Torrijos “ignora” el destino de 742.500 euros de una subvención otorgada a la Fundación DeSevilla

El exprimer teniente de alcalde y actual concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos ha admitido este lunes en su declaración como imputado ante el juez que investiga las supuestas irregularidades en torno a la gestión de la extinta Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como la 'Fundación DeSevilla', que “ignora” el destino dado a los 742.500 euros abonados por el Ayuntamiento en relación al expediente 98/08 para proyectos de cooperación internacional.

Torrijos ha llegado a los juzgados a las 7,45 horas de este lunes, y por tanto con más de una hora de antelación respecto a la hora establecida para su declaración, que finalmente se ha iniciado a las 9,10 horas y ha finalizado pasadas las 15,00 horas, cuando el imputado ha salido del despacho del magistrado instructor sin querer hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, Torrijos ha relatado que la fundación se creó en 2004 y que, siendo él delegado de Relaciones Institucionales, la misma realizó hasta cuatro peticiones de subvención, precisando que las cuentas anuales, el presupuesto y los planes de actuación de la fundación se aprobaban por el patronato.

Torrijos, que ha reconocido que Deloitte puso en conocimiento de los patronos la existencia de un desequilibrio patrimonial en la fundación, ha admitido igualmente que, en relación a los expedientes de subvención otorgados por su delegación a la fundación, “es cierto que hubo dos expedientes en los que sí hubo una observación de ilegalidad o de que no respondía a la norma administrativa correspondiente”, añadiendo que en esos dos expedientes “no se abonó la subvención a la fundación, lo que tuvo lugar cuando el expediente se encontraba ya en sede de la Delegación de Relaciones Institucionales”.

Torrijos ha defendido su “plena inocencia” y su confianza “en la acción de la Justicia” tras haber prestado declaración como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 16 en el marco de las diligencias incoadas por la gestión de la extinta Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como la 'Fundación DeSevilla'. “Estoy satisfecho de mi declaración y tranquilo y confiado en que a la finalización del procedimiento, quedará claro que mi actuación no vulneró la legalidad”, ha defendido.

También ha explicado que como otrora concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento hispalense y patrono de esta fundación ya en proceso de extinción, ha prestado declaración como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 16. “He respondido a todas las preguntas del juez, de la Fiscalía y de la defensa y no he respondido a las preguntas de la representación del PP acogiéndome a mi derecho a no hacerlo”, ha manifestado el concejal de IU-CA, quien asegura haber “aclarado todas las cuestiones planteadas”, subrayando que el juez y la Fiscalía no le han interrogado sobre cualquier posible “uso de los fondos públicos para fines personales o partidistas”, extremo que de todas formas ha negado tajantemente a la hora de hablar con este medio de comunicación.

“Estoy satisfecho de mi declaración y tranquilo y confiado en que a la finalización del procedimiento, quedará claro que mi actuación no vulneró la legalidad y que mi gestión como concejal de Relaciones Institucionales y patrono de la fundación ha sido ajustada a derecho”, ha dicho Rodrigo Torrijos defendiendo su “plena inocencia” y su confianza “en la acción de la Justicia”.

EL PAPEL DE CARLOS VÁZQUEZ Y MIGUEL LÓPEZ ADÁN

En relación al expediente 98/08, ha admitido que estuvo presente en la reunión del Patronato de la fundación donde se aprobó la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento por un importe de 990.000 a través de su delegación, aunque ha aseverado que él “no fue la persona que propuso” la suscripción de ese convenio, pues “normalmente este tipo de propuestas en estas sesiones de la reunión del patronato las lleva el vicepresidente que ejerce funciones de presidente, Carlos Vázquez, o el gerente de la fundación, Miguel López Adán”, ambos imputados en la causa.

Ha añadido que, en este caso, “no recuerda si fue el uno o el otro o quien fue”, aunque ha precisado que a su delegación llegó “la petición de subvención de suscripción de un convenio de colaboración por un importe de 990.000 euros”, una petición que “cree recordar que sí vino firmada” por Miguel López Adán.

Y es que, según ha dicho, “no conoce de quien partía inicialmente y en forma específica la idea de un proyecto concreto que luego sería objeto de subvención, pero entiende que debería de ser de una de las personas relacionadas en la llevanza de la fundación, y en concreto de Carlos Vázquez o de Miguel López Adán”.

La imputación inicial de Carlos Vázquez y Miguel López Adán se produjo después de que la Guardia Civil emitiera un informe en el que advertía de que había detectado que 935.890 euros procedentes de diferentes subvenciones del Ayuntamiento hispalense se destinaron a otros fines.

