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Dos exviceconsejeros defienden que los 'consejillos' no tenían capacidad legislativa ni política sobre los ERE

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El exconsejero de Obras Públicas y exdelegado del Gobierno en Andalucía Luis García Garrido; y del exviceconsejero de Igualdad y Bienestar Social José María Oliver Pozo, han confirmado este martes, en su declaración ante el instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que los denominados 'consejillos' no tenían capacidad legislativa ni política.

Ambos han comparecido este martes ante el instructor por espacio de dos horas y media y a petición de la defensa del exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. Fuentes presentes en la declaración han explicado a los medios de comunicación que ambos han declarado ante el juez la verdadera naturaleza de esos 'consejillos' y que "no son un filtro político" y que no tenían ni capacidad de veto ni iniciativa.

Así, los dos exconsejeros habrían detallado que tenían carácter semanal y que se ocupaban de la tramitación de hasta mil asuntos al año. Revisaban las propuestas procedentes de las Consejerías siguiendo un sistema que distinguía entre asuntos que se llevaban a un 'índice verde', que elevaban al Consejo de Gobierno y otro 'índice rojo', con proyectos normativos en los que se revisaba si contaban con todos los requisitos necesarios y los perceptivos informes

Al respecto de esa documentación, los testigos han dicho que los informes no se remitían físicamente a los consejillos y que sus miembros sólo tenían acceso a un listado en el que se les indicaba si estos eran favorables. Todos los referidos a las ayudas sociolaborales llevaban informes favorables.

Profundizando en el funcionamiento de los 'consejillos', los testigos han declarado que Gaspar Zarrías era el presidente de los mismos como consejero de Presidencia, pero que no podía imponer su criterio al resto de la comisión y que los criterios políticos se planteaban en el Consejo de Gobierno.

Con respecto a las transferencias de financiación, el primero de los testigos en comparecer, García Garrido, ha señalado ante el juez que era una figura habitual en la transferencia de fondos a empresas y ha detallado que no recuerda debate ni polémica sobre su idoneidad.

En el interrogatorio, también se ha referido al Decreto de ayudas sociolaborales del año 2000, que contó con dos memorias y cinco informes, y ha precisado que quedó "sobre la mesa" tras sufrir hasta cuatro modificaciones. El proyecto no llegó nunca a ver la luz y fue devuelto a la Consejería de Empleo. Además, los testigos han declarado que el Convenio Marco de regulación de las ayudas nunca se trató.

Por último, en los interrogatorios a los testigos también ha participado la defensa del exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, qe ha preguntado a García Garrido si los convenios marcos utilizados en la Consejería de Obras Públicas eran redactados por el propo consejero, a lo que éste ha respondido que no y que eran los técnicos los que hacían esa labor.

Las declaraciones de los dos exconsejeros ante el Supremo son las primeras de testigos y en ellas no ha comparecido el abogado de la acusación particular que ejerce Manos Limpias. Para este jueves está previsto que comparezcan los catedráticos que elaboraron el informe a petición del expresidente de la Junta José Antonio Griñán.

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