Exaltos cargos piden suspender el juicio de los ERE tras admitirse nuevas pruebas de la acusación

Las defensas de algunos ex altos cargos de la Junta de Andalucía han solicitado a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzga a los expresidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 exdirigentes autonómicos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, la suspensión de las sesiones del juicio oral hasta que no cuenten en su poder con las nuevas pruebas documentales admitidas por el tribunal a petición de las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y el PP-A.

En concreto, las defensas de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa han presentado sus escritos ante la Sección Primera, después de que, en auto de 22 de enero de 2018, ésta estimase pertinente las nuevas pruebas propuestas por el PP-A --a excepción de la testifical de la presidenta de la Junta, Susana Díaz--, y por el Ministerio Fiscal.

Así, en el escrito presentado por Juan Carlos Alférez, abogado de Jacinto Cañete, se formula “respetuosa protesta y salvaguarda de derechos”, al considerar que la admisión de la prueba instada “extemporáneamente” por las acusaciones, “vulnera los principios de igualdad de armas, contradicción, derecho de defensa del artículo 24 de la Constitución Española (CE), así como el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9 de CE”.

Dicho lo anterior, al abogado defensor solicita en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que no se reanuden las sesiones del juicio oral hasta que no se disponga de la “completa y profusa” prueba documental que se les ha admitido a las acusaciones --libramientos de oficios a la Dirección General de Empleo para emisión de informes, Consejo Consultivo de Andalucía, Junta de Andalucía para aportación de expedientes, etc.--.

Además, pide que “se nos confiera y transcurra un prudencial pero suficiente plazo para el análisis de dicha documentación y utilizar, en su caso, el derecho a proponer prueba dentro de dicho término”. A su juicio, la anterior petición “deberá ser acogida, pues hasta no conocer el contenido de la nueva documental admitida (aún no incorporada al proceso y cuyo contenido es desconocido) las defensas no podrán aún siquiera evaluar la concreta necesidad de articular medios de prueba en su descargo”.

Añade en este sentido que, “dado que está prevista la reanudación para el próximo día 12 de febrero, nuestros defendidos no podrían preparar con plenitud de armas la prueba de interrogatorio de acusados, si la citada prueba documental se introdujere en el proceso en momento posterior a dicho día o, si se alterare el orden comenzando por los testigos --cuestión previa solicitada por la defensa de Martínez Aguayo--, las defensas no podríamos articular interrogatorio de descargo ante presuntos documentos de cargo que aún se desconocemos”.

Por último, expone que la jurisprudencia es “unánime” al establecer los requisitos necesarios para la admisión de prueba en momentos posteriores a los escritos de calificación provisional, ya que se exige “que no constituya un obstáculo a los principios de contradicción e igualdad en garantía de la interdicción de toda indefensión” razón por la cual, el traslado de la documentación a las defensas con plazo para su estudio y término de proposición de nueva prueba “ha de imperar so pena de la conculcación de derechos en los términos expuestos”.

En este sentido, en el citado auto de 22 de enero de 2018, la Sección Primera, aplicando doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, señala que las pruebas propuestas al inicio del juicio pueden practicarse en el acto del plenario, ya que “no van a suponer ningún entorpecimiento ni dilación de la causa, y no constituyen un obstáculo a los principios de contradicción e igualdad en garantía de la interdicción de toda indefensión, pues las demás partes pudieron proponer, en su caso, nuevas pruebas”.

“MALA FE PROCESAL” EN LA ACTUACIÓN DE LOS ACUSADORES

El escrito presentado por las defensas de Manuel Gómez y Antonio Estepa, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que resulta “palmaria la indefensión provocada” a las defensas con la resolución de la Audiencia por cuanto que lo que se pretende “es completar y adicionar nuevos elementos a los escritos de acusación que en su día presentaron las acusaciones”.

Por ello, señala que “no puede admitirse tal pretensión, pues dicho trámite procesal precluyó”. Al parecer de estas defensas, debe acordarse la suspensión de la continuación de la vista y, de resultar necesario a la vista de dicha documental, “se confiera a las defensas trámite para proponer los medios de prueba que resulten pertinentes y relacionados con lo anterior en aras a evitar que se irrogue un mayor perjuicio e indefensión a los acusados”.

Por su parte, Víctor Manuel Moreno Catena, abogado defensor de Martínez Aguayo, formula en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, “la más firme protesta por la admisión probatoria acordada”, dado que la misma supone “la vulneración del derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva”.

Según Moreno Catena, el proceder de los acusadores, que se han presentado en la puerta del juicio oral con “un ingente arsenal probatorio”, actuando con “una evidente mala fe procesal”, ha generado indefensión“ a los acusados, situándoselas acusaciones en ”una posición de privilegio porque se les ha admitido un extenso elenco de pruebas tanto documentales como testificales“.

“Sobre estos medios probatorios, su proposición sorpresiva y tardía,no han dado los acusadores razón ni justificación suficiente”, ha añadido. Los elementos probatorios que ahora han sido propuestos y admitidos “eran todosellos sobradamente conocidos por las acusaciones” y, siendo esto así, la únicaexplicación posible es que representan “una suerte de réplica” a las argumentaciones defensivas formuladas en los escritos de defensa, o bien una “reacción” a la prueba solicitada por las representaciones de los acusados, lo que “en absoluto autoriza nuestro sistema procesal”.

En cualquiera de los dos casos, “no se estaría respetando el principio de igualdad entre las partes ni amparando a las personas que se han visto atacadas por la acusación”.

“NO PUEDEN MEJORAR SU POSTURA ACUSADORA”

En esta línea, Moreno Catena señala que las acusaciones tienen que acudir al juicio con todos los elementos de cargo, pues para eso se ha desarrollado lafase instructora, y “no pueden en este momento procesal, de forma sorpresiva, mejorar su postura acusadora solicitando la admisión tardía de nuevas pruebas que eran perfectamente conocidas al momento de efectuar su escrito de calificación”.

“Si la razón jurídica de la proposición y de la admisión es la de salir al pasode los escritos de defensa y de la prueba propuesta oportunamente por las defensas, se estaría produciendo una flagrante vulneración del derecho a unjuicio justo y a la igualdad de las partes, porque no se ha abierto en paralelo una oportunidad y un trámite a las defensas para poder contradecir y contraponer otros elementos de prueba a esta tardía propuesta de las acusaciones”.

Por todo ello, el abogado solicita la suspensión del juicio hasta que los medios de prueba se hayan traído al proceso y se pongan a disposición de las partes, así como que se conceda un nuevo trámite a las defensas para que, con base en el principio de igualdad de armas y de efectiva contradicción, y sólo si lo estiman conveniente, puedan reaccionar proponiendo nuevo material probatorio“.