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La Junta de Andalucía afirma que "no se puede ni se debe cerrar" la investigación sobre los represaliados de Almería

Los restos mortales de los represaliados habrían sido echumados en los años 40 "a espaldas de los familiares" y arrojados al osario del camposanto

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El director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Javier Giráldez, ha asegurado que la investigación sobre el paradero de los restos de los represaliados de la Guerra Civil que acabaron en fosas comunes del cementerio de Almería posteriormente "desahuciadas" "no se puede ni se debe cerrar", sentido en el que ha asegurado que el Gobierno andaluz va a seguir "de la mano" de los familiares para encontrar los cadáveres.

En declaraciones a Europa Press, Giráldez ha calificado de "tristes" las conclusiones alcanzadas por el informe elaborado en colaboración con la Universidad de Almería para conocer la situación y paradero de los restos mortales de los represaliados que, según concluye el estudio, habrían sido exhumados entre los años 40 y 50 "a espaldas de los familiares" y arrojados sin clasificar ni anotar al osario del camposanto, lo que hace muy difícil su recuperación.

El director ha apuntado que el informe es "más o menos concluyente" y que viene a refutar las "evidencias" que encontró el equipo de arqueólogos que a finales de 2014 llevó a cabo las labores de exhumación que resultaron fallidas al hallar enterramientos de caridad en el lugar en el que se esperaban encontrar los cuerpos.

No obstante, ha asegurado que este "no es un caso cerrado" y aunque determinadas actuaciones son de "gran complejidad técnica" como la referida a Martín Márquez Navarro, cuyos restos supuestamente se situarían bajo una construcción de nichos; la Junta asegura que estará a expensas de que "nuevas evidencias" o "testimonios" que permitan ahondar en las investigaciones para la recuperación de los cadáveres.

El director ha señalado además la "doble represión" sufrida por los familiares de las víctimas debido por un lado, al "asesinato y ocultación" de las víctimas, y por otro, al tratamiento que el franquismo dio a los restos óseos, con ampliaciones y remociones del cementerio en "una especie de secuencia macabra".

En este sentido, ha recordado que la ley de memoria histórica que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria mediante el debate de su articulado, contempla a los familiares de los asesinados como víctimas, lo que la reparación del daño será uno de los debates a tener en cuenta con la aprobación de la misma.

Por el momento y ante las respuestas a las demandas de dignificación y consuelo que el informe aconseja dar, el director ha explicado que desde la Junta se va a hacer "lo que los familiares quieran" para perpetuar la memoria de sus allegados.

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