Anticorrupción pide imputar a dos exdirectores de Trabajo por una ayuda de los ERE vinculada a Lanzas

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que impute a dos exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía por la ayuda a la empresa Hitemasa.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita a la juez que incoe pieza separada para la investigación de la ayuda recibida por esta empresa y que cite a declarar como investigados a los exdirectores de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

La Fiscalía, así, pide a la instructora que cite a declarar como investigados, “de manera específica por estos hechos”, a los “sucesores” de Francisco Javier Guerrero, todo ello “al constar que ordenaron pagos a la agencia IDEA a cargo de las primas pendientes de las pólizas suscritas de Hitemasa”.

De este modo, el Ministerio Público expone en este escrito fechado el día 29 de mayo que, en la causa, consta unido el atestado presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en agosto de 2014, a raíz del cual “se continuó con la práctica de diligencias de investigación”.

Estas diligencias se iniciaron con anterioridad “al estar ya aportada a la causa documentación relativa a la inclusión como asegurados/beneficiarios en la póliza de renta colectiva de los extrabajadores de Hitemasa de personas ajenas a tal empresa y ligadas” al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.

La Fiscalía recuerda que, por estos hechos, se ha tomado declaración como investigadas a un total de 19 personas, entre ellas el propio Juan Lanzas, mientras que en sus declaraciones como investigados han sido preguntados por estos hechos Guerrero, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá.

Asimismo, y una vez sea incoada la pieza, Anticorrupción pide a la juez que acuerde, “en relación única y exclusivamente por estos hechos”, el sobreseimiento provisional a favor de, entre otros, el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual, recientemente detenido en Burkina Faso, al entender que “no hay indicios suficientes que acrediten su participación y conocimiento de los hechos concretos aquí investigados”.