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Los técnicos de la Cámara de Cuentas ratifican el uso "inadecuado" de los fondos del caso ERE

Creen que los interventores delegados en la agencia IDEA y en la Consejería de Empleo deberían haber visto los expedientes de pago y haber puesto impedimentos al procedimiento reseñado.

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La juez Núñez dice que no son "elegantes" las formas utilizadas por Alaya

La jueza María Núñez Bolaños. EFE

Los técnicos de la Cámara de Cuentas de Andalucía que realizaron un informe de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010, han ratificado este martes ante la jueza María Núñez Bolaños el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación para el abono de las mismas.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, durante la mañana de este martes, han comparecido ante la magistrada que investiga el caso de los ERE, en calidad de testigos peritos, los seis integrantes del equipo de fiscalización que realizaron el informe, en concreto la coordinadora del trabajo y jefe de equipo, dos auditores y tres técnicos de auditoría.

En una providencia fechada el 2 de octubre, la magistrada citó a los técnicos dando cumplimiento así al auto de 16 de septiembre donde la Audiencia de Sevilla revocó una resolución de la jueza Mercedes Alaya y aceptó la práctica de varias diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas la declaración de los miembros del equipo de fiscalización. En su comparecencia, han confirmado que la Consejería de Empleo realizó un uso "inadecuado" de las transferencias de financiación, ya que éstas sólo se podían utilizar para equilibrar la cuenta de ingresos y gastos de IFA/IDEA.

Han señalado que estas transferencias de financiación eran un instrumento que aparecía cada año en las leyes de presupuestos que eran aprobadas por el Parlamento de Andalucía, señalando que los interventores delegados en la agencia IDEA y en la Consejería de Empleo deberían haber visto los expedientes de pago y haber puesto impedimentos al procedimiento reseñado.

En su informe de fiscalización, la Cámara de Cuentas consideraba que la Consejería de Empleo habría realizado un "uso inadecuado" de la figura de las transferencias de financiación como procedimiento para pagar las ayudas concedidas.

Con respecto a las ayudas sociolaborales, el procedimiento seguido en su concesión "se ha llevado a cabo al margen de la legislación", aunque apunta que "no ha quedado acreditado el uso adecuado del margen de discrecionalidad de la Administración al financiar prejubilaciones con distintos umbrales de edad y condiciones".

En las ayudas a empresas, hasta 2010 se han otorgado "prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido", según el informe, que apunta que "ni se ha exigido por la Administración, ni ha quedado acreditado por el beneficiario, el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas, ni la correcta aplicación de los fondos".

Considera que la calificación de estas ayudas como subvención excepcional "ha dado lugar a un abuso del margen de la discrecionalidad administrativa en su concesión, que se ha puesto de manifiesto en hechos como la concentración de las ayudas en determinadas zonas geográficas, en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público".

AUSENCIA DE INFORME DE ACTUACIÓN

Con motivo del control financiero efectuado al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente IDEA, la Intervención General de la Junta elaboró un informe adicional al informe definitivo de cumplimiento de IDEA, ejercicio 2009, dirigido a la Consejería de Empleo, ya que en el control referido y al igual que en informes precedentes, se pusieron de manifiesto "deficiencias en procedimientos de gestión de gastos que, si bien incluyen la participación de IDEA, competen a Empleo".

En ese sentido, considera que la ausencia de informe de actuación "puede deberse a que por parte de la Intervención no se apreciaron circunstancias que pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos".

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