La exdirectora general Teresa Florido defiende la “legalidad” de su “actuación”

La ex directora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, ha defendido este martes ante la jueza María Núñez Bolaños, quien comanda el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que su “actuación” en el cargo se encuadró “en la legalidad” y que nunca apreció ilegalidad alguna en el trámite de las subvenciones en la materia.

Teresa Florido, detenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación Barrado, desarrollada en marzo de 2015 por el presunto desvío de subvenciones para la formación, ha prestado declaración ante la instructora por petición propia.

Durante su comparecencia, según las fuentes consultadas por Europa Press, se habría quejado de su detención, lamentando ser víctima de una “persecución”, y ha defendido que como directora general, su trabajo siempre fue “legal”. Tras matizar algunos aspectos de su primera comparecencia en el juzgado, como por ejemplo las fechas en las que ocupó su cargo, habría manifestado que confiaba plenamente en el cuerpo de funcionarios de su departamento, asegurando que jamás apreció “ninguna ilegalidad” en la concesión y tratamiento de las subvenciones.

Durante su comparecencia, además y según han informado fuentes del caso, Teresa Florido habría protagonizado duras críticas contra el exalcalde de Sevilla, exdelegado del Gobierno de la Nación en Andalucía y expresidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido; y contra el exsecretario general del PP-A y actual delegado del Gobierno de la Nación en Andalucía, Antonio Sanz.

Dadas las críticas vertidas por Teresa Florido contra los populares, la comparecencia habría derivado hacia momentos de tensión al solicitar insistentemente amparo la representación del PP-A para que la jueza la interrumpiese a cuenta del contenido de sus palabras.

También han comparecido en calidad de investigados Pablo Alcalde Pancorbo y María Dolores Pereira Martínez, quienes habrían dado cuenta de aspectos relacionados con el funcionamiento del grupo de empresas de Ángel Ojeda, investigado por presuntos delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones en relación a la actividad desarrollada por las empresas del grupo Prescal.

Igualmente, ha comparecido la interventora provincial de la Junta de Andalucía en Sevilla, Victoria López Gutiérrez, quien después de su comparecencia en la comisión de investigación constituida en el Parlamento de Andalucía, habría manifestado que respecto a las subvenciones detectó “ayudas sin justificar” o “plazos de justificación excedidos”. También ha relatado que aunque el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) le indicaba que “el 50%” de las ayudas contaba con “exceptuación”, hasta ella no llegaron las resoluciones que plasmarían tal extremo.

Estas comparecencias, según las fuentes consultadas por Europa Press, se encuadran en las últimas declaraciones que la jueza practique antes de que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, archive la pieza política del caso sobre el presunto fraude de los cursos, que afecta a 24 exdirigentes del SAE, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los exdelegados del ramo en las ocho provincias. La magistrada archivará la referida pieza al no apreciar delito y considerar que únicamente se habrían cometido irregularidades administrativas.