats.
Tal vez desconozcan que en algunos tramos del Ebro son ya mayoría los peces exóticos, que la situación es tan grave que cuando un pescador echa la caña no tiene muy claro si va a sacar un pez originario de Vietnam, de Sudáfrica o de Brasil.
Pero todavía estamos a tiempo de parar semejante insensatez medioambiental.
Mientras los conservadores conspiraban contra su conservación, los principales defensores de la naturaleza, los grupos ecologistas con Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF a la cabeza, no han dejado de observar sus movimientos alertándonos de la que estaban tramando.
Por eso ahora, cumplidos los peores pronósticos, estas cinco grandes organizaciones van a exigir al Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo para que la nueva proposición de Ley no salga adelante y prevalezca el criterio anterior. Un criterio que respetaba el consenso científico, las directivas comunitarias y los acuerdos internacionales en favor de la biodiversidad y contra las especies invasoras.