“OBSERVACIÓN” DEL INTERVENTOR

En el expediente 98/08 “sí hubo una observación” por parte del interventor municipal, ha señalado Torrijos, quien ha aseverado que, como delegado de Relaciones Institucionales, “ostentaba el cargo y desarrollaba en él una actividad fundamentalmente política”, por lo que “no estaba encima de la tramitación día a día de todos los expedientes y de todas las incidencias que hubiese en cada expediente”, por lo que “existen muchos detalles que no recuerda o que no puede precisar bien, a pesar de que hubiese plasmado su firma en los expedientes”.

“Para la tramitación de los expedientes, en el día a día no había una comunicación permanente entre él” y Carlos Vázquez y Miguel López Adán, ya que el imputado “tenía delegadas las funciones administrativas y se dedicaba más a la actividad política en sí”.

Torrijos ha dicho ser “sabedor” de que “la no justificación de un expediente en todo o en parte da lugar a que esa parte no justificada engrose el patrimonio negativo de la fundación” y ha precisado que la ampliación del plazo para la ejecución de la subvención 98/08 “fue aprobada” por la Junta de Gobierno Local después de que él mismo la cursara y firmara “positivamente”.

Ha explicado que, en diciembre de 2009 y en relación con esta subvención, “se ingresa en la cuenta de la fundación 742.500 euros, que suponía el 75 por ciento de la cuantía objeto de la subvención”, y ha indicado que en marzo de 2011 “se presenta una renuncia por parte de la fundación ante la delegación a la subvención” por motivos que “no recuerda”, lo que fue llevado a la Junta de Gobierno, y posteriormente a la Intervención y a la fundación, dado que ya se había adelantado el 75 por ciento de la ayuda, mientras que de manera paralela “solicita que se declare concluso” el expediente de subvención, aunque ello no significa que “pretendiera ocultar, perdonar o evitar el pago de los 742.500 euros adelantados”.

EXPEDIENTE DE REINTEGRO

Al hilo, el imputado ha precisado que, “en aquellas fechas, existían informaciones para resolver este problema ante un posible acuerdo entre la fundación y la Intervención para llegar a un proceso de compensación”, lo que “generó una expectativa de solución del problema”, aunque ha querido dejar claro que todo ello “no significa que esa compensación o ese proceso de negociación sea algo que partiera” o “ideara” el imputado.

Ha opinado que, “al no reintegrarse el 75 por ciento engrosa el patrimonio negativo de la fundación”, agregando que “es sabedor de que para equilibrar el patrimonio negativo de la fundación”, se acordó en pleno “traspasar a la fundación un millón y medio”, aunque ello “no lo ejecutó la Corporación municipal” donde él era primer teniente de alcalde, sino la nueva corporación municipal, “que además de ejecutar eso efectuó la compensación y la apertura del expediente de reintegro”.

“En todo caso”, ha reconocido que “ignora” el destino dada a esos 742.500 euros, pues “no tiene ni ha tenido nunca ningún conocimiento del desarrollo de los proyectos subvencionados ni del horno incinerador ni de ningún otro”.

“A TORO PASADO”

Torrijos ha asegurado, no obstante, que “a pesar de que era conocedor de las dificultades financieras de la fundación a fecha 2008, firmó el convenio de subvención relativo al expediente 98/08 de más de 900.000 euros porque en aquellas fechas se tenía confianza en el buen fin de ese convenio”, aunque ha reconocido que “otra cosa es lo que a fecha de hoy y a toro pasado hubiese hecho”.

El juez imputó a Torrijos al considerar que “en el procedimiento que nos encontramos puede colegirse con carácter de probabilidad o verosimilitud” que la fundación “fue utilizada por sus gestores, tanto ejecutivos como políticos, para servirse de la misma para atenciones y finalidades bien particulares, bien partidistas”.

Y todo ello, “desviándose de los fines para los que las subvenciones fueron concedidos”, añade el juez, que asegura que “en este contexto resulta clave y esencial” la figura de Torrijos “como delegado de Relaciones Institucionales”, ya que “tiene una participación directa en la firma del convenio que sustenta el expediente 98/08”.

En este sentido, asevera que esta “participación directa” tuvo lugar “hasta el acto final de la supuesta compensación de las cantidades que no se han justificado por la fundación y sobre las que, sin embargo, ni se ha iniciado expediente de reintegro o investigación alguna”.