Los grupos vecinales demandarán al Ayuntamiento si no aplica una reducción en el IBI del 10%
Varias asociaciones de vecinos de Vitoria han lanzado un ultimátum a los grupos municipales durante su intervención en el turno popular celebrado ayer en el Ayuntamiento. Aún conscientes de que el Impuesto de Bienes Inmuebles está congelado desde el pasado año y que las cuotas se marcan en función, entre otras variables, de los niveles de renta, han exigido al Gobierno la disminución del 10% del tributo de cara al próximo año. De lo contario acudirán a los tribunales para conseguir lo que reclaman y presentarán una demanda contra el Ayuntamiento. “Nos sentimos robados. Se nos está cobrando mucho desde hace años. Deben recaudar pero con justicia social y no se está haciendo. Esto es muy grave y vamos a ir a por todas y si es necesario pleitearemos”, advertía Guillermo Perea, de Zazpigarren Alaba Auzo Elkartea.
Tras la bajada en torno al 40% de los precios de los pisos el colectivo reclama una revisión de los valores catastrales cuya última actualización se realizó en el año 2005 porque, a su juicio, existe una distorsión entre el valor catastar y el valor de mercado. Mientras se realiza esa nueva evalución y adecuación y como medida compensatoria provisional los vecinos exigen la disminución del 10% el IBI.
4 millones de euros menos de recaudación
El movimiento vecinal solicita que la modificación reivindicada se haga constar por escrito en el proyecto de presupuestos de Javier Maroto y presentarán para ello un recurso de reposición durante el plazo de alegaciones. Si sale rechazado emprenderán acciones judiciales. “Ya se nos ha dicho en otras ocasiones que no les salen las cuentas y que si aplican nuestra medida el Ayuntamiento perdería más o menos cuatro millones de recaudación. Ese no es nuestro problema. Les estamos perdonando mucho más porque nos cobran de más con esas referencias catastrales completamente desfasadas”, insistía Perea. El líder vecinal ha anunciado que iniciarán una campaña informativa barrio a barrio para conseguir mayor implicación de las asociaciones. Al mismo tiempo comenzarán a recaudar fondos para cubrir los costos judiciales si es que, finalmente, acuden a los tribunales.
Los grupos municipales han reconocido la necesidad de abordar la revisión catastral, que está pendiente desde el pasado año ya que la ley obliga a realizarla cada ocho años. No obstante, han rechazado la propuesta vecinal de rebajar el tributo de forma generalizada. “El pinchazo de la burbuja inmobiliaria tendrá una incidencia importante en los valores catastrales para marcar el IBI y las plusvalías. Pero ese ejercicio es competencia de la Diputación Foral de Álava”, advertía la socialista Marian Gutiérrez. Los vecinos le replicaban que es deber de la institución municipal instar a la Diputación a realizar la revisión catastral, “porque el cobro del IBI, aunque esté regulado por una norma foral, le corresponde al Ayuntamiento”.
